La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado en el Pleno del Parlamento la puesta en marcha de un plan de choque para la Renta mínima de inserción social que sirva para afrontar a medio plazo la situación de emergencia social y el incremento de la pobreza y la desigualdad en Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. La próxima incorporación de 162 trabajadores y trabajadoras a 55 municipios para complementar la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS) apoyará esta iniciativa en favor de las familias andaluzas más vulnerables.

Durante su comparecencia, Ruiz ha invitado a los grupos parlamentarios a formar parte de la reconstrucción de Andalucía en la Comisión de Igualdad a través de un grupo de trabajo en el ámbito de las competencias sociales: "Dentro de la dificultad para realizar previsiones de crecimiento por la enorme incertidumbre existente, los distintos grupos de estudio y organismos pronostican para nuestro país su peor crisis socioeconómica desde la guerra civil. La estrategia del Gobierno andaluz ha pasado por una primera urgencia para no dejar a nadie atrás, sin olvidar planificar y actuar en un escenario a medio y largo plazo con el fin de mejorar y modernizar la gestión de los servicios sociales en nuestra comunidad".

Para ello, la ampliación de la ERACIS, con una inversión de 22,4 millones de euros de los cuales 17,9 son financiados por el Fondo Social Europeo, supone un impulso a la atención en los servicios sociales. Asimismo, se ha cerrado un plan para dotar de personal a las delegaciones territoriales de la Consejería con el fin de solventar el colapso y los retrasos que sufre en las provincias la gestión de la renta mínima y de las pensiones no contributivas. "No podemos consentir que haya quien atraviese un calvario por culpa de la Administración", ha sentenciado la consejera.

Por otro lado y con el mismo propósito, Rocío Ruiz ha informado de que su departamento, junto con las consejerías competentes en Empleo, Hacienda y Economía, "ya trabajan en el diseño y desarrollo de un plan especial de inserción sociolaboral destinado a colectivos vulnerables y víctimas de la crisis del Covid-19. Una iniciativa que busca dar empleo a personas que se ha visto abocadas al paro de manera abrupta".

Paralelamente al desarrollo del plan de desescalada que aprobará la Junta de Andalucía de manera inminente, la Consejería de Igualdad trabaja junto con la de Salud para la puesta en marcha de una estrategia sociosanitaria que impulse un nuevo modelo de atención residencial. "Para ello, se fomentarán los cuidados intermedios, lo que mejorará la atención a los pacientes potencialmente cronificables y se constituirá como un motor generador de calidad de vida y de empleo", ha señalado la consejera.

Respecto a los centros residenciales, Ruiz también ha informado del aumento de 200 plazas para personas con discapacidad durante este mismo año: "Fue nuestro compromiso y lo mantendremos contra viento y marea".

La nueva Orden del servicio de ayuda a domicilio tras trece años de parálisis en el sector, un plan contra la trata de mujeres con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y una guía de conciliación para que las mujeres no sufran doblemente las consecuencias de la crisis son otras iniciativas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en un segundo periodo tras la fase más aguda de la pandemia por coronavirus.

Por otra parte, la Consejería ya trabaja en la convocatoria de las líneas de subvenciones autofinanciadas, de entre las cuales ya están puestas en carga las correspondientes a discapacidad, mayores y mujeres. Así como la convocatoria de las subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), únicamente a la espera de que el Gobierno central defina el montante final y los plazos y características de la convocatoria.

A todo ello se unen otras iniciativas a largo plazo que profundizan en un cambio más estructural de la gestión de los servicios sociales. Por una parte, el desarrollo de nuevos procesos de big data para establecer un sistema de atención a las personas usuarias que conllevará una simplificación administrativa y permita adelantar sus necesidades. Y, por otra parte, la tramitación de unas nuevas bases reguladoras de las líneas de subvenciones y la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería para maximizar el rendimiento de sus recursos.