El Consejo de Gobierno ha acordado, como primera medida de su andadura, encargar a la Intervención General de la Junta de Andalucía que incluya en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría para comprobar la correcta distribución de competencias entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus fines.

Esta primera actuación, que se desarrollará sobre 12 agencias públicas empresariales, tendrá un carácter prioritario sobre el resto de acciones recogidas en el Plan de Control Financiero. La Intervención General ultimará un informe provisional en un plazo de 45 días tras la aprobación del citado Plan.

Con el actual acuerdo, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) serán las agencias objeto de este primer análisis.

Esta actuación tendrá un carácter prioritario dentro del Plan de Control Financiero de la Junta.

Asimismo, ha acordado encargar a la Cámara de Cuentas de Andalucía la elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.

Se trata, en definitiva, de poner en marcha los primeros trabajos necesarios para contar con evaluaciones previas que permitan diseñar y ejecutar un modelo de supervisión continua de las entidades dependientes de las consejerías y evitar así la existencia de duplicidades innecesarias, a fin de reducir o reorientar el gasto superfluo en la financiación de los servicios esenciales.

En este futuro modelo de supervisión cobrará gran relevancia el papel de control de cada consejería sobre la actividad de sus entidades adscritas y el cumplimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos.