El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado la distribución del crédito adicional de 5,5 millones de euros que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado a refuerzo de los servicios sociales comunitarios dentro del Plan de Choque para la atención a la dependencia, que permitirán contratar a unas 350 personas. Estos fondos, que permitirá dar más celeridad y mejorar la atención a las personas cuyos expedientes están en tramitación, se repartirán entre ayuntamientos de municipios con población superior a los 20.000 habitantes y las Diputaciones provinciales.
Según recoge el acuerdo, estos fondos tienen por objetivo el refuerzo de personal encargado de realizar la gestión de solicitudes para el reconocimiento de la situación de dependencia y la elaboración del informe social y propuesta del Programa Individual de Atención (tanto en su trámite inicial como de revisión). El personal cuya contratación es financiada contará con titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social.
La Consejería de Igualdad había destinado para el año 2021 un total de 11.000.940,10 euros para refuerzo de personal en el desarrollo de las competencias en materia de dependencia en las entidades locales. Esta cifra se ha ampliado por primera vez desde 2012, con un incremento de 710.070,10 euros.
Posteriormente, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia aprobó en enero de 2021 el Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, entre cuyos objetivos prioritarios se encuentra la reducción de forma sustancial de la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.
Asimismo, los objetivos y medidas incluidos en el convenio también se dirigen a asegurar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el SAAD y la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes, preferiblemente mediante servicios profesionales de calidad.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía entiende ahora que para la consecución de dichos objetivos, que van a requerir un mayor esfuerzo, y en coherencia con las competencias asumidas por los Servicios Sociales Comunitarios en el Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración, se hace necesario ampliar los créditos concedidos a las Entidades Locales para la contratación de personal de refuerzo en 2021.
En este sentido, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), competente en la materia, será el organismo encargado de abonar los fondos a las entidades locales y diputaciones. Éstas deberán garantizar el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por su parte, la ASSDA podrá requerirles información relativa al personal contratado con cargo a los créditos asignados en virtud del presente acuerdo, así como a realizar las comprobaciones pertinentes en los sistemas de información habilitados para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Entidades Locales.
A cierre de junio de 2021, en Andalucía hay atendidas 237.593 personas beneficiarias, lo que supone un incremento neto de 9.038 personas más que a cierre del año 2020. Se trata de un máximo histórico en cuanto a personas atendidas en Andalucía. Las prestaciones también han experimentado un incremento con respecto al cierre de 2020, alcanzando las 325.669prestaciones (tras un incremento neto de 15.245 prestaciones).
Por su parte, la lista de espera en Andalucía se ha visto reducida durante los últimos años, pasando de situarse en diciembre de 2018 en 75.097 personas pendientes de elaboración de propuesta de PIA, a 52.305 a 30 de junio de 2021 (22.792 personas menos).
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