La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha adelantado esta semana en la Comisión de Discapacidad del Parlamento andaluz que su departamento dispondrá de una propuesta inicial del II Plan de acción integral para mujeres con discapacidad en el último cuatrimestre del año, para posteriormente someterlo a información pública y solicitar los informes preceptivos, previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Ruiz, que consideró una “prioridad” este plan en el que ya están trabajando la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), destacó que el texto “promoverá la inclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad de forma que puedan acceder, en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal a los derechos, bienes y recursos sociales”. Para tal fin, la consejera avanzó que el plan contendrá un diagnóstico de la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en Andalucía, así como un conjunto de líneas estratégicas y acciones a través de las que dar respuesta a sus necesidades específicas.
Asimismo, la responsable de las políticas sociales y de igualdad en Andalucía subrayó que el documento “definirá un procedimiento de ejecución y seguimiento que va a permitir una mejora continua de las acciones”. Al mismo tiempo ha lamentado que en los últimos cinco años las mujeres y niñas con discapacidad en Andalucía no han encontrado el apoyo y respaldo necesario a sus dificultades y retos desde el anterior Gobierno.
En esta línea, Ruiz explicó que “el último y único plan de acción para las mujeres con discapacidad fue el desarrollado para el periodo 2008-2013 , por lo que las mujeres con discapacidad llevan cinco años sin ningún plan que les dé cobertura de ningún tipo, y todo ello, a pesar de todas las dificultades por los que tienen que atravesar”.
El anterior Ejecutivo socialista únicamente adoptó el Acuerdo de Consejo de Gobierno del 11 de septiembre de 2018 para comenzar su redacción, “y más allá de este acuerdo no llevó a cabo ninguna otra acción”, ha señalado la consejera.
Ruiz recordó que la nueva Ley 4/2017, de 25 de septiembre, y la propia Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 constatan la situación específica de desventaja social en que se encuentran las mujeres y niñas con discapacidad frente a los hombres con discapacidad y al resto de la población. “Los gobiernos no solo debemos incorporar la perspectiva de género en todas las políticas generales destinadas a la población con discapacidad sino también adoptar medidas específicas adicionales para paliar su situación”, concluyó.
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