El vicepresidente en la Comisión de Presidencia del Parlamento.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha informado de que, hasta la fecha, se han recibido en Andalucía un total de 77 solicitudes de licencias para emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. De éstas, hay señalado que diez lo han sido en la actual legislatura y para prestar servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro de carácter radiofónico. Asimismo, ha indicado que varias entidades han mostrado interés en poner en marcha un canal de televisión comunitario sin ánimo de lucro. De estas solicitudes, ha apuntado que 38 se ajustan a los preceptos legales para ser consideradas emisoras comunitarias sin ánimo de lucro y que otras 13 solicitudes están siendo valoradas a través de su estudio.
Ante la Comisión parlamentaria de Presidencia, ha mostrado el “apoyo y la apuesta” del Gobierno andaluz por esta figura que “contribuye a fomentar una participación más activa de la ciudadanía y la inclusión social”. A este respecto, ha señalado que, dado que no hay regulación normativa sobre el procedimiento de concesión de licencia por parte del Estado, desde la Junta “se está trabajando de la manera más rigurosa y precisa posible con objeto de dar satisfacción a esta demanda, cuyo desarrollo consideramos de especial interés para nuestra comunidad”.
Por este motivo, ha instado al Gobierno central para que lleve a cabo el desarrollo reglamentario de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, “que aguarda desde hace varios años”, ha explicado.
De esta forma, ha indicado que la Junta va a “explorar todas las posibilidades que habiliten su desarrollo ordenado, en el marco de nuestras competencias”, “ante la inoperatividad y pasividad del Estado”. Según ha recordado, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual es la que crea estos medios, concebidos únicamente sin finalidad comercial, y establece que la Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios.
Asimismo, también ha señalado que dicha norma disponía que, tanto el procedimiento de concesión de la licencia, como la concreción del marco de actuación de estos servicios de comunicación audiovisual, se desarrollaría reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la citada Ley. Sin embargo, ha lamentado que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a cabo dicho desarrollo reglamentario “generando el vacío legal de esta actividad”.
Ante este hecho y ante la demanda existente en Andalucía, ha indicado que la Junta comenzó en 2012 a tomar medidas conducentes al impulso de los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. Así, ha apuntado que se está trabajando en perfilar un procedimiento de solicitud para la prestación de este tipo de servicios, “explorando el límite de las competencias autonómicas”.
Por otra parte, ha lamentado que la Administración central aún no ha garantizado la disponibilidad de dominio público radioeléctrico necesario para esta prestación, a pesar de las reiteradas veces que ha sido solicitado por parte de la Junta de Andalucía. No obstante, ante la necesidad de seguir avanzando en la normalización de la actividad de estas emisoras y satisfacer esta demanda, ha señalado que el pasado 10 de mayo, el Consejo de Gobierno acordó solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la asignación de frecuencias para la puesta en marcha de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro en Andalucía. Según ha explicado, esta asignación de frecuencias “es imprescindible y, sin ella, desde la Junta de Andalucía, no se puede garantizar el derecho a la prestación de este tipo de servicios sin ánimo de lucro a todas las entidades que ya lo están demandando”.
Una demanda que, según ha indicado, está siendo protagonizada por una diversidad de entidades, colectivos y proyectos de carácter social y comunitario, entre los que ha destacado fundaciones ligadas a asociaciones deportivas, entidades culturales, asociaciones para la integración de determinados colectivos, proyectos educativos para la infancia, iniciativas de emisoras en centros penitenciarios, asociaciones para el impulso socioeconómico de comarcas y mancomunidades, radios universitarias o emisoras en centros de enseñanza no universitaria.
Por último, ha destacado que la futura Ley Audiovisual de Andalucía, cuyo Anteproyecto está siendo tramitado, concretará el marco legal de estos servicios en el ámbito de la comunidad autónoma. De hecho, ha explicado que dicho anteproyecto dota a este servicio de mayor respaldo legal y desarrolla figuras novedosas como el servicio público audiovisual prestado por Universidades y centros docentes no universitarios, “que no tienen cabida en la regulación actual , omo servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, ya que estos últimos sólo pueden prestarse por entidades privadas”.
Además, ha indicado que se pretende crear la figura de la autorización provisional para la prestación del servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, para aquellas entidades que cumplan con los requisitos necesarios, y autorizar un aumento de los límites económicos de gastos de explotación existente a día de hoy, para adaptarlos a la realidad de este tipo de servicios.
De esta forma, ha concluido que la Junta, a través de la futura Ley Audiovisual de Andalucía y ante la inacción del Gobierno central, “pretende explorar los límites competenciales de nuestra comunidad autónoma para apoyar firmemente el desarrollo esta tipología de servicios audiovisuales, tan importante para la construcción de una sociedad plural, inclusiva, democrática y participativa”.
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