La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha transferido a los ayuntamientos y diputaciones provinciales 725,6 millones de euros entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y se ha reducido a diez días el tiempo medio transcurrido entre la validación del certificado de liquidación mensual y el pago del mismo. Rocío Ruiz ha resaltado en el Pleno del Parlamento andaluz el esfuerzo de su departamento por abonar este recurso a pesar de la pandemia y el aumento de la demanda, dado que se trata de la prestación del sistema de dependencia que más se ha incrementado. Así, se contabilizan 17.574 personas usuarias más en estos momentos con respecto al cierre de diciembre de 2020, por lo que las 118.623 personas usuarias representan el 43% del total nacional.
Según ha explicado la consejera, entre enero y septiembre de 2021 se han realizado pagos por más de 371,4 millones de euros a las corporaciones locales, lo que supone un incremento de 121,5 millones de euros respecto a lo abonado en este mismo periodo de 2018, en la anterior legislatura. Este esfuerzo presupuestario por materializar los pagos para este servicio, fundamental para favorecer la conciliación de las familias y que a la vez se constituye en una importante estrategia de lucha contra la soledad no deseada, supone además un incremento de 65,9 millones más respecto a lo abonado en el mismo periodo de 2019. Asimismo, son 64,4 millones más que lo abonado en el mismo periodo de 2020.
Ruiz ha subrayado el “paso histórico” dado por la Consejería de Igualdad al incrementar un 12,3%, hasta los 14,6 euros, la financiación del coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que llevaba congelado desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2007. “Este gobierno está trabajando intensamente para la mejora de la prestación del servicio de ayuda a domicilio”, ha subrayado, haciendo hincapié en “el talante plenamente dialogante con las entidades locales y sindicatos a fin de que mejore la calidad del mismo, así como el empleo de los y las más de 35.000 trabajadoras.
Así, la consejera ha recordado que la gestión del SAD corresponde a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales, y que son estas instituciones las que organizan el servicio mediante empleados o empleadas públicas o bien a través de empresas prestadoras del servicio. No obstante, ha ratificado el compromiso de la Consejería por “blindar el servicio de ayuda a domicilio” y las condiciones laborales del personal de este recurso, “porque es una forma más de mantener el sistema de la dependencia, que tan importante es para tantas personas usuarias y sus familias”.
Durante su intervención en la Cámara, Ruiz ha detallado que esta apuesta se ha materializado en la ronda de contactos emprendida con entidades locales y sindicatos con un doble fin. Por un lado, que las instituciones responsables puedan contribuir también a la subida del precio/hora tal y como ha hecho el Gobierno andaluz, y además que dichas entidades velen para que esa subida se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras.
En este sentido, Ruiz ha desglosado que son ya 454 municipios andaluces los que aplican la subida del precio/hora al personal del SAD, y que en 23 de ellos “se ha complementado esa cantidad, secundando así el compromiso de mejorar las condiciones laborales de las 35.000 personas que trabajan en este recurso”.
El servicio de ayuda a domicilio es uno de los más demandados por las personas dependientes y sus familiares, puesto que ofrece el apoyo necesario para que estas personas puedan permanecer en su domicilio con las atenciones necesarias, “sin moverse del entorno en el que desarrollan su vida”. En estos momentos, el 48% de las personas en situación de dependencia en Andalucía cuentan con este servicio, que en los últimos ejercicios ha alcanzado sus máximos históricos con un total de 118.623 personas beneficiarias.
Nueva normativa
La consejera se ha referido además en su intervención a la futura Orden que regulará la prestación del servicio de ayuda a domicilio. “Esa consejera no podía permanecer ajena a la solicitud de las trabajadoras, porque son en su mayoría mujeres, y me comprometí con ellas a elaborar una nueva normativa que mejorase sus condiciones laborales y salariales”, ha dicho. Según ha explicado Ruiz, este texto se encuentra “en fase muy avanzada de tramitación”, y tras superar la fase de audiencia e información pública, ya ha sido remitido a la Secretaria General Técnica para su informe jurídico, paso previo a que la norma sea adaptada por la Secretaria general de Políticas Sociales y publicada en el BOJA.
La nueva Orden incluirá cláusulas sociales en la contratación con el fin de garantizar los derechos y deberes de los y las profesionales de la ayuda a domicilio, impulsando además jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo al prohibir, por ejemplo, la realización de servicios de menos de una hora.
Asimismo, la norma persigue establecer un régimen jurídico común de este servicio unificando sus condiciones, tanto de la prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de prestación derivada de la Ley de Dependencia de 2006. Para ello, contempla un modelo de intervención de atención centrada en la persona, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que será tenido en cuenta solo para fijar la aportación al coste del servicio.
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