Comparezco ante esta Cámara para solicitar de la misma la investidura como Presidente de la Junta de Andalucía. Lo hago con el mayor honor y sentido de la responsabilidad. Lo hago también con plena conciencia de que nos hallamos ante un acto de normalidad democrática, de correcto funcionamiento de las instituciones y de eficacia de las leyes de Andalucía y de nuestro Estatuto de Autonomía.

Subo, pues, a esta tribuna para solicitar la confianza de la Cámara. La pido para desarrollar un programa de gobierno y unas propuestas, ampliamente respaldadas en las elecciones de marzo del pasado año.

Me someto a la investidura tras la renuncia del anterior presidente, D. Manuel Chaves, que, como saben, ha pasado a ocupar una vicepresidencia y el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España.

La más elemental cortesía, y en mi caso también un hondo sentimiento, me conducen a mostrarle mi profundo respeto por todos sus años al frente de la Junta de Andalucía. Casi diecinueve que han sido reiteradamente avalados por la ciudadanía andaluza. Le deseo toda la suerte del mundo en sus nuevos e importantes cometidos institucionales, por el bien de España, que en buena medida es lo mismo que decir por el bien de Andalucía.

Señorías, un programa de futuro como el que quiero proponerles ha de tener su base de proyección en la realidad y en cómo hemos llegado a ella. Durante los últimos años, Andalucía ha experimentado una profunda transformación en todos los órdenes: años de consolidación de las instituciones de autogobierno y el robustecimiento de nuestra identidad y autoestima, que probablemente no tengan precedentes en tiempos próximos.

El avance en servicios básicos, como los de salud o la educación, ha sido generalizado. Atrás quedan, para siempre, las enormes carencias que sufrió Andalucía, tras muchas décadas de marginación política.

La economía andaluza ha experimentado también un notable proceso de integración, de internacionalización, crecimiento y creación de empleo. Aspectos estos últimos que se han quebrado en el último año, como ha sucedido en el conjunto de España y de Europa, por los efectos demoledores de la crisis global que afecta a todo el planeta.

Nuestros problemas son, en cualquier caso, equiparables a los de las comunidades de nuestro entorno europeo y en aspectos muy importantes, nuestra sociedad presenta perfiles muy avanzados. Es así en las políticas de igualdad de género, el impulso a la investigación biomédica, la potenciación de energías renovables, la agricultura ecológica, el desarrollo de industrias de alto valor tecnológico como la aeronáutica o la importante red de infraestructuras que, como los metros, la alta velocidad o las vías de alta capacidad, que han representado un fuerte avance en materia de movilidad y transportes.

Pero, señorías, no he subido a esta tribuna para hacer balance de lo ya realizado en los últimos años, aunque naturalmente tenga que partir de un análisis ponderado de la realidad andaluza de hoy. No vengo a hablar de lo hecho, porque lo hecho, hecho está y ya ha sido juzgado por los ciudadanos y ciudadanas en las urnas. La política no es pasado, sino presente y futuro.

Solicito la investidura no sólo para garantizar a los andaluces lo que ya tienen, sino para ofrecerles lo que aún no tienen y anhelan. Solicito la investidura desde el orgullo de lo ya conseguido, que es mucho, pero con la ambición de que es mucho más lo que tenemos que avanzar. Y subo a esta tribuna sin miedo a ser crítico con nuestra realidad, porque creo que una sociedad crecientemente avanzada y moderna como es la sociedad andaluza ha de ser, y de hecho lo es, crítica.

Creo que la inmensa mayoría de los andaluces reconoce sin complejos el avance experimentado por Andalucía en todos estos años y está tan lejos del catastrofismo y el tópico como del conformismo y la complacencia. Ni lo uno ni lo otro encontrarán en mí como candidato, ni en mí como Presidente, si merezco la confianza de esta Cámara.

Quiero representar un cambio en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Un cambio que reconozca lo hecho y no regatee a los andaluces el merecido reconocimiento de su trabajo, pero que, al mismo tiempo, se plantee nuevos desafíos, nuevos retos, acordes con las transformaciones de toda índole (económica, demográfica, política o cultural) que ha experimentado una tierra joven y dinámica como es la nuestra.

Mi proyecto de gobierno parte del programa electoral que se refrendó mayoritariamente en las urnas el 9 de marzo. En ese sentido conocen todas sus señorías los compromisos adquiridos y las propuestas que se pusieron a debate, hace un año, en el anterior debate de investidura. Los unos y las otras los doy por refrendados por esta cámara y están asumidos en el programa legislativo de mi candidatura.

Pero también he de decir que las circunstancias han cambiado. El mes pasado el paro registró en Andalucía casi 20.000 personas más, mientras que en el mismo mes de hace un año se había reducido en más de 5.000. La crisis se ha agudizado, ha aumentado el desempleo y los mercados financieros no aportan liquidez suficiente a la actividad productiva.

Este cambio de circunstancias nos obliga a comprometernos con la realidad más inmediata y a hacer de lo urgente lo más importante: salir cuando antes de la crisis y mejorar las condiciones de empleo.

Señorías, Andalucía juega hoy, y por derecho propio, un papel importante en la España de las autonomías. Desde el 28 de febrero de 1980, los andaluces marcamos el rumbo en el diseño de la España autonómica. En aquel momento histórico, hicimos prevalecer el principio de igualdad con el convencimiento de que solo así era posible preservar la solidaridad en este amplio proceso de descentralización.

Andalucía ha sido en el pasado, y lo seguirá siendo en el futuro, protagonista del proceso autonómico. No hay autonomía en la que vivan más españoles que en Andalucía.

Y hay, además en los andaluces una voluntad indeclinable de igualdad de todos los españoles.

Este consenso básico, que sobrepasa los muros de este Parlamento y se extiende por todos los rincones de Andalucía, por todas sus organizaciones y agentes sociales, políticos y económicos, es un gran activo que los andaluces debemos jugar; un activo que es fuente de dinamismo y de fortaleza de nuestra comunidad autónoma; un activo que ha de ser, (porque además puede serlo), el gran referente del Estado de las Autonomías.

Nuestro Estatuto es buena prueba de ello: ninguno más ambicioso que el nuestro.

Ninguno más vocacionalmente constitucional que el nuestro.

Como Presidente de la Junta de Andalucía, si soy investido por sus Señorías, me propongo liderar este consenso que ya existe en la sociedad andaluza, y hacerlo valer ante el conjunto de comunidades autónomas y ante el Gobierno de España. Así ha de ser, para que Andalucía no pierda la posición de liderazgo que por historia, dimensión, población y voluntad política merece. No puede haber ningún sistema de financiación autonómica que no garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, y no lo habrá.

Señorías, no debemos conformarnos con desterrar para siempre el tópico injusto o la concepción absurdamente peyorativa que algunos destilan sobre Andalucía. Debemos aspirar a más: a que Andalucía se asocie a educación, convivencia, desarrollo, igualdad, competitividad y dinamismo.

Podemos hacerlo. Partamos para ello de una idea clara de Andalucía, de una percepción ajustada a lo que es realmente, no egoísta. Y pongamos luego los medios necesarios para culminar este nuevo impulso que me propongo liderar, si esta Cámara lo estima conveniente.

Esta tarea de hacer que la percepción de Andalucía coincida con la realidad de nuestros ciudadanos exige que el protagonismo sea precisamente de ellos. La Junta de Andalucía es la institución básica de nuestra comunidad autónoma, un instrumento al servicio de los hombres y mujeres. De todos ellos y de todas ellas, porque mi gobierno, que lo será por, y con, el apoyo del partido socialista y que ha de encargarse de hacer efectivo su contrato electoral, gobernará para todos y pondrá siempre las instituciones de gobierno a su servicio. De los que votan socialista y de quienes no lo hacen.

La sociedad andaluza, en su conjunto, es la que convierte a Andalucía en una tierra mejor y la que la vertebra. La Junta debe potenciar ese protagonismo y ponerse siempre a su servicio.

Y, en esta tarea, hemos de conservar todo lo logrado, mantenernos en el avance. Lo cual no es, (no puede ser), sinónimo de inercia o pasividad; mucho menos, de rutina. Lo dije antes: Ni catastrofismo ni autocomplacencia.

Me propongo, eso sí, que la gran transformación de Andalucía sea el cimiento de una Andalucía más fuerte, más próspera, más innovadora, más comprometida y más exigente consigo misma.

Debemos hablar claro a la gente y participar de sus preocupaciones. Si yo soy presidente, no quiero que exista un solo andaluz, una sola andaluza que sienta que la Junta de Andalucía no se preocupa de sus problemas cotidianos.

Esa es mi idea de un gobierno para todos: que ejerza su labor valorando la palabra dada, pero que, a la vez, ejerza sus potestades sin caer en el sectarismo o la soberbia; que escuche a todos y que a todos atienda, aunque sea desde el reconocimiento de que no todo puede arreglarlo la Administración.

Esa tarea, que es también una tarea de pedagogía y de transparencia, es una tarea de responsabilidad y de humildad. El Gobierno ha de ser leal con la representación que ostenta, conocer sus límites y sus limitaciones, atribuir los éxitos a quien es verdaderamente responsable de ellos ­la sociedad-- y aceptar los errores y la crítica, pues tal actitud no genera descrédito sino todo lo contrario: credibilidad y confianza de una sociedad madura como es la sociedad andaluza del siglo XXI.

Y quiero dejar de manifiesto que la crítica es siempre cooperadora venga de la ciudadanía o proceda de medios de comunicación libres e independientes. El gobierno andaluz debe mantener una exquisita neutralidad con todos ellos y si soy investido presidente, me comprometo firmemente a mantener esa neutralidad.

Responsabilidad y humildad. Los ciudadanos lo exigen igual que reprochan el ventajismo y la soberbia. Responsabilidad y humildad que también tiene que ver con la actitud ante la política: Diálogo y no imposición; convencer, persuadir, explicar, y, en los temas donde sea posible, buscar acuerdos de progreso.

Señorías: Después del más amplio período de crecimiento económico y convergencia de nuestra historia, Andalucía está atravesando una crisis económica. Una crisis dura, que afecta a todo el planeta y que fue originada, no lo olvidemos, por unas prácticas alejadas del rigor y la prudencia que se les presuponía a muchas entidades financieras y a responsables políticos que se desentendieron de lo que éstas hacían.

Una crisis que, además, ha desencadenado una general incertidumbre, nacida del desconocimiento. Porque se trata de una crisis inédita, sin antecedentes que puedan formar parte de nuestra experiencia. Se evidencia al constatar, por ejemplo, que el FMI, con los mejores gabinetes de prospectiva económica del mundo, ha hecho lo que no había hecho nunca: ha cambiado sus previsiones de crecimiento para la economía mundial hasta en siete ocasiones en el último año. Incluso, en julio de 2008, llegó a revisarlas al alza y algunos llegaron a afirmar que la crisis había terminado y que lo que quedaba era crecer.

La crisis, imprevisible en su magnitud y extensión, está teniendo graves consecuencias sobre el crecimiento de la economía y el empleo. Sobre el factor trabajo.

Sobre las personas. La construcción, y otros sectores especialmente vinculados a la financiación ajena y, en general, empresas con fuertes necesidades de circulante, la han sufrido, la están sufriendo de forma especial, y han actuado como mecanismos de transmisión. Así se ha acrecentado la destrucción de empleo, ha disminuido la renta disponible de las familias y se ha provocado una pérdida de capital a los pequeños ahorradores.

Al día de hoy, se encuentran en recesión la Zona Euro, Japón y EE.UU, país este último que fue el origen del proceso y en el que se han perdido casi 3 millones y medio de empleos en los cinco últimos meses.

Y también en España y en Andalucía se ha entrado en recesión, se ha reducido el empleo y ha aumentado el paro. Hoy tenemos en nuestra Comunidad 794.000 personas desempleadas; 257.000 más que hace un año. Números que encierran sendas tragedias familiares y que obligan a un compromiso del gobierno por aumentar nuestra capacidad de generar empleo y de proteger a quienes lo han perdido.

Esta crisis económica y financiera lo es, también, política e ideológica; o lo que es lo mismo: ha afectado a una forma de entender la economía como territorio vedado a la política. El desencadenante de la crisis no ha sido otro que la desregulación y la falta de supervisión de los mercados financieros.

El fracaso de este modo de entender la economía, de forma ajena a la política, ha devuelto protagonismo al papel del sector público. Hoy todos, salvo los recalcitrantes del mercado sin límites, se muestran partidarios de una adecuada regulación del sistema y de los mercados. Y no solo eso: la intervención pública se ha visto como la única solución a la crisis financiera. Los puntos de acuerdo del G-20, en sus reuniones de Washington y de Londres, son concluyentes. E invito a todos a una lectura atenta de los mismos.

Pero siendo cierto todo esto, también deberíamos rechazar dos tentaciones:

La primera, la de actuar según la ley del péndulo. Creer que todo lo soluciona más regulación. Regulación, sí. Intervención y supervisión pública, también. Pero, en ningún caso, asfixia de la iniciativa privada.

La segunda tentación sería la del proteccionismo, la de cerrar fronteras. Sería malo, en general, para la economía, pero peor aún para una economía como la andaluza que tanto depende de la apertura al, y del, exterior.

Señorías, en una crisis como la actual, todas las instancias políticas estamos llamadas a un compromiso de acción contra la misma. Nuestra prioridad será la lucha contra el paro. No habrá otra por encima de ésta.

En Andalucía, desde nuestras competencias y con nuestra capacidad, hemos tomado medidas con el margen de maniobra que nos han permitido unas finanzas públicas saneadas. Las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía han tratado de actuar, desde febrero de 2008, sobre los graves efectos de la crisis. Y han reforzado aquellas otras actuaciones que se han tomado a nivel internacional y nacional. En total, un conjunto de 46 medidas que han permitido movilizar más de 9.500 millones de euros, que, no obstante, debemos aceptar que pueden no ser suficientes.

Nuestra intención es evaluar los resultados de lo ya puesto en marcha y, tras una reflexión conjunta con todas las fuerzas políticas de esta Cámara y con los agentes sociales, obtener acuerdos sobre nuevas medidas o para prorrogar las puestas en marcha, si se muestran eficaces.

Como saben, el pasado mes de febrero se abrió un diálogo entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas. Diálogo que se planteó, independiente y complementariamente, del proceso de diálogo social que el Gobierno mantiene con empresarios y sindicatos para alcanzar un nuevo Acuerdo de Concertación Social, el séptimo, cuyas reuniones me propongo impulsar y acelerar.

Esta negociación entre los distintos grupos y el gobierno ha dado lugar a la entrega de un documento en el que se recogen más de 40 puntos que movilizan más de 5.000 millones de euros adicionales, y para cuyo desarrollo planteará mi Gobierno la posibilidad de acuerdos específicos.

Las actuaciones propuestas inciden sobre las causas de la crisis, afectan a sus consecuencias, y mantienen la perspectiva del medio y largo plazo, al incorporar temas como financiación autonómica, sistema financiero, educación, formación, sostenibilidad y eficiencia energética o un paquete legislativo a desarrollar.

En estas circunstancias, si soy investido Presidente, me comprometo a buscar sin descanso lo que los ciudadanos esperan de nosotros: Un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara que sé que van a estar a la altura de las circunstancias. Se lo propongo aquí y se lo propondré en entrevistas personales con cada uno de sus respectivos dirigentes.

Creo sinceramente que este acuerdo es posible. Pero, en cualquier caso, seguiremos impulsando medidas y poniendo medios para combatir el paro. Con carácter inmediato las que sirvan de apoyo al sector de la construcción, para evitar un desplome abrupto. Una política de inversión en obra civil, de la que hablaré más adelante, y, también en obra residencial.

La puesta en marcha de la Ley sobre el derecho a la vivienda ha de ser precedida, y complementada, por un plan financiero de apoyo a la vivienda protegida que amplíe la oferta de alquiler con opción de compra, también por actuaciones de rehabilitación y, asimismo, por decisiones sobre el stocks de viviendas terminadas.

La lucha contra la crisis utilizará, como dije antes, el déficit como instrumento anticíclico. Tenemos el menor nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas de nuestra dimensión y eso nos permite un mejor acceso a los mercados financieros internacionales.

La actual coyuntura ha tenido, y va a seguir teniendo, un impacto considerable en las finanzas públicas, con la consecuente reducción de los ingresos disponibles por parte de las distintas administraciones públicas. No se les oculta, por tanto, que en los próximos años y, singularmente en 2010, a la austeridad habrá que sumar una gran capacidad de innovación para definir la estrategia presupuestaria.

Si los distintos gobiernos socialistas de Andalucía siempre han tenido muy claras sus prioridades, el gobierno que aspiro a dirigir tendrá que enfrentarse a un escenario donde las prioridades habrán de ser muy explícitas.

Quienes piensan que la respuesta debe ser menos gasto, inhibición del sector público y desprotección social se equivocan. Quienes creen que no pasa nada y que la deuda es una especie de maná del que es posible proveerse ilimitadamente, también se confunden. Ni la prudencia debe conducir a la parálisis ni la valentía a la temeridad.

Por ello, desde la responsabilidad, estamos dispuestos a utilizar todos los márgenes y posibilidades que nos permitan unas finanzas públicas saneadas y un gasto público bien dimensionado.

Señorías, los ciudadanos esperan de nosotros no sólo estrategias que atenúen los efectos de la crisis sino estrategias activas, capaces de actuar como la palanca que necesita nuestra economía para superarla.

Ya en el presupuesto de 2009 hemos incorporado fórmulas novedosas como lo son los activos financieros que colaborarán a proporcionar más crédito, mayor liquidez a los distintos sectores productivos. En 2010 incorporaremos otras medidas eficaces que nos permitan anticipar recursos para mantener nuestros objetivos y nuestra inversión.

Por otra parte, el nuevo modelo de financiación nos va a aportar también ingresos complementarios y una mayor autonomía financiera. Lo que nos permitirá una mayor corresponsabilidad y una política fiscal propia de la comunidad autónoma. Eso nos permitirá elaborar un marco fiscal autonómico que permita abordar conjuntamente la tributación sobre los ingresos, bien sea en renta, sucesiones o donaciones.

Una vez aprobado el modelo de financiación y tras los estudios pertinentes traeremos a esta Cámara las bases de una legislación tributaria propia que nos va a permitir, además, abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía.

Señorías, lo inmediato es actuar contra la crisis. Pero también debemos seguir trabajando para salir de ella en las mejores condiciones. Y eso implica que los recursos que dediquemos a afrontar la actual situación económica han de guardar un equilibrio con aquellos que no podemos dejar de destinar a mejorar nuestro modelo productivo.

Fundamentalmente los que han de emplearse en la mejora de nuestro capital humano, de la innovación empresarial y de la ampliación y mejora de nuestras infraestructuras.

Y déjenme decirles que, para ello es imprescindible, no solo potenciar políticas sectoriales concretas sino también, y sobre todo, avanzar, y hacerlo sin pausa, en la construcción de un marco económico estable: Un marco que mediante las reformas estructurales precisas potencie y multiplique la actividad empresarial y la creación de empleo.

No deberíamos olvidar que el sector público se financia con el sector privado. Que de él salen los recursos con los que construimos el AVE, los metros, las autovías; los centros de salud, los hospitales; las escuelas, los institutos y las universidades. De ahí que tengamos la sana ambición de contar con empresas fuertes, sanas y competitivas: empresas que innovan, invierten y crean empleo. Un empleo de calidad y estable.

Ese es nuestro desafío: Apoyar su creación y su funcionamiento. Reducir las cargas burocráticas que a veces las asfixian. Propiciar la innovación, la estabilidad política y la paz social. Mantener un diálogo permanente. Y crear con ellas un marco sostenible de crecimiento.

En este marco sostenible, si soy investido Presidente, se ha de sostener en siete líneas rectoras de carácter transversal que se encargarán de fortalecer el marco que considero imprescindible para aumentar la inversión y la creación de empleo: La seguridad jurídica.

La reforma de la administración.

La libre competencia y una mayor liberalización del sector de los servicios La innovación La sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales.

La igualdad de oportunidades Y el diálogo social.

De estas siete premisas, de todas y cada una de ellas, nacerán iniciativas concretas del gobierno con el fin de profundizar, de forma coordinada y rápida, en este marco estable para la inversión y la creación de empleo.

En primer lugar, la Seguridad Jurídica. La previsibilidad es, junto con la confianza, el alma de la actividad económica. Necesitamos un marco normativo comprensible y, sobre todo, con vocación de permanencia.

Es cierto que vivimos tiempos complejos, de cambios constantes que obligan a continuas innovaciones legislativas. Cambios tecnológicos, cambios en la legislación europea y cambios en las normas estatales básicas. Nuestro propósito es, en todo caso, hacer que el marco general de regulación de la actividad económica en Andalucía sea estable para que las inversiones proyectadas no se encuentren con cambios.

Soy contrario a la desregulación como principio orientador de la política económica. Pero también soy contrario a la proliferación normativa, a un desmedido afán regulatorio.

Por otra parte, en la aplicación del marco regulatorio cobra una especial importancia, y por tanto es esencial, el buen funcionamiento de la Justicia. La tutela judicial efectiva es parte inescindible de nuestro sistema democrático.

Tenemos en Andalucía, en toda España, una judicatura de alta cualificación, imparciales y comprometidos con su labor. Su trabajo necesita, sin embargo, que se mejoren los medios materiales y personales a disposición de la administración de justicia y esa es una tarea prioritaria para crear este marco estable para la inversión y el empleo al que me vengo refiriendo. Una tarea que deberá hacerse efectiva por el gobierno que presida a lo largo de esta legislatura.

La reforma de la Administración se ha convertido en una especie de tema recurrente en distintos foros de opinión y de debate. Parece haber una opinión mayoritaria acerca de la necesidad de hacer a la Administración más ágil, menos corporativa y más eficiente. Lo que ocurre es que este debate, que es un debate necesario, se suele arruinar cuando se simplifica.

Ha llegado a convertirse incluso en un debate ideológico cuando no se distingue entre las distintas funciones y los medios. Y es que el adelgazamiento del sector público se ha utilizado muchas veces como coartada para la privatización de servicios sociales básicos. Así que conviene especificar lo que cada cual quiere decir cuando habla de reducir gastos corrientes o el tamaño de la Administración.

En todo caso: Es imprescindible una Administración eficiente, servida por funcionarios competentes cuya carrera profesional esté firmemente asegurada por una normativa básica que me comprometo a actualizar. En ella quedaran reservados al personal funcionario de carrera puestos que exijan nombramiento de consejo de gobierno.

Por otro lado, la Administración de la Junta es, a veces, lenta en sus respuestas.

Cierto que la transparencia y el garantismo exigen de procedimientos a veces complejos.

Pero no estoy seguro de que todos los actuales respondan a esos dos principios.

La simplificación de los procedimientos administrativos, ya puesta en marcha en esta legislatura, seguirá siendo una línea de comportamiento en el futuro inmediato. Pero hay que hacer algo más: Descentralizar. La descentralización política y administrativa va a ser uno de los puntos centrales de mi acción de gobierno.

Quiero poner mi empeño en abordar lo que, tras la construcción del Estado de las Autonomías, podríamos denominar como una nueva descentralización. Abrir espacios de resolución y de toma de decisiones en el ámbito provincial y local, sin necesidad de que sean siempre los órganos centrales autonómicos los que hayan de tener la decisión de cualquier expediente. Que la mayoría de los asuntos de Málaga, Granada, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Almería o Sevilla, se resuelvan en cada una de las provincias.

Es obvio, señorías, que una parte de este proceso de descentralización vendrá de la mano del proyecto de ley de régimen local que deberá concretar las competencias básicas de los Ayuntamientos y los recursos para ejercerlas. Pero, junto a ello, resulta necesaria también una reforma de la Administración de la Junta que potencie la capacidad decisoria de su estructura provincial y territorial. Si sus señorías me otorgan su confianza, traeré a esta cámara el proyecto básico de reforma de la Administración de la Junta de Andalucía.

Otro de los principios que deben formar parte del marco de desarrollo económico es el de la libre competencia. La competencia entendida como estímulo y búsqueda de la eficiencia en unos mercados que funcionen de forma transparente. La competencia es una fuerza poderosa para avanzar. De ahí su inclusión en el Estatuto de Autonomía y que la primera ley aprobada para su desarrollo fuera la de Promoción y Defensa de la Competencia.

La libre competencia promueve la productividad de las empresas y favorece a los consumidores con menores precios y mayor variedad y calidad. Hace además que el resultado sea que ganen los mejores, no los más grandes o poderosos, ni los que parten de un privilegio ajeno al desarrollo de su capacidad y a su esfuerzo.

En Andalucía contamos, además, con una ventaja: la experiencia de que, cuando se han promovido marcos de mayor competencia, por ejemplo, los de apertura económica de la Unión Europea, hemos crecido más y creado más empleo.

En esta política de defensa de la competencia, los servicios constituyen un amplio sector económico que entiendo debe ser objeto de una mayor liberalización. La plena aplicación a partir de este año de la Directiva de Servicios, para reducir trabas injustificadas o desproporcionadas y facilitar el acceso a la actividad, es una tarea ambiciosa, que ha de desarrollar primordialmente el Gobierno de España, y en la que la Junta de Andalucía colaborará plenamente en todo lo que afecte a sus competencias.

La libre competencia, la lucha contra el monopolio favorece además la innovación empresarial, que las empresas sean mejores. La historia nos ha enseñado que, tarde o temprano, la mayor parte de las fuentes acaban por agotarse. De ahí la utilidad de la innovación, de la transformación del conocimiento en riqueza. Algo que, además, requiere de capacidad emprendedora para introducir un nuevo producto o para mejorar un proceso productivo.

No hay innovación sin capacidad emprendedora, sin visión de futuro, sin confianza y asunción de riesgos. Con empresas innovadoras crece el empleo y se beneficia al consumidor.

Andalucía ha recorrido un amplio y fructífero camino en este sentido. A este fin, me propongo continuar impulsando iniciativas que, a partir de objetivos ambiciosos, definidos en la Estrategia para la Competitividad de Andalucía y en los programas operativos de la UE, favorezcan la innovación y la sostenibilidad.

La sostenibilidad sin duda es el intangible más presente en el conjunto de las políticas a desarrollar por mi gobierno. Sostenibilidad ambiental, sin duda, por el compromiso y el deber que tenemos con las generaciones futuras, pero que va mucho más allá. No olvidemos que existe una fuerza aún mayor, incluso si me lo permiten algo egoísta, que nos conduce a volcar todos nuestros esfuerzos en este compromiso. Me refiero a la sostenibilidad del modelo económico, del que permite crear riqueza hoy y lo seguirá permitiendo mañana.

Sólo la utilización responsable y la conservación de los recursos naturales puede garantizar en el futuro el desarrollo económico y con él la preservación del sistema social, porque sin desarrollo económico tampoco hay sistema social.

Los líderes mundiales también han apostado por un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La nueva administración de EEUU ha situado a las energías renovables como uno de sus pilares para su programa de recuperación económica.

También la Unión Europea y el G-20 han incidido en la necesidad de impulsar las actividades económicas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Se trata, pues, de un compromiso global al que Andalucía se suma sin reservas.

Pero señorías, me gustaría detenerme en dos recursos naturales en los que debemos hacer un esfuerzo especial. El agua y el suelo.

El nuevo Estatuto nos confiere las competencias sobre las aguas. El Guadalquivir es ya plenamente el río de todos los andaluces. Pero lo más importante es que esta competencia nos permitirá desarrollar una política de agua que permita un uso racional de este bien escaso y de primera necesidad.

Próximamente remitiremos a esta Cámara el proyecto de Ley de Aguas. Se trata de un compromiso firme de gobierno con un texto que ha nacido de un amplio debate y cuyas bases inspiradoras cuentan con un importante consenso social.

El otro factor clave es el suelo y con ello quiero referirme a la ordenación territorial de nuestra comunidad. Avanzar en la sostenibilidad de nuestro desarrollo territorial no ha de traducirse en menos desarrollo, sino en un desarrollo diferente y más inteligente.

Mantendremos un modelo urbanístico ordenado, con ciudades habitables para nuestros ciudadanos, respetuosas con el medio ambiente, que favorezca la cohesión territorial y social.

Andalucía cuenta con un capital físico importante y suficiente para convertir al sector que ha sido parte del problema, la construcción, en parte de la solución. Es decir, para empezar a salir cuanto antes de la actual crisis.

Me propongo cooperar con los Ayuntamientos en la normalización de su planeamiento urbanístico y facilitar también el acceso a la vivienda de los ciudadanos con menores recursos económicos.

Hay más en la sostenibiliad. El modelo energético y el uso de la energía, prudente, no contaminante y eficiente. El modelo, aun predominante, no es sostenible ni desde el punto de vista medio ambiental, ni desde el social y económico.

Por tanto, nuestra opción por un nuevo modelo energético no es sólo el compromiso que el gobierno andaluz tiene adquirido en la lucha contra el Cambio Climático y con la conservación del Medio Ambiente. Es también nuestro compromiso porque sea sostenible el sistema económico.

La utilización de las energías renovables tiene que ser cada vez mayor. Debemos desarrollar infraestructuras de generación, de transporte y de distribución de energía cada vez más eficientes. Y tenemos que seguir fomentando entre la sociedad el consumo responsable de energía. Podemos conseguir así, la máxima autonomía energética y el mejor uso de los recursos.

Obviamente el cambio de modelo energético no es labor de una legislatura. Sería irreal pensar que toda la economía y la sociedad pueden funcionar en un breve plazo de tiempo sin la necesidad de recurrir a energías fósiles. Pero es verdad, que hemos comenzado hace ya varios años un camino que no debemos abandonar.

Nuestra apuesta por el uso de las energías renovables será una apuesta ganadora si hacemos simultáneamente un esfuerzo inversor, sobre todo en I+D. Tenemos, además, una gran capacidad de crecimiento en este sector que es una actividad económica de futuro y de creación de empleo.

Señorías, la igualdad de oportunidades es uno de los princpios fundamentales, no sólo por ser exigencia constitucional y estatutaria. Pero es, además, una condición indispensable para el progreso económico y social y, por supuesto, nuestro compromiso irrenunciable.

Las políticas de igualdad, y singularmente las de género, han sido, junto con la lucha contra la exclusión, parte de las tradicionales políticas de cohesión social que han permitido avanzar desde los derechos teóricos, consagrados en el ordenamiento jurídico, a derechos reales disponibles para los ciudadanos.

Pero la igualdad de oportunidades es también una condición necesaria para un modelo económico competitivo y eficiente. La igualdad de oportunidades es la que más rentabiliza nuestra inversión en conocimiento. La que hace que cualquier persona pueda desplegar, social y personalmente, toda su capacidad. En este sentido la igualdad de oportunidades convierte la política de becas en una política de inversión.

Convertir la igualdad de oportunidades en un pilar fundamental de la acción del Gobierno Andaluz es, por tanto, reforzar los cimientos de una sociedad y los de la economía para hacernos más sanos, abiertos, cohesionados, y sostenibles.

En el centro de esta política de igualdad de oportunidades se encuentra la que ha de existir entre hombres y mujeres. Una igualdad que no se hace con declaraciones formales, sino con medidas y decisiones que combatan cualquier discriminación y la hagan efectiva.

No hay igualdad sino es real, no puede ser formal. Una igualdad cuya efectividad exigirá a nuestra acción de gobierno un combate permanente contra la violencia de género.

Hemos aprobado la ley de igualdad; hemos desarrollado el Presupuesto con Perspectiva de Género, hemos actuado, pues, y vamos a seguir haciéndolo, desde el convencimiento de que la igualdad ha de ser un objetivo de todas y cada una de las políticas.

Resulta también interesante pensar en las consecuencias que la desigualdad puede tener en la evolución demográfica de Europa, España y Andalucía. Sepan sus señorías que las sociedades que mantienen hoy mayores índices de natalidad, las escandinavas y la francesa, son aquellas en las que también se da una mayor participación de la mujer en el mercado laboral.

Puedo, pues, afirmar con rotundidad que más igualdad de oportunidades hace una sociedad mejor y además aporta más riqueza y mayor eficiencia económica.

Y el diálogo social. Señorías, la concertación Social es una seña de identidad de Andalucía, sin la que no se entiende, ni se explica, ni hubiera sido posible, el enorme avance y crecimiento en todos los órdenes, experimentado en los últimos años.

Se lo diré con absoluta claridad: sin la concertación, la crisis sería más grave; la fractura social sería inevitable y el horizonte de esperanza mucho más lejano.

Es de interés para Andalucía que se mantenga y se potencie la concertación social.

Una herramienta que permite anudar el lazo social, crear certidumbres sobre la viabilidad de las medidas económicas y abordar con mayor garantía de éxito proyectos estratégicos.

Por eso les garantizo que si soy investido presidente de la Junta de Andalucía no regatearé ningún esfuerzo, ninguno, para hacer posible esos consensos básicos. Unos consensos que son los que quiere la ciudadanía y mucho más en momentos como éste, en el que vivimos una honda crisis económica y en el que todo esfuerzo es poco para combatir sus efectos.

Unos consensos imprescindibles para atacar el desempleo y volver a iniciar del crecimiento económico.

Con la concertación salimos fortalecidos de la crisis de principios de los noventa y así saldremos también de ésta.

La concertación adquiere su pleno significado en el empleo. En su creación y en los medios para mejorarlo: Las políticas activas de empleo han de hacerse en colaboración con los agentes sociales, de forma concertada. El modelo de participación empresarial y sindical en los servicios de empleo ha demostrado ser de gran utilidad. Por tanto, el SAE seguirá formulando programas en colaboración con los agentes sociales porque es la mejor forma de hacerlos coherentes y eficaces.

Hasta aquí, señorías, los siete elementos del marco básico de la actividad económica que me propongo impulsar: La seguridad jurídica, una administración más ágil, la libre competencia, la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y el diálogo social.

Todos ellos configuran, como digo, un marco de certidumbres y de estabilidad, de paz social, de equidad y de futuro que permitirán potenciar el impacto de las políticas económicas para configurar un modelo de crecimiento sostenible. Un modelo que potenciará la creación de empleo. Que aumentará el capital físico, favorecerá la actividad económica y la cohesión social y territorial. Y que tendrá, a la educación como eje vertebrador de todas las políticas, las sociales y las económicas.

Capital humano, pues, en el vértice de todas las políticas y capital físico, infraestructuras, como instrumento para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, que permite a una comunidad de la periferia europea estar más cerca de Europa y mitigar nuestra posición geográfica.

Resulta fundamental seguir invirtiendo en aquellas infraestructuras que proyectan la conexión exterior de nuestra comunidad con el resto de España y Europa. Son las que han de seguir reduciendo nuestros costes y mejorando nuestra competitividad y las que nos permitirán conectar las zonas logísticas de transporte con las principales arterias de comunicación exterior.

Al mismo tiempo, la cohesión territorial de Andalucía requiere seguir avanzando en la articulación de una red de infraestructuras sólida y moderna que conecte entre sí todos los territorios de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello, vamos a seguir trabajando en una red de autovías que complete la ya existente, con inversiones en la Autovía del Olivar; la Autovía del Almanzora; la Jaén- Córdoba; la Iznalloz-Guadix; la continuación de la Jerez-Arcos hacia Algodonales; la conexión de la Ruta de la Plata entre Zalamea y Santa Olalla; y la autovía del Guadalhorce.

Avanzaremos así en una concepción de Andalucía que huya de la superioridad de unos territorios sobre otros, y que busque el equilibrio y la vertebración territorial como premisa fundamental.

Seguiremos insistiendo en una movilidad sostenible que mejore los medios de transporte en las grandes áreas urbanas, metropolitanas y en el litoral, donde se concentra la mayor parte de la población de Andalucía. En este sentido mantendremos nuestro impulso sobre el proyecto del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.

Hace pocas semanas se puso en funcionamiento el metro de Sevilla, el primero de Andalucía. Se trata sin duda de una gran noticia que seguirá siéndolo con la ampliación de líneas. En esta dirección, mi Gobierno hará el máximo esfuerzo para que el metro de Málaga entre en funcionamiento en el menor tiempo posible.

También el de Granada, el servicio de tren-tranvía de la Bahía de Cádiz, y otros servicios tranviarios en Huelva, Almería, Sevilla, Córdoba, Jaén y Jerez. Y vamos a seguir impulsando las obras del corredor ferroviario transversal, para que, en 2013, el ferrocarril se convierta en el principal elemento vertebrador de Andalucía.

Señorías, como he reiterado, la iniciativa privada constituye el motor de generación de riqueza y empleo. Nuestras empresas son nuestro futuro, por eso resulta fundamental una nueva generación de políticas de apoyo al tejido empresarial y sectorial para que pueda salir fortalecido de la crisis.

La productividad y la eficiencia son importantes para asegurar la competitividad y la viabilidad de las empresas. Pero no son suficientes. Centrar todo nuestro esfuerzo en los costes de producción, va a resultar inútil. Hay también que incorporar valor a nuestros productos. Hay que crear y revalorizar la marca de Andalucía. Y, sobre todo, hay que fortalecer una política industrial que pueda encontrar respuestas eficaces en materia de financiación, de investigación, de innovación y de internacionalización.

Desde una óptica sectorial, hay elementos singulares en los que habrá que seguir incidiendo. En este sentido, el binomio sector agroalimentario y turismo, lejos de constituir sectores que han alcanzado el tope de sus potencialidades constituyen dos motores económicos de enorme futuro.

Junto a ellos podríamos ensamblar, para reforzarse mutuamente, nuestra incipiente industria cultural, como un vehículo que por si y por la capacidad de transferir valor a nuestros sectores, abre nuevas perspectivas de desarrollo para Andalucía.

En el caso del sector agroalimentario, la calidad, el respeto al medio ambiente y una comercialización eficiente son imprescindibles. Además hay que aprovechar el potencial de arrastre para toda la economía que tienen algunas producciones como el aceite de oliva al que nos esforzaremos en garantizarle que la comercialización no les reduzca los ingresos a los productores.

No quiero dejar de señalar que esta transformación del sector agroalimentario debe abrir nuevas oportunidades para nuestro mundo rural en las que cimentar un proceso de diversificación que permita su desarrollo.

El sector turístico andaluz necesita reforzar sus factores de liderazgo. Ha alcanzado tal nivel de desarrollo que nos encontramos en la fase de apostar por crear inteligencia turística. Y por supuesto, promoción. Mucha promoción en alianza del sector con el gobierno andaluz.

Quisiera hacer también una referencia a los nuevos sectores de alto nivel tecnológico y potencial valor añadido. Me refiero, Señorías, a sectores como las energías renovables, el sector aeronáutico o el de las tecnologías de la información y la comunicación.

Tenemos experiencias de éxito: el PTA de Málaga nos puede servir de paradigma.

También los conglomerados industriales. La experiencia de relación Universidad-empresa está dando sus frutos con un centenar de proyectos surgidos de la ciencia universitaria y trasladados a la empresa. El número de patentes ha crecido en Andalucía más que en ninguna otra comunidad. La corporación tecnológica, el aumento de nuestros investigadores o el programa Talentia son otras muestras de nuestra apuesta por la renovación y mejora del aparato productivo.

Todo ello nos demuestra la excelente conexión que se produce al ensamblar en un mismo proyecto la investigación, la ciencia y la empresa; conexión que mantendremos en el futuro.

Particular interés merece la economía social. Una actividad empresarial de honda tradición y de gran importancia, cuantitativa y cualitativa, en Andalucía. Nada de lo que hemos dicho hasta ahora le es ajeno al movimiento cooperativo y a las sociedades laborales. Son empresas cuya pervivencia depende también de su capacidad de innovación y de la calidad de su oferta. Hacerlas más eficientes, más adaptadas a la realidad de hoy y más competitivas, sin perder su naturaleza participativa, nos mueve a modificar su marco legal en la próxima ley de cooperativas que traeremos a esta Cámara.

Los autónomos son también actividades por cuenta propia que merecen una atención particular y una legislación específica., aunque se ha avanzado mucho en el último año. El trabajo autónomo está siendo en los últimos años el terreno donde se está produciendo la mayor incorporación de la mujer a la actividad empresarial. Apoyar la creación del negocio, facilitar su financiación, la formación profesional, la prevención de riesgos profesionales y mejorar su capacidad de situarse en el mercado son, dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, objetivos que habrán de contemplarse en la próxima ley del trabajo autónomo que mi gobierno traerá también al parlamento.

Señorías antes les he señalado la gran importancia que mi gobierno concederá a la educación. Es la base sobre la que se asienta una sociedad, la que le da valor y la hace más abierta, más emprendedora, más tolerante y más próspera, lo que hace de los ciudadanos participativos, responsables, inteligentes y críticos.

Y, si nos referimos a la prosperidad económica, la educación, el conocimiento, es una de las inversiones más productivas puesto que todos los recursos que se destinen a su financiación los devuelve multiplicados a la sociedad.

De la calidad de la educación depende el futuro de Andalucía. Necesitamos un sistema educativo moderno y adaptado a las exigencias profesionales y laborales de cada momento.

Universalizada la educación de 3 a 16 años, el sistema educativo andaluz ha de orientar sus inversiones a las nuevas exigencias sociales: el aprendizaje y la práctica de varios idiomas; la incorporación de tecnologías de la información; la cualificación y formación permanente del profesorado; y, por supuesto, la accesibilidad de todo el sistema.

La educación no es sólo es aprender cosas, sino también aprender a hacer cosas. Es un aprendizaje indeclinablemente tiene que estar unida al principio de igualdad de oportunidades, de manera que se aprovechen todos los talentos de los niños y niñas de Andalucía.

La limitación de los recursos presupuestarios que está originando la actual crisis económica no debe afectar a la educación que deberá continuar atendiendo a los dos objetivos que ha marcado la Ley de Educación de Andalucía: la equidad y la calidad.

Cohesión social. No me cabe duda de que con esta apuesta educativa se fortalece la Cohesión social que es una condición necesaria para la convivencia, la paz social y también para una mayor prosperidad.

La política de cohesión social se genera con la solidaridad de todos los ciudadanos para hacer efectivos los derechos individuales de cada uno de ellos. Define la estatura moral de una sociedad en la medida en que contribuye a proporcionar su apoyo a quienes han quedado excluidos, por razones de edad o de salud o cualquier otra circunstancia, de la actividad productiva.

El modelo social europeo, reforzado en la Cumbre de Lisboa del año 2000, se basa precisamente en la innovación y en un sistema de protección social activo y dinámico, que confiera condiciones de ciudadanía.

Si ustedes ven el Estatuto de Autonomía y la Constitución se darán cuenta. Las autonomías somos las responsables de la cohesión social. En nosotros ha confiado el constituyente lo que es toda la política de bienestar social, educación, sanidad, servicios sociales... Por eso es tan importante el sistema de financiación, autonómico y local, porque somos las administraciones que prestamos servicios y hacemos posibles el ejercicio de los derechos individuales, los que removemos obstáculos, para que todos y todas seamos ciudadanos y ciudadanas.

Queremos continuar la senda de crecimiento del gasto social en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y trataremos de convertir, en buena medida, estas políticas que suelen llamarse pasivas en políticas activas, dinámicas y generadoras de riqueza.

El sistema sanitario público es uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar. Algo que sólo se puede decir de una sanidad con financiación pública y aseguramiento universal que llegue a todos y todas, sea cual sea su nivel de renta.

Existe un consenso social sobre sus principios inspiradores y una elocuente aceptación popular del nivel y la calidad de la atención dispensada. Se precisa, en todo caso, consolidarlo con la mejora de los servicios y con nuevos derechos y prestaciones; con una mayor proximidad y cercanía al ciudadano; con servicios más fácilmente accesibles y con una mayor dotación y modernización tecnológica.

Pero está cambiando el modelo de sanidad que tenemos que ofrecer en el futuro, porque tenemos un patrón de enfermedad diferente, porque hoy la enfermedad aguda, la infecciosa, no son dominantes, hoy dominan las enfermedades ligadas al envejecimiento y eso hace que el sistema sanitario, como lo está haciendo, potencie la investigación, porque tiene que dar respuestas a enfermedades que hoy no la tienen.

Los andaluces nos reconocemos en los niños Andrés y Javier; en los profesionales que con su labor investigadora y sus prácticas clínicas, hicieron posible y viable este desafio; y en un sistema sanitario público que lo hace accesible a todos los andaluces sin distinción de origen o condición. Esta, señorías, es la Andalucía en que mirarse.

Pero la salud de la población es mucho más que su sistema sanitario. Todas las políticas tienen que contener algo de promoción de la salud y una política que tiene que potenciarse, la de consumo, que debe tener una referencia sanitaria. Necesitamos que siempre tengamos información suficiente de los bienes y servicios e implantar una regulación que exija esa transparencia.

Traeremos una Ley de Salud Pública que traeremos a esta Cámara en esta legislatura avanzará en la consecución de estos objetivos y hará esta lectura transversal de la salud.

El cuarto pilar del Estado de Bienestar ha de dar respuesta a los problemas de los andaluces y andaluzas que, por razón de edad o de cualquier otra circunstancia, no pueden valerse por si mismos. Una política para las familias andaluzas exige, además la educación y la sanidad pública, la atención de las personas dependientes. La paulatina universalización de la educación de 0 a 3 años y la atención de las personas mayores en situación de dependencia serán objetivos importantes de mi gobierno.

Andalucía, es la comunidad autónoma que mayor porcentaje de personas en situación de dependencia atiende: el 30 por ciento del total. Esto implica que en 2009 atenderemos a más de 160.000 personas en situación de gran dependencia y dependencia severa, a cuya disposición pondremos los recursos necesarios.

Somos conscientes de que las personas en situación de dependencia necesitan, y les beneficia, permanecer en su entorno familiar y sabemos que para que ello, se les debe ofrecer una atención profesionalizada. Por ello, me comprometo a que el desarrollo de esta Ley en Andalucía se base fundamentalmente en prestaciones de servicios.

Seguiremos avanzando en el desarrollo de una Red de Servicios de Proximidad, que haga compatible el Servicio de Ayuda a Domicilio con las Unidades de estancia diurna y el Servicio de Teleasistencia.

Señorías, la cohesión social nos obliga a trabajar también para conseguir una buena convivencia con aquellas personas que, procedentes de otros países, llegaron a Andalucía para encontrar una oportunidad laboral. Nuestro objetivo es que la inmigración se adapte a la nueva coyuntura y a las actuales necesidades del mercado de trabajo.

Y a la vez es necesario avanzar en la equiparación de los derechos políticos y sociales de las personas inmigrantes. Las actuaciones concretas de esta política se recogerán en el III Plan Integral de la Inmigración en Andalucía, que con un horizonte 2010-2014 concentrará todas las políticas públicas en un solo departamento.

La política de cooperación mantendrá también sus objetivos de pasadas legislaturas llevando la solidaridad de nuestra tierra a otros pueblos hermanos.

En la actual crisis económica es particularmente importante mantener las prestaciones sociales dirigidas a quienes han perdido su empleo, a quienes han visto reducida su renta familiar o a quienes padecen de forma más intensa los efectos de la destrucción de puestos de trabajo. Los sistemas de protección social existen para favorecer la igualdad y son especialmente relevantes en momentos como éste de crisis. Por eso queremos afrontarla sin merma de la protección social e incluso buscando nuevas formas de ayuda a las familias y a las personas más afectadas por la crisis.

Ante las dificultades que actualmente existen para encontrar un empleo haremos una propuesta que involucre al gobierno central y a los autonómicos y a todos los agentes sociales con políticas activas y, en su caso, nuevas prestaciones, para tratar de conseguir que, en las distintas unidades familiares de Andalucía, al menos alguno de sus miembros tenga algún tipo de ingresos.

Señorías, antes me he referido a una nueva descentralización y, en distintos momentos de mi intervención, he hablado de la necesaria cooperación con los Ayuntamientos y Diputaciones para el desarrollo de políticas concretas.

Nuestro Estatuto sitúa a las corporaciones locales en lugar preeminente en la arquitectura político territorial de la Comunidad Autónoma. Con el Nuevo Modelo Local, o Pacto Local abriremos un amplio proceso de descentralización. Será éste un objetivo inmediato y prioritario.

Daremos prioridad a la definición de este nuevo modelo en el que los ayuntamientos actuarán en un escenario de claridad competencial. El Gobierno Local dejará de ser únicamente prestador de servicios y dispondrá, ahora con respaldo normativo, de la capacidad de ordenar y gestionar políticas que tengan en cuenta las singularidades de su territorio y de su población.

Este modelo tendrá dos pilares básicos de trabajo, el de competencias locales y el de financiación municipal, ambos basados en los principios inspiradores de lo Local: la Autonomía y la Suficiencia Financiera.

Llegar a este Nuevo Modelo Local precisará de tres pasos que van a ser fundamentales: la presentación de la Ley de Régimen Local de Andalucía, la Ley de Transferencia y Delegación de Competencias a los Ayuntamientos y la Ley Reguladora de la Participación de los Entes Locales en los Tributos Propios de la Comunidad Autónoma.

Un marco legal adecuado a los nuevos tiempos donde la cooperación entre los Gobiernos Locales y el Gobierno Andaluz será un objetivo fundamental.

Estas leyes reflejan un auténtico proyecto político: el de un Gobierno comprometido con la autonomía de las CCLL y con el apoyo a las mismas sin distinciones partidistas. Este Nuevo Modelo Local debe ser compartido y consensuado al tratarse de leyes que fijan reglas del juego con vocación de permanencia. Buscaremos el acuerdo entre todos, entre Ayuntamientos y Diputaciones y entre las diferentes fuerzas políticas de esta Cámara.

Termino ya, Señorías: Andalucía es la suma de muchas voluntades, de millones de andaluces y andaluzas que aspiran a progresar y que comparten los valores que hacen de una sociedad un pueblo. Pero nuestra identidad no se hace por exclusión ni por antagonismos. Se hace desde la igualdad con otras tierras, desde el respeto y desde la tolerancia.

El proyecto que les he desarrollado es un proyecto que quiere hundir sus raíces en esta identidad compartida del pueblo andaluz. Y pretende serlo para el bienestar de todos los andaluces y andaluzas, vivan donde vivan.

Sus propuestas son compromisos en la medida en que responden a un programa electoral mayoritariamente votado por los andaluces. Pero también los formulo de una manera abierta. Porque la realidad cambia todos los días y además de forma muchas veces imprevisible. Y eso nos hace imprescindible saber adaptarlo a cada nueva circunstancia.

Quiero también un proyecto del que surja un debate sobre las ideas en que se apoya, sobre las ideas que cada uno de nosotros defendemos. Y hacerlo además con transparencia y desde el respeto. Hemos de defender nuestras ideas con convencimiento, sí, pero también con respeto a las ajenas.

Un respeto que nace de una convicción profunda: en un sistema de libertades como el nuestro, en un marco de observancia de los derechos fundamentales, no hay ideas políticas que te conviertan en moralmente superior a los demás, que te concedan el privilegio de no tener que justificarte por tus actos y menos aún en el caso del Gobierno, sometido permanentemente al control del Parlamento y de la opinión pública democrática.

He aceptado mi candidatura como un servicio público. Empeño, ante sus Señorías y ante todos los andaluces y andaluzas mi palabra de que me esforzaré hasta el último minuto del mandato para devolver la confianza que ahora solicito.

Tengo el apoyo de un gran partido. Tan grande que, a lo largo de todos estos años, ha merecido el respaldo de los ciudadanos y de las ciudadanas en las urnas. Desde esta mayoría que me presta su apoyo, quiero, sin embargo, dirigirme a todos los grupos representados en esta Cámara.

De todos necesito su crítica y de todos he de aprender. Con todos quiero colaborar porque creo que es lo que demandan los ciudadanos. Siempre. Y más aún en esta etapa de crisis y dificultades económicas.

Si la Cámara me inviste como Presidente no habrá día en el que no trabaje con toda mi dedicación por lo que unos y otros queremos: Una Andalucía mejor.