El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha instado al Gobierno central a que elimine las restricciones al gasto del superávit de los ayuntamientos, a que redefina el concepto de inversiones financieramente sostenibles y a que amplíe el destino del gasto a actuaciones de impulso y desarrollo del empleo y de la actividad empresarial.

En comisión parlamentaria, el vicepresidente ha manifestado que no se entiende que las entidades locales andaluzas tuvieran un superávit en 2016 de 1.593,6 millones de euros y sólo hayan podido destinar a inversiones y, por tanto, a crear empleo, 115,24 millones de esa cantidad, "debido a las restricciones que pone el Gobierno de España".

En su intervención, el vicepresidente ha lamentado la repercusión y efectos que las leyes Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEFSP) y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) están provocando en las entidades locales andaluzas.

Sobre esta última, ha señalado que "supone una pérdida de autonomía y autogobierno" y una "amenaza al desarrollo de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), así como de otras leyes sectoriales del marco jurídico del que se ha dotado esta comunidad". En este sentido, ha recordado como la Junta se opuso a ella "desde el minuto uno" por lo que la "recurrimos ante el Tribunal, a la vez que intentamos contrarrestarla mediante la aprobación del decreto ley que blinda el carácter de propias de las competencias locales".

Según ha indicado, gracias a este recurso se consiguió que el Tribunal Constitucional eliminara numerosos preceptos, además de interpretar convenientemente otras disposiciones. Sin embargo, ha señalado que, a pesar de esta modificación normativa y la rectificación que representó, "esta solución solo ha supuesto un parche y no una respuesta definitiva al problema de fondo, que no es otro que garantizar a las administraciones públicas la capacidad para desarrollar una actividad pública acorde a su ámbito competencial".

De hecho, ha indicado que existen ciertas demandas y necesidades ciudadanas que no pueden ser atendidas con superávit de las entidades locales en virtud de la actual redacción de la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Haciendas Locales.

Superávit en el 97% de los ayuntamientos

A este respecto, ha indicado que, según los datos de la liquidación 2016, el 97% de los ayuntamientos andaluces se encuentran en superávit presupuestario. En términos absolutos esto significa que, de 778 ayuntamientos de Andalucía, 753 publican su información referente a la liquidación 2016, y, de éstos 720 se encuentran en superávit presupuestario, y 33 presentan déficit.

El vicepresidente ha informado de que el superávit agregado de los ayuntamientos y diputaciones andaluzas asciende a 1.593,6 millones de euros, de los que 359,9 millones de euros corresponden a las ocho diputaciones andaluzas y 1.233,6 millones de euros a los ayuntamientos.

Asimismo, ha explicado que, con los datos de la liquidación 2016 y a nivel de toda España, el superávit esperado para los que pudieran realizar inversiones financieramente sostenibles y que han aportado sus datos, se sitúa en 5.148,37 millones de euros.

Sin embargo, ha indicado que, al considerar que la previsión de cierre de 2016 operase como límite para determinar el importe que se podía destinar a inversiones financieramente sostenibles, el importe quedaba reducido a 2.735,71 millones euros, sin incurrir en déficit en 2016, y 402,98 millones a amortizar deuda.

Asimismo, ha indicado que, en la liquidación de 2016 han comunicado inversiones financieramente sostenibles 1.167 entidades -1.133 municipios y 34 diputaciones provinciales-, por lo que el importe total en inversiones financieramente sostenibles aprobado es de 717,76 millones, de los 2.735,71 que podrían haber destinado, lo que supone tan sólo un 26,24%. Igualmente, ha señalado que, de estos 717,76 millones de euros, 407,59 millones, un 56,8%, corresponden a los municipios y el resto 310,17 millones de euros, a actuaciones de las diputaciones provinciales.

El vicepresidente ha explicado que, por comunidades autónomas, Andalucía ha comunicado un total de 84 proyectos de inversión por un importe de 115,24 millones de euros, lo que representa el 16% del total del Estado. De estos proyectos, 77 corresponden a ayuntamientos, con un importe de 29,31 millones (7,2% del total del Estado), y siete a proyectos de diputaciones provinciales, con un montante de 85,93 millones (lo que representa el 27,7% del conjunto del país).

De tales datos, ha subrayado que son las diputaciones provinciales las que en Andalucía han asumido en mayor medida el esfuerzo inversor, respecto de los municipios. Entre las diputaciones, ha destacado la de Sevilla con 36,8 millones de euros y la de Málaga con 24,1 millones de euros. Además de Andalucía, "que se sitúa en primer lugar", ha señalado que las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura, también han asumido en mayor medida el esfuerzo inversor respecto de los municipios.

Junto a ello, ha señalado que los programas de inversión ejecutados en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana han sido los de mayor magnitud financiera, en términos de importe medio, así como que las inversiones destinadas a vías públicas y gestión del patrimonio son las que han predominado.

En su intervención, Jiménez Barios ha lamentado la visión exclusivamente economicista que por parte del Gobierno central se viene aplicando al conjunto de administraciones pero, en especial, a las entidades locales que no pueden prestar unos servicios públicos de calidad y la atención a la ciudadanía.

El vicepresidente ha manifestado su "satisfacción aunque con bastante prudencia" a la disposición del Gobierno central de  satisfacer las demandas de la FEMP y de la FAMP de que los ayuntamientos puedan hacer uso del superávit que registren en 2017, así como a ampliar las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Para el vicepresidente "esta medida llega tarde"y ha manifestado que" espera que no sea un nuevo parche".