El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, en comisión parlamentaria
El consejero de la Junta, Elías Bendodo, ha recordado hoy en el Parlamento andaluz que el Plan Normativo, incluido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es obligatorio.
Bendodo ha defendido que la mencionada norma, aprobada por un Gobierno de Mariano Rajoy, era necesaria para, entre otras cuestiones, regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad.
Es en concreto el artículo 132 de esa ley el que señala que las administraciones harán público de forma anual un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. También apunta que, una vez aprobado, aquél se publicará en el Portal de la Transparencia de la entidad correspondiente.
Si bien, como ha explicado el consejero en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Cámara autonómica, el Tribunal Constitucional dictaminó en una sentencia que en concreto el artículo132 era inconstitucional. Por tanto, “no es obligatorio hacer planes normativos”, ha señalado Bendodo.
En ese sentido, el titular del departamento de la Presidencia ha adelantado que el Ejecutivo andaluz no tiene previsto hacer un Plan Normativo para 2019, dado que su prioridad pasa por “poner en orden la normativa existente”, además de aprobar las leyes recogidas en los documentos que se han firmado entre los partidos que sustentan el Gobierno, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), de un lado; y con Vox, de otro, y que son públicos.
Bendodo ha sostenido que se trabajará en esa dirección porque es además la que “marcan las instituciones europeas”, que han abogado también por “potenciar las evaluaciones de la legislación y las políticas vigentes, basadas en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido”.
En este punto, el consejero ha planteado que el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos contempla la aprobación de una Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía. “Es evidente que las políticas públicas que se han llevado a cabo en nuestra comunidad han carecido de la eficacia y evaluación necesarias para que Andalucía haya convergido con el resto de las regiones europeas”, ha mantenido.
Por tanto, a juicio de Bendodo, es esencial que la Administración andaluza se dote de “un mecanismo de evaluación sobre el grado de eficacia de las estrategias, planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas para reconducir las políticas fallidas, que, desgraciadamente son muchas”, ha lamentado. Ello, en línea con lo que establece el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
El consejero ha manifestado que, de nada sirve hacer un Plan Normativo, si luego su ejecución va a ser del 60,53% por ciento, como sucedió con el que elaboró la Junta en 2017. Cuatro de cada diez compromisos legislativos que se no se plasmaron por escrito, luego no se cumplieron.
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