La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha publicado en Lectura Fácil la Ley de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad de Andalucía (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Definitivo_LeyDiscapacidadAndalucia_20160618.pdf), “un formato que favorece la adaptación y la accesibilidad de contenidos para que la información llegue a todas las personas interesadas”, ha destacado la consejera Rocío Ruiz.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha subrayado que “la Lectura Fácil es una herramienta a favor de la igualdad de acceso a la información y se constituye como una solución para facilitar el acceso además de a la información, a la cultura y la literatura. Además, en este formato no solo son importantes los textos sino también la adaptación de las ilustraciones que los acompañan e incluso la maquetación de los mismos”.
“Es habitual pensar que la lectura es algo que toda persona aprende en su infancia, pero no siempre es así. La capacidad de lectura de las personas puede estar limitada por diversas circunstancias. Siendo así, la Lectura Fácil surge como una herramienta de comprensión lectora y de fomento de la lectura para atraer a personas que no tienen hábito de leer o que se han visto privadas de él. También es un derecho que, a su vez, posibilita el ejercicio de otros de forma efectiva, por ejemplo el de participación de la ciudadanía en los diversos ámbitos de la vida”, ha resaltado la consejera.
Ruiz ha recordado que la Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad entró en vigor el 24 de octubre de 2017. Esta nueva Ley actualiza la normativa anterior, que databa de 1999, con el objetivo de adaptar el ordenamiento autonómico a los mandatos previstos en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008.
La nueva norma tiene como principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o servicios sociales. Por otro lado, refuerza la protección jurídica de las personas con necesidades de apoyo en la toma de decisiones así como de las personas con discapacidad en su calidad de consumidoras.
“Otras Comunidades Autónomas también han llevado a cabo la adaptación de sus normas a la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, sobre en todo, en las prescripciones relativas a la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Sin embargo, se puede afirmar que con la nueva Ley andaluza nos situamos en la cabecera de las regulaciones autonómicas tanto por el carácter transversal de nuestra Ley, que considera todos los aspectos de la vida que intervienen en la inclusión social las personas con discapacidad, como son el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales, la cultura, la accesibilidad universal; como por los mecanismos de gobernanza que se prevén para garantizar la coordinación entre los distintas administraciones y la participación del movimiento asociativo, agentes económicos y sociales”, ha asegurado la consejera.
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