La Consejería de Justicia ha mantenido hoy una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el secretario coordinador en funciones, en la sede del Alto Tribunal andaluz en Granada, para abordar las medidas y acciones a llevar a cabo en las sedes judiciales andaluzas ante el coronavirus.
El objetivo del encuentro ha sido poner en común las medidas que desde cada administración se están llevando a cabo en sus respectivas competencias y avanzar en las acciones futuras ante posibles cambios en la situación actual, de tal forma que se garantice la seguridad tanto de los trabajadores como de los profesionales de la Administración de Justicia, así como de los ciudadanos que acuden a ella.
La Consejería de Justicia cuenta desde el pasado 26 de febrero con un protocolo en el que se recogen medidas a seguir por parte de los funcionarios que atienden a los ciudadanos. “Ahora mismo estamos en una situación de prevención y contención, y las medidas que se han tomado son acordes. Es la realidad que ahora tenemos y vamos a trabajar con la posibilidad de contemplar nuevos escenarios en función de lo que vayan marcando las autoridades sanitarias”, ha indicado la secretaria general para la Justicia, María José Torres.
De esta forma, se han analizado las instrucciones marcadas tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por la Fiscalía General del Estado para coordinarlas con las medidas impulsadas desde la Administración andaluza. Así, la Consejería se ha comprometido a actualizar su protocolo de actuación a las posibles situaciones que puedan surgir en las próximas semanas, con medidas adaptadas a los posibles escenarios y contemplando las peculiaridades de las sedes judiciales y de los diferentes servicios que se prestan en ellas.
Medidas que seguirán en todo momento las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias nacionales, ajustándolas al escenario y a la singularidad de la Administración de Justicia, en favor de una actuación coordinada.
En este sentido, se ha acordado mantener permanentemente abiertos los canales de comunicación entre el TSJA, la Fiscalía Superior y la Secretaría de Gobierno para responder ante cualquier eventualidad, y convocar las reuniones que sean necesarias.
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