Comparezco ante la Cámara para hacer, antes de su disolución, un análisis de la legislatura, tal y como me comprometí el pasado día 29 de septiembre. Es la primera vez que una legislatura se cierra con un debate de esta naturaleza. Lo he solicitado porque estoy convencido de que un momento como el que estamos viviendo necesita un debate político de altura que sepa ofrecer a la ciudadanía una información veraz y unos planteamientos serios.

Un diálogo con plena libertad y con plena responsabilidad sobre nuestras respectivas posiciones; un diálogo sincero sobre el presente y el futuro de Andalucía. Y con sinceridad, les confieso que estos últimos han sido cuatro años muy difíciles para los andaluces. Cuatro años en los que la crisis económica, la mayor de cuantas hemos padecido desde la Gran Depresión de los años treinta, ha tenido unas durísimas consecuencias sobre el empleo de los andaluces y sobre sus expectativas.

En toda España hemos recuperado cifras de paro que creíamos superadas para siempre. En toda España a miles de familias les cuesta llegar a fin de mes y pagar las hipotecas. En Andalucía también.

En toda España los comercios han disminuido sus ventas y las pequeñas empresas tienen dificultades de financiación. En Andalucía también.

En toda España miles de jóvenes han terminado sus estudios y encuentran más dificultades que nunca para encontrar un empleo. En Andalucía también.

Desde el inicio de la crisis se han destruido en Andalucía casi tantos empleos como se habían creado en la legislatura anterior, 2/3 partes de ellos en la construcción. En Andalucía como en España el paro ha crecido mucho. Es cierto que en nuestra comunidad, a pesar de haber crecido la población activa más que en el resto de España, el paro ha crecido algo menos. Pero algo menos es también muchísimo.

Hemos visto cómo se desplomaba un largo ciclo de crecimiento que duraba ya catorce años y cómo este desplome dejaba en evidencia los fundamentos mismos del modelo económico y las reglas, o mejor dicho: la falta de reglas, del capitalismo financiero.

Quienes creían que la crisis era un fenómeno español, quienes se negaban a mirar fuera de nuestras fronteras, quienes rechazaban cualquier visión de la crisis que no fuera otra que sus intereses electorales, reconocen, o comprueban, ahora, que la crisis es real; que es internacional; y que no se soluciona con un simple cambio de gobierno. Lo hemos visto en Portugal, en Grecia, en Irlanda y lo vemos en España, donde el pronóstico para 2012 es recesión y más paro.

Señorías, hemos llegado al final de la Legislatura sin resolver el problema financiero, con una zona monetaria que no acierta a establecer una defensa compartida de su propia moneda, con muchas incertidumbres por resolver y, sobre todo, hemos llegado hasta aquí, encerrados en un debate que, como no lo miremos en toda su dimensión, puede hacernos perder de vista el fondo del problema.

Me refiero al debate sobre el déficit público y la estabilidad presupuestaria que hoy lo ocupa absolutamente todo.

Ahora, casi cuatro años después de que la crisis manifestara su rostro más brutal, parece que lo único que importa es suprimir el déficit público. Y no voy a negar que importa: Importa mucho. Pero me pregunto: ¿es lo único que importa? No, señorías, ni es lo único que importa ni es lo más importante.

En tiempos de confusión conviene recordar lo obvio: España, cuando estalló la crisis, tenía superávit en sus cuentas públicas, el único de su historia. Y en ese mismo momento Andalucía contabilizaba tres años con superávit en la contabilidad pública.

Supongo que esto significará algo. Algo muy sencillo pero que, como he dicho, parece que todo el mundo intenta olvidar: El déficit público no ha sido la causa de la crisis ni del desempleo. Todo lo contrario: la crisis es la que ha provocado el aumento del déficit y del desempleo.

Hemos convertido la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria en la madre de todas las batallas y, al parecer, en la única receta contra la crisis. ¿Se crea empleo con la consolidación fiscal? Solo con la consolidación fiscal ¿vamos a crear empleo? No. No es lo que nos dice el Banco de España, que dice que en 2012 aumentará el paro. Es verdad que sin estabilidad presupuestaria es difícil crear empleo, pero solo con ella es más difícil aún.

¿Quién habla hoy de estimular la economía, de utilizar el gasto público para incentivar el crecimiento económico? Nadie. De lo único que se oye hablar es del déficit. Hasta el punto de que para algunos se ha convertido en la disculpa de sus propios engaños y mentiras.

Quienes afirmaban, cuando el déficit de España era del 11%, que subir los impuestos era un disparate, que iba a destruir empleo, hoy los han subido sin pudor alguno con un déficit sensiblemente inferior.

Parece que las elecciones se convierten a veces para algunos en una especie de moratoria de la verdad. O, por mejor decir, de su verdad y de sus intenciones.

Por eso creo importante recordar que, en esta legislatura, tan difícil para todos, el Gobierno Andaluz ha hecho algunas cosas que, por cierto, no se han hecho en la inmensa mayoría de las CCAA de España.

Mi gobierno ha subido los impuestos, incluso ha impulsado algunos nuevos, como el de la banca. Y lo ha hecho sólo unos meses antes de la campaña electoral, dando la cara en el Parlamento.

Y, en segundo lugar, ha reducido el gasto no financiero muy por encima de lo que han hecho las otras CCAA, sin recortar derechos como sí han hecho otras CCAA.

Hemos hecho el trabajo que debíamos hacer. Porque hemos tratado de cumplir los objetivos de déficit, de seguir la senda de la consolidación fiscal. Porque estamos comprometidos con ello. Pero lo hemos hecho, además, con el convencimiento de que esta receta que asumimos no es suficiente.

Antes de la crisis, en la crisis y después de la crisis, creíamos, creemos, y seguiremos creyendo, que el gasto público es un estímulo necesario para el crecimiento económico,  imprescindible para que la economía funcione y vuelva a crear empleo.

¿Nadie se fija ya en la relación entre el déficit y la deuda? El déficit, al fin y al cabo, es la deuda a un año. Por eso no vamos a dejar de decir que no es lo mismo aumentar el endeudamiento cuando la deuda es baja que cuando es alta. Y les diré, porque así lo creo, que usar racionalmente un déficit sostenible forma parte de una política virtuosa contra la crisis.

Así pensamos y eso es lo que hemos venido haciendo desde el Gobierno andaluz. Y lo hemos hecho manteniéndonos además por debajo del endeudamiento medio de las CCAA.

He oído decir recientemente que la economía del país ha de ser la de un buen padre o madre de familia: no gastar ni un euro más de los que se haya ingresado. Les confieso que, al oír semejante afirmación, concluí que o bien en este país no hay buenos padres o madres de familia, o bien, como yo creo, que también son buenos padres o madres de familia los que toman dinero a crédito para comprar un piso, abrir un negocio o afrontar imprevistos.

Con los países ocurre lo mismo. El déficit cero no sólo contradice la realidad histórica del mundo desarrollado que ha aumentado su riqueza gracias al crédito, sino que además, impide a los países avanzar con la mejora de sus equipamientos e infraestructuras. Nadie hace carreteras a tocateja.

Pero esto tan sencillo que les digo; esto que forma parte de lo cotidiano, hoy no forma parte del debate económico, que es un debate trucado. Estamos en el debate de la economía de las centésimas, hablando de algo que no es lo más importante.

La impunidad de los ataques especulativos que Europa consiente es de tal magnitud que no solo ha demonizado el gasto público sino que ha llevado a Keynes al baúl de los recuerdos, como se hizo en los ochenta, e incluso amenaza con aplicar el código penal a los que creen que el gasto público es fundamental para impulsar el crecimiento económico. Vamos a cumplir la estabilidad presupuestaria, pero no basta, porque podemos llegar al déficit cero, pero con nuestra economía ya muerta.

La clave de la estabilidad no está en el tótem del déficit cero. Está en ese equilibrio que, a cada país y a cada ciudadano, le proporcionan su propia historia y su capacidad.

Por eso hay que ajustar la estabilidad presupuestaria a la evolución del ciclo económico. Y creo profundamente en este principio porque lo hemos desarrollado con éxito y porque es la base de mis convicciones socialdemócratas. Andalucía ha cumplido con él, a diferencia de otros que patrocinaron el déficit cero y no lo cumplieron. Andalucía no se ha podido mantener al margen de una crisis económica y financiera que ha asolado a todo el país y a toda Europa.

Las dificultades de financiación las compartimos todos los gobiernos de toda España. Pero permítanme recordarles que cuando las cosas iban bien ahorramos en Andalucía mientras que en comunidades autónomas que predican el déficit cero aumentaba el endeudamiento.

Son datos oficiales, los que conoce el Gobierno de España, los que publica el Banco de España, los que conoce Bruselas. Durante los cuatro años anteriores a la crisis, Andalucía cerró sus cuentas con un superávit de 3.500 millones de euros mientras que el resto de las CCAA acumularon en el mismo periodo, un déficit de 5.200 millones de euros. Si todas las CCAA hubieran hecho como Andalucía, España tendría ahora 18.000 millones de euros menos de endeudamiento.

Esto es lo que ocurrió en la pasada legislatura. Coherencia.

Llegamos a la crisis ¿Y qué ha ocurrido en esta fase? Pues que Andalucía ha usado el déficit. En este caso como todos los gobiernos, no hemos sido los únicos. Nuestro endeudamiento, incluidas las empresas públicas, ha aumentado hasta el 10% de nuestro PIB, el 70% de la media. ¿Mucho? ¿Poco? Depende de con quién nos comparemos. Cataluña adeuda el 23,6% de su PIB; y la Comunidad Valenciana, el 21,5%.

Es decir, en este debate sobre el déficit y la estabilidad, se diga lo que se diga por los profetas de la catástrofe y por quienes se hacen creíbles mintiendo sobre la realidad, Andalucía tiene ventajas, en la medida en que mantuvo la coherencia de las cuentas públicas en época de crisis y en época de crecimiento.

Ya en la crisis, con los datos de la IGAE en la mano, en los tres ejercicios presupuestarios de esta legislatura ya liquidados, mientras Andalucía redujo entre 2008 y 2010 en un 7,5% su gasto no financiero el resto de las CCAA lo aumentó en el 2,5%.

Lo han comprobado ustedes;

Reduciendo los gastos de funcionamiento.Con una reducción importante de altos cargos y directivos del Sector Público.Con una reducción de 922 unidades de la flota de vehículos.Hemos dado una mayor eficiencia en la gestión del gasto sanitario. Pero además hemos actuado sobre los ingresos con gran éxito o con gran crítica de la oposición, según se mire.

- Subimos el IRPF en rentas de mas de 80.000 euros anuales.

- Un mayor gravamen en las herencias más elevadas.

- Una mayor fiscalidad a los patrimonios altos, a determinados medios de transporte de alta gama o embarcaciones de recreo.

- Un mayor gravamen en transmisiones patrimoniales de inmuebles de más valor.

- Un impuesto a los bancos y entidades financieras.

- Un impuesto sobre bolsas no reciclables.

Con progresividad; con equidad y haciendo que paguen más quienes más ganan o más tienen. O quienes más heredan o más contaminan.

Vamos a seguir exigiendo igualdad de trato y lealtad institucional. Lealtad es no discriminar entre comunidades autónomas por el color político de sus respectivos gobiernos.

Deslealtad es que después de haber ayudado a una comunidad del PP para evitar su suspensión de pagos se acuse, sin fundamento, de mala gestión a otra comunidad, ésta socialista, con un endeudamiento tres veces inferior.

Es deslealtad institucional las insólitas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, con el escudo de España detrás, cuando, tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera de consenso, acuciada por intereses puramente electoralistas, situó en el punto de mira de la solvencia a Andalucía, que tiene un endeudamiento muy inferior a la media nacional y que además no ha pedido ni un solo euro, ni un aval, ni una sola ayuda al Gobierno de España.

Ganar o perder unas elecciones es importante, pero la verdad es mucho más importante. Y lo más importante de todo es Andalucía. La igualdad de trato es, también, una exigencia insoslayable de quien ha asumido la responsabilidad de gobernar al servicio de todos los españoles.

Exigimos lealtad. Y eso implica también que el presidente del Gobierno de España explique con todo detalle cómo van a afectar a Andalucía los recortes por 8.915 millones de euros que aprobó el 30 de diciembre.

En qué medida se va a ver afectado el FCI, en qué medida las transferencias directas y las finalistas, la innovación, la educación, la dependencia... Porque a la luz de las declaraciones del portavoz de CiU mucho me temo que, como hiciera en 1997, buena parte del dinero de Andalucía, 759 millones en este caso, lo destine el Gobierno a financiar a Cataluña.

Exigimos lealtad. Pero también equidad en la aplicación de las reglas que rigen el actual modelo de financiación. Y he de decir que me refiero a la forma en que el gobierno, en este caso el anterior Gobierno de España, ha aplicado éste y el anterior modelo de financiación. Una aplicación que hemos denunciado y que incluso hemos llegado a reclamar por la vía jurisdiccional.

Me refiero a la forma de financiar la Ley de dependencia, injusta y lesiva para Andalucía y para las comunidades que como ella cumplen la ley; la reducción del Fondo de Suficiencia por la deducción en el IRPF de los 400€ tomada por el Gobierno de España; la falta de anticipos del Fondo de Convergencia, que también reclamaron personas que hoy se sientan en el Ministerio de Hacienda. Y, muy en especial, la aplicación del PIB regional para determinar el tope de déficit.

Así pues, exigimos reglas de juego justas y aplicación equitativa del modelo de financiación. No se trata tanto de reformar el modelo como de aplicarlo correctamente.

En resumen: Sí a la estabilidad presupuestaria, sí a la consolidación fiscal, siempre que se haga a lo largo del ciclo; que se tenga en cuenta el nivel de endeudamiento de cada comunidad autónoma y que se apliquen las reglas de forma equitativa. Pero insisto, la estabilidad presupuestaria es necesaria pero no suficiente. Hay que hacer que la economía crezca y que se vuelva a crear empleo.

Por eso el Gobierno andaluz ha tratado de actuar sobre ellas en una doble dirección,

Hacer compatible la consolidación con una política de estímulo económico y crecimiento sostenible.

Favorecer la liquidez financiera de nuestras empresas.

No voy a insistir en todas y cada una de las medidas que hemos venido adoptando en una u otra dirección. Todavía en la pasada legislatura, la Junta de Andalucía, con grandes críticas, por cierto, de la oposición, realizó distintas subastas de liquidez para ayudar a que no se paralizara el crédito cuando vimos los primeros indicios de falta de crédito en la economía.

Y ante los primeros signos de debilitamiento del sector de la construcción, el Gobierno andaluz intensificó las adjudicaciones de obra pública hasta el punto de licitar, en un solo Consejo de Gobierno, a principios de 2008, obras por valor de 1.400 millones de euros.

Desde entonces, en estrecha colaboración con los agentes económicos y sociales, en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social que entró en vigor en 2010, hemos puesto a disposición de diversos sectores económicos recursos públicos por más de 14.000 millones de euros, cantidad que equivale prácticamente al 10% del PIB. Ninguna otra comunidad autónoma, ningún otro gobierno, ha tomado un conjunto tan amplio y potente de medidas como el desplegado por el Gobierno andaluz.

Primero, para apoyar a aquellos que más han sufrido esta crisis, a los desempleados andaluces. Con iniciativas dirigidas a mejorar su formación y cualificación, a asegurar un alto grado de protección social y a ofrecer oportunidades de empleo en la construcción.

Medidas fiscales, impulsando las desgravaciones para rehabilitación de viviendas. Medidas como la regularización de viviendas en situación irregular o la licitación de obra pública. Y programas específicos para contratar a parados o bien directamente o a través de pymes como los Protejas 1 y 2, o el Proyecta, así como los que ahora se ponen en vigor como el Encamina2, para mejora de caminos rurales o el de Oportunidades Laborales de Empleo para reforma y mejora de centros educativos. En total, más de mil millones de euros destinados a contratar obras para dar empleo.

Se ha dicho, y yo lo comparto, que, tras esta crisis, nada volverá a ser como antes. De ahí, la necesidad de crear un modelo más estable, más sólido y más sostenible. Y a ello hemos dedicado la política económica en tiempos de crisis: a encontrar un patrón de crecimiento sostenible.

Hoy, tres años y pico después del comienzo de la crisis, podemos comprobar que ha habido sectores empresariales que están consiguiendo aguantar la crisis bastante bien.  Y que, incluso, han creado empleo. En estos momentos contamos con un mayor número de empresas que en 2008. Más empresas y globalmente más competitivas, que se han abierto a los mercados exteriores.

Empresas que forman parte de sectores donde la economía andaluza siempre ha sido fuerte como la agroindustria o el turismo; o de sectores punta como el de las energías renovables, la ingeniería, las TIC o el aeronáutico; o de actividades de servicios personales o de conservación del medioambiente. Todos estos sectores han aumentado su peso en nuestra economía y ya se puede comprobar que van a configurar la economía del futuro.

Este avance, que apunta a un nuevo patrón de crecimiento, no ha sido, sin embargo, capaz de compensar la brutal caída del empleo en la construcción. Pero creo que señalan un camino mucho más sostenible con una economía menos vulnerable y más competitiva. No creo que la recuperación económica haya de cimentarse en salarios más bajos y recortes en la negociación colectiva.

Hemos trabajado para construir una economía más competitiva a largo plazo que base toda su fuerza en el conocimiento y la calidad. En el emprendimiento y en los mercados exteriores.

Educación, investigación, innovación e igualdad; una estrategia que nos ha llevado a unir la producción del conocimiento y el mundo de la empresa.

La inclusión de nuestras universidades en el ámbito de la ciencia y de la empresa ha sido un éxito. Hemos acercado la investigación y el conocimiento a las nuevas exigencias del mundo empresarial. Andalucía se ha consolidado como la tercera región que más invierte en I+D en términos absolutos y la quinta en relación con el PIB (1,2%). El esfuerzo ha sido impresionante.

Esta estrategia ha ayudado a la consolidación de algunos sectores o a la eclosión de otros. Así, el turismo vuelve a tener un balance positivo; la industria aeronáutica ha incrementado su facturación en el último año; en Biotecnología, Andalucía ocupa por segundo año el ranking nacional de creación de empresas; y en el sector de las energías renovables, nuestras empresas han generado un 23% de empleo más que en 2010.

Y todo ello lo estamos consiguiendo con una política muy clara de apoyo a las iniciativas empresariales e innovadoras.

534 millones de euros para 8.203 proyectos empresariales que han podido afrontar una inversión privada de 2.771 millones que han conseguido mantener o generar 483.500 empleos.

239 millones de euros del Fondo Tecnológico, dirigido principalmente a empresas de mayor tamaño, ha apoyado 195 proyectos

11 Parques Tecnológicos, que en una crisis como ésta han facturado y generado empleo en 2010.

Y por último, nuestro liderazgo en este ámbito se demuestra en que Andalucía ha sido capaz de captar el 50% de la financiación de los fondos estatales para I+D+i.

Por eso, miro con preocupación el recorte en el 40%, hasta 1.084 millones de euros, que el gobierno del Sr. Rajoy ha hecho en Economía y Competitividad o el del 52%, hasta 1.092 millones, que ha hecho en Industria, Energía y Turismo. Preocupación, porque nosotros sí creemos que en la innovación está el futuro y las oportunidades de crecimiento.

Poco a poco se va creando esta cultura de la innovación. Los andaluces siempre hemos protagonizado las vanguardias en poesía, música, arquitectura, pintura. Somos, pues, atrevidos e innovadores. De ahí que tenga una confianza enorme en que este espíritu emprendedor se traslade con fuerza al ámbito empresarial.

Así lo hemos entendido con la aprobación en junio de 2011 del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo, que destinará 492 millones a movilizar a toda la comunidad educativa para valorar el emprendimiento y la innovación empresarial.

En este sentido, cabe decir que la crisis ha tenido una especial incidencia en los autónomos y en las pymes. Por eso hemos trabajado desde el gobierno para que los pequeños empresarios andaluces puedan encontrar una mayor liquidez para mantener y expandir sus proyectos de inversión.

Específicamente, destacamos el estímulo a la actividad de autónomos y cooperativas con las Leyes de Promoción del Trabajo Autónomo y de Sociedades Cooperativas andaluzas y con la firma del III Pacto Social por la Economía Social.

Hemos querido proporcionar a los empresarios el apoyo para facilitarles el acceso a las nuevas tecnología o facilitarles el acceso a los mercados. Así, los empresarios turísticos han sacado el máximo provecho a iniciativas de innovación como la Comunidad Turística de Andalucía, los comerciantes andaluces han podido comenzar a rentabilizar el proyecto de la central Andalucía de Compras y los agricultores y empresarios de la agroindustria van a ser los máximo beneficiarios de las nuevas leyes del Olivar, de la Dehesa y de Calidad Agroalimentaria, así como del nuevo decreto de Artesanía Agroalimentaria y de la ejecución del Plan Estratégico de la Agroindustria Horizonte 2013.

Cultura emprendedora, apoyo a la implantación en los mercados y, sobre todo, innovación. I+D+i e igualdad de oportunidades como fundamento del modelo económico.

Esta orientación económica unida al Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010 – 2013 han dado excelentes resultados: Las exportaciones andaluzas han crecido un 42% durante la crisis, más que la media del comercio mundial (31%).

Dentro de esta necesaria internacionalización de la economía andaluza hemos de estar atentos a la renovación de la PAC.

Tenemos consenso, la unión hace la fuerza. Queremos que la PAC no solamente responda a los objetivos de la ponencia, sino que también se fije en los precios. Una política de precios que garantice que los agricultores y ganaderos van a ver recompensado su esfuerzo con precios justos. Los precios son el 80% de la renta de los agricultores y ganaderos, que no piden tanto subvenciones como precios justos. Y esto es clave para que rentabilicen su esfuerzo y trabajo.

La crisis es, sobre todo, una crisis de financiación de la economía que está lejos de resolverse. Vemos con preocupación que la liquidez que ha puesto el Banco Central Europeo en manos de las entidades financieras no llega ni a las empresas ni a las familias. Es urgentísima la reforma del sistema financiero.

Poco puede hacerse desde una Comunidad Autónoma para hacer que el dinero fluya hacia empresas y familias. Aun así hemos abierto algunos caminos.

Empezamos, como dije antes, aun en la pasada legislatura, por las subastas de liquidez y por sustituir paulatinamente la política de subvenciones por el apoyo financiero, para apoyar a empresas y sectores de futuro que hoy no encuentran financiación.

Nuestros Fondos de apoyo reembolsables a empresas acumulan una dotación de más de 1.304 millones de euros desde 2009, de los que están disponibles 894 millones, que han servido para financiar inversiones por valor de 1.310 millones (261 proyectos empresariales, con una generación de cerca de 14.100 empleos).

Además, se han mantenido activas otras medidas como el Programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales, (233,2 millones y que ha permitido mantener cerca de 16.000 empleos).

Y acabamos de poner en marcha la acción especial de apoyo a la actividad empresarial que anuncié en el debate sobre el Estado de la Comunidad, 250 millones para financiar inversiones productivas o de mejora de la competitividad de las pymes y ganar cuota de mercado de las empresas andaluzas.

La crisis es común a todos los países, a todas las comunidades autónomas, pero las respuestas a la crisis no son iguales. Y en Andalucía estamos dando la que considero es la más adecuada.

Queremos mejorar la competitividad de nuestra economía sin desplomar salarios o condiciones laborales. Queremos hacerla más robusta con el conocimiento y la innovación. Queremos una economía sostenible con un uso responsable de los recursos naturales.

Este principio de sostenibilidad se recoge en todos y cada uno de nuestros planes generales y en la regulación de uso de cada uno de nuestros recursos naturales.

El uso del suelo, la gestión del agua, el nuevo modelo energético o las nuevas oportunidades a través de la protección ambiental son los ejes en los que hemos trabajado a lo largo de esta VIII Legislatura.

Respecto al uso del suelo, las dos principales iniciativas de este periodo son la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Decreto de Regularización de edificaciones en suelo no urbanizable.

Asimismo, se ha seguido desarrollando un nuevo modelo energético, de forma que el 29% de la electricidad consumida en Andalucía proviene de fuentes renovables (en 2006 era el 6,6%).

En cuanto a la gestión del agua, el gran avance es la Ley de Aguas que establece las bases para una política del agua propia, sobre la premisa del consenso en torno a la necesidad de preservar el recurso y garantizar su uso sostenible.

Sin duda, al hablar de agua, es necesario que desde aquí vuelva a proclamar que mantenemos intacta nuestra aspiración a gestionar las aguas andaluzas del gran río de nuestra tierra, el Guadalquivir.

Porque es un río inequívocamente andaluz, porque representa un alto valor económico, social y medioambiental para Andalucía y porque así entendemos que lo ampara la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía.

Por eso confío en que la unanimidad mostrada por los partidos con representación parlamentaria se traduzca en una defensa clara e inequívoca en el Congreso de los Diputados y ante el Gobierno central. Porque el Guadalquivir debe tener una gestión, si queremos, compartida, pero, desde luego, andaluza.

Nuestra respuesta a la crisis no ha sido electoralista ni cortoplacista, aunque hemos atendido las necesidades más perentorias con planes de choque. Nuestra respuesta a la crisis es de luces largas y si hay una política que demuestra las diferencias es la educación.

La educación entendida como motor de la igualdad de oportunidades y, por tanto, como instrumento para conseguir que todos los andaluces puedan desarrollar sus capacidades con independencia de los recursos de su familia. Pero también como la base de una política económica que creemos ha de basarse en el conocimiento.

¿Qué es eso de suprimir un año de ESO y crear un año más de Bachillerato? ¿Qué se pretende? ¿Se reduce la educación obligatoria? Espero que nos lo expliquen.

Hemos invertido más de 24.500 millones en esta Legislatura. Andalucía se consolida como la tercera comunidad con un mayor esfuerzo presupuestario en educación, un 5,5% del PIB (último dato oficial 2009).

Estamos entre las tres comunidades que más ha logrado reducir la tasa de fracaso escolar. Nuestro objetivo es que ningún joven andaluz vea frustrada su expectativa de alcanzar una formación de calidad por motivos económicos.

En este sentido, Andalucía cuenta con el sistema de ayudas y becas sin parangón. En conjunto, en el presente curso se han concedido 308.624 becas, lo que implica que a lo largo de esta Legislatura se han doblado.

Y además de doblarlas, en Andalucía las hemos ampliado con nuevas iniciativas. Así contamos con:

la beca Segunda Oportunidad Educativa, 3.000 ayudas de 400 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 24 años en el paro;

la Beca 6.000, la ayuda al estudio en enseñanzas no universitarias más alta de España, cuyos beneficiarios han obtenido un Notable alto, un buen rendimiento por tanto.

las Becas Talentia, que han permitido que más de 400 graduados amplíe estudios en las mejores universidades del mundo;

y el complemento autonómico a las Becas Erasmus (19.000 alumnos beneficiarios).

Por otro lado, la modernización del Sistema Educativo se consigue con programas como Escuela TIC 2.0, que supone que se hayan introducido en las aulas andaluzas más de 600.000 ordenadores o con el fomento del aprendizaje de idiomas.

También con una política de apoyo a las familias, para que no haya conflicto entre el horario laboral y los ingresos y el rendimiento escolar de los hijos. La búsqueda de esta igualdad de oportunidades ha supuesto que no hayamos dado ni un paso atrás en apoyo a las familias, con derechos como la gratuidad de los libros de texto, la extensión en la gratuidad del transporte escolar, la ampliación del Plan de apertura o la apuesta por el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 2 años.

El incremento del profesorado ha sido una de las apuestas del Gobierno andaluz. Casi 6.100 profesores se han incorporado al sistema andaluz.

Problemas comunes. Respuestas distintas.

Hemos aprobado complementos para sostener la capacidad de renta y el consumo e impedir que a los efectos más negativos de la crisis, se les sumara una pérdida de derechos sociales.

Esta opción política se manifiesta, en primer lugar, en los recursos económicos destinados a políticas sociales y, en segundo lugar, en la ampliación de derechos que han abierto nuevas leyes.

Como andaluz y como les ocurre a la mayoría de nuestros conciudadanos, me siento muy orgulloso de nuestro sistema de salud público y universal. En Andalucía creemos que es posible mantenerlo, y frente a los retrocesos de otros lugares de España, en Andalucía estamos dando una respuesta distinta pero pragmática.

No cerramos los ojos a los problemas de financiación ni acrecimiento de los costes de nuestro SNS. Y en este terreno del ajuste sin merma de derechos, Andalucía tiene una experiencia acumulada que bien puede calificarse de ejemplar.

Hemos adoptado decisiones que podrían trasladarse a toda España para consolidar en el futuro nuestra sanidad pública. Me refiero a medidas aplicadas con éxito en el uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo; o la subasta de medicamentos. Me refiero también a ahorros generados en una mayor implantación de la atención primaria, un modelo que ahorra costes y mejora la salud de la población. Me refiero a la alta resolución, a la cirugía mayor ambulatoria, a la receta electrónica.

Un camino interesante que permite ahorros que no repercuten en una peor atención o en un mayor coste para el paciente. Muy al contrario, la legislatura ha servido para reforzar el catálogo de prestación de servicios, sin suspender ni abandonar ninguno de ellos.

Una sanidad pública, de calidad, de todos y para todos, es posible. En Andalucía la tenemos.

Hemos promovido y completado un marco normativo extenso en derechos para estas personas. La Ley del lenguaje de signos; la de Autonomía Personal y protección de las personas dependientes aprobada por un gobierno socialista, de la misma forma que en etapas anteriores otros gobiernos socialistas aprobaron también las leyes de educación, de sanidad, y de pensiones no contributivas; es decir los pilares de nuestro modelo social.

Andalucía ha consolidado su liderazgo en la atención a los dependientes, tras dedicar la Junta más de 4.000 millones de euros de inversión desde que se comenzó a implantar el Sistema en 2007.

Además, aquellos pensionistas con pensiones más bajas han visto incrementados, entre un 24 y un 31%, los complementos que reciben de la Junta de Andalucía para sostener su capacidad de renta.

La atención a las personas de mayor edad no se agota en el terreno de las ayudas o las pensiones. Andalucía ha hecho la mayor apuesta de España por el Envejecimiento Activo.

Durante esta Legislatura, el Gobierno andaluz se ha esforzado en una reforma institucional de amplio calado.

En primer lugar, hemos trabajado para dar respuesta a las demandas históricas de los ayuntamientos andaluces, que solicitaban, desde el inicio de la democracia, un mayor protagonismo en la estructura administrativa del Estado y sobre todo, un papel relevante a la hora de tomar decisiones respecto a los asuntos de interés municipal.

Así, se han aprobado las llamadas leyes locales: la Ley de Autonomía Local y la Ley de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. Únicas en el territorio español.

Dos leyes que, además de abrir las puertas a un nuevo modelo de descentralización política, han servido para mejorar la financiación incondicionada de los ayuntamientos en una época de dificultades financieras extremas.

Así, el Fondo de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma ha multiplicado casi por cuatro los recursos incondicionados de los Ayuntamientos.

Respecto a la Leyes Locales, son, quizás, las más trascendentes de las 42 iniciativas legislativas que ha tomado el Gobierno a lo largo de la presente Legislatura. Un conjunto normativo del que, más del 60%, han venido a desarrollar preceptos contenidos en el Estatuto de Autonomía.

Y déjenme que les destaque un hecho que me parece relevante. Menos de la mitad de las Leyes aprobadas en el Parlamento lo han sido sólo con la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Socialista.

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha procedido a reformar el Sector Público andaluz en la dirección de una mayor eficiencia y transparencia.

Nuestro modelo de Sector Público presentaba ya síntomas de ineficiencia, por lo que procedimos a su reforma. Además, en marzo de 2010, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, acordó con todas las comunidades proceder a reducir las empresas públicas como medida que favoreciera la consolidación fiscal.

Curiosamente, la misma petición que se ha cursado en el primer CPFF convocado por el Gobierno del Sr. Rajoy. Pero Andalucía ha dado un paso adelante. Y es que las reestructuraciones impulsadas por otras CCAA no han tenido la ambición de la desplegada en Andalucía.

Quiero resaltar las dos Leyes surgidas del Parlamento que responden a la intención de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la ciudadanía con medidas como:

La supresión de cualquier privilegio que puedan tener atribuidos los cargos públicos en Andalucía.

Incompatibilidad para percibir otras retribuciones.

Favorecer la dedicación exclusiva de los cargos públicos.

Y el fortalecimiento de la iniciativa legislativa popular, de manera que la ciudadanía andaluza pueda tener un cauce de participación más vigoroso a través de lo que hemos llamado "Escaño 110".

La organización Transparencia Internacional ha situado a Andalucía como líder de las comunidades autónomas en su último índice global de transparencia.

La corrupción es uno de los problemas comunes de las distintas instituciones públicas. La democracia tiene instrumentos suficientes para corregirla y creo que así lo hemos hecho desde el Gobierno andaluz.

Transparencia y colaboración que han sido los valores que han guiado la actuación de la Junta de Andalucía al hacer frente a cualquier uso fraudulento de fondos públicos.

Déjenme que les recuerde algunos hechos que singularizan nuestra actuación en este asunto:

Hemos tenido la iniciativa en la denuncia. Investigamos, denunciamos y nos erigimos en parte acusadora. Colaboración activa con la justicia.

Quiero recordar que, durante los casi 30 años en los que los ciudadanos han confiado en el partido socialista para gobernar esta región, no ha habido ni un solo alto cargo sancionado por irregularidades en el uso de fondos públicos.

Desde aquí he de defender que la Junta de Andalucía está conformada por funcionarios, empleados públicos, personal laboral y personal eventual trabajadores con vocación de servicio público. Nuestra confianza es tal en ellos, que hemos puesto a un grupo de funcionarios independientes liderando los grupos de trabajo para hacer llegar al juzgado expedientes, órdenes y toda aquella información requerida por éste o que han entendido que podía resultar de interés.

Nuestro objetivo como Gobierno responsable que somos es que los responsables en el modo y forma que decida la Justicia devuelvan a las arcas públicas, a los andaluces, todo el dinero que se hayan podido usar de manera fraudulenta y que además esa misma Justicia sentencie a los culpables de uso fraudulento de fondos públicos.

Porque corrupto es el que lo hace, y no distingo entre corruptos de un partido y de otro. Problemas comunes. Respuestas distintas.

Austeridad continuada, no solo en época de crisis, y una nueva fiscalidad progresiva y socialmente más justa. Puede cumplirse con la estabilidad sin menoscabar nuestra competitividad, sin hipotecar el futuro mejor que propicia la investigación, el desarrollo y la innovación. No vamos a renunciar a nuestras convicciones.

Nuestra actuación de estos años difíciles ha prestado atención a los problemas reales y actuales de las familias andaluzas, pero al mismo tiempo está reforzando las bases de nuestro modelo económico y social.

El futuro lo vamos a decidir entre todos. El futuro se sostendrá en las decisiones que tomemos ahora. Estoy convencido de que, en Andalucía, hemos escogido el mejor camino posible.

Los años venideros consolidarán nuestro sistema sanitario de forma sostenible, con calidad, sin escatimar esfuerzos públicos en el bien más importante para todas las personas que es la salud.

Los años venideros nos permitirán recoger los frutos y seguir ampliando nuestro techo educativo.

Los próximos años serán decisivos para avanzar en competitividad si seguimos apostando por la innovación, por las tecnologías, por el conocimiento y por la igualdad de oportunidades.

Las leyes y programas que hemos aprobado en esta legislatura harán posible que sectores poderosos de nuestra economía avancen y nos permitan liderar la industria agroalimentaria española y europea, liderar la industria turística, liderar la industria cultural, la aeronáutica y la de las energías renovables.

Hemos fortalecido nuestro sistema de protección social, y con problemas como el del desempleo no hemos podido ganar la batalla, pero hemos puesto la base para el crecimiento económico.

Mi gobierno está dispuesto a seguir defendiendo y haciendo realidad una respuesta distinta y mejor a los problemas comunes que la crisis nos ha planteado. Lo estamos haciendo y tenemos capacidad, convicciones y talento para seguir haciéndolo.