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La Junta refuerza los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz con 54 trabajadores

La consejera Rocío Ruiz ha visitado el Ayuntamiento y el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de El Puerto de Santa María

Andalucía, 05/11/2019

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha visitado el Ayuntamiento y el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde ha informado del refuerzo de estos servicios en la provincia con 54 nuevos efectivos: 21 trabajadores sociales y 33 para personal administrativo. Se trata de una inversión de casi 800.000 euros destinada al plan de choque de la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social que ha permitido la contratación de 1.200 trabajadores y trabajadoras en toda Andalucía.

Durante su visita al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Ruiz ha transmitido al alcalde de esta localidad gaditana, Germán Beardo, el esfuerzo de su departamento por reforzar los servicios sociales comunitarios “para que se pueda agilizar la atención a todas las personas usuarias y que esta sea de mayor calidad porque nos encontramos una situación realmente complicada a nuestra llegada al Gobierno andaluz”. Concretamente, al consistorio portuense se ha destinado un trabajador social y un auxiliar administrativo.

En este sentido, ha recordado la importancia de estos centros por tratarse de “la primera referencia para muchos ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal, para quienes constituye la puerta de entrada al sistema para la valoración de sus necesidades, planificación, intervención y seguimiento”.

Asimismo, la consejera ha informado de la resolución de 4.693 solicitudes de la Renta Mínima de Inserción en la provincia de Cádiz en lo que va de año 2019, hasta la ejecución de más de 10 millones de euros. En Andalucía, la inversión en esta prestación alcanza los 88,7 millones hasta octubre, un dato que se contrapone a los 56 millones de euros que se ejecutaron durante todo el año 2018.

“En el presupuesto para 2020, vamos a destinar 142 millones para la Renta Mínima de Inserción Social, que nos va a permitir, por una parte, la concesión de nuevas ayudas y, por otra parte, la contratación de 465 trabajadores como refuerzo de la gestión”, ha señalado la consejera.

Finalmente, se ha referido al Barrio Alto – Sudamérica de El Puerto de Santa María, identificada como una de las 99 zonas desfavorecidas en la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas) para la que se va a elaborar un Plan de Intervención con una inversión de 1,9 millones de euros. “Con el programa ‘Diseño y ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción social de las personas en situación o riesgo de exclusión social’, vamos a seguir reforzando también el área de servicios sociales con hasta 12 trabajadores y trabajadoras más”, ha informado.

Dependencia y menas
La provincia de Cádiz ha aumentado en 48, hasta llegar a las 764, el concierto de plazas para la prestación del servicio de atención residencial, a las que se suman 1.242 plazas para centros de día con terapia ocupacional y 594 para centros de día para personas con discapacidad.

Por otra parte, como consecuencia del aumento del presupuesto destinado a la gestión de la Atención a la Dependencia, se ha abonado a la Diputación de Cádiz 6,4 millones de euros de las liquidaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio y se ha publicado el concierto social de plazas residenciales y centros de día para personas mayores (2.159 y 780 respectivamente).

Respecto a la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Andalucía principalmente a través de la provincia de Cádiz, gracias a la reordenación de los recursos y la inversión de más de 26 millones de euros por parte del Gobierno andaluz, este verano se ha podido dar una respuesta adecuada sin sobreocupar ningún recurso a pesar de que las cifras han superado los 2.000 ingresos. Incluso, se han incrementado las plazas para extutelados, pasando de 24 a 53 para los menores que salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad.

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