La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha adelantado en Comisión parlamentaria las principales novedades del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía que, por primera vez, dará voz a los menores, siendo deber de sus interlocutores interpretar y tener en cuenta sus opiniones, siempre en función de su suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los 12 años de edad. Este texto llegará a la Cámara andaluza antes de final de año.
Este anteproyecto de Ley posibilita la adaptación de la normativa autonómica a las modificaciones aprobadas en la legislación estatal durante 2015, cuando entró en vigor la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia; y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección. Sin embargo, el anterior Gobierno no inició la tramitación del anteproyecto andaluz hasta 2017.
En la actualidad, se está ultimando la revisión de la memoria económica de acuerdo con el Presupuesto para 2019, ya que en abril de 2018, cuando el anterior ejecutivo envió la memoria económica a la Dirección General de Presupuestos, esta informó desfavorablemente, con un elevado número de observaciones a gran parte del articulado.
En este sentido, Rocío Ruiz se ha referido a la urgencia que su departamento le ha dado a este asunto puesto que la nueva norma viene a sustituir una ley del año 1998 y “en veinte años, la situación de la infancia ha variado mucho en nuestra Comunidad”.
Novedades del texto
La consejera ha señalado entre las novedades recogidas en el anteproyecto la intención de “promover una mayor participación de los menores de edad en la sociedad andaluza y establecer mecanismos para que sus opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de adoptar medidas que les afecten en sus vidas diarias. En definitiva, lo que persigue el nuevo texto es orientar las políticas públicas para dar una atención integral a los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales y del propio entorno medioambiental”.
Otras cuestiones que se plantean por primera vez en un texto normativo son, por una parte, no solo los derechos, sino también los deberes de la población menor de edad, aunque la dimensión de esta regulación es más moral que jurídica. Su objetivo es educar a la infancia y la adolescencia en la asunción de sus responsabilidades como aprendizaje para la edad adulta.
Por otra parte, el anteproyecto recoge la puesta en marcha de programas de respiro familiar en el acogimiento especializado permanente y la generalización del apoyo económico a todas las familias acogedoras para compensar los gastos generados por la atención de los menores a su cargo. Para ello, se concederá una prestación económica a todos los menores tutelados que están en acogimiento familiar.
Hasta este año, solo se remuneraba la totalidad de los acogimientos de urgencia y los especializados. Y en los acogimientos temporales y permanentes, se tenía en cuenta la situación económica de la familia acogedora para la concesión de la prestación económica. Respecto a ello, Rocío Ruiz ha recordado que “nos hemos adelantado a la aprobación de esta norma y, ya este año, estamos remunerando la totalidad de los acogimientos activos en 2018”.
Finalmente, la consejera ha destacado, por un lado, los programas de preparación a la vida independiente para los menores que se encuentran en protección, que comenzarán al menos dos años antes de la fecha de su mayoría de edad y hasta los 25; y, por otro lado, la amplitud con la que se abordan las actuaciones de protección de los menores, estableciendo nuevos criterios tasados y procedimientos reglados para la toma de decisiones.
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