El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha calificado de "muy mala noticia" la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), al tiempo que ha criticado que "generará universidades de primera y de segunda". Así lo ha expuesto en su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha comparecido para responder a una pregunta relativa a la construcción de nuevas naves en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de San Fernando (Cádiz).

En su intervención, Gómez Villamandos ha subrayado que el nuevo marco legal es "ineficaz, lo complica todo y no soluciona nada", al tiempo que ha añadido que "provocará más incertidumbre en el sistema universitario y aumentará su precariedad, lo que redundará negativamente en la formación". Estas declaraciones reiteran la postura que desde el Gobierno autonómico se ha venido manteniendo en los últimos meses desde la tramitación de ley.

Precisamente, desde la Consejería de Universidad se ha reiterado que la LOSU generará más gastos, pese a contar con menor financiación por parte del Gobierno central. Sólo las modificaciones aprobadas relativas a la figura de ayudante doctor supondrán para las universidades de Andalucía un coste de 20 millones de euros adicionales de forma innecesaria. En una carta remitida al ministro de Universidades, Joan Subirats, Gómez Villamandos ya alertaba de ello, a la vez que le exigía financiación para afrontar el sobreesfuerzo que implica para las comunidades cumplir con los requerimientos contenidos en la norma. Según ha advertido, se creará un escenario en el que una comunidad invierta mucho mientras otra invierta menos, generando así universidades a dos velocidades.

Por otro lado, el Gobierno regional ha denunciado la falta de consenso y de diálogo que ha caracterizado al diseño y tramitación de la LOSU, asegurando que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y el resultado es una ley que no satisface a nadie: ni a rectores, ni a buena parte de las comunidades autónomas, ni a gran parte de la comunidad universitaria. El consejero de Universidad ha apuntado en numerosas ocasiones que se ha perdido la oportunidad para llevar a cabo una reforma capaz de atender las demandas reales de la comunidad universitaria y aspectos como la gobernanza, la transparencia o la rendición de cuentas. Para Andalucía, el nuevo marco legal no facilita a las universidades ser más europeas y se olvida de la internacionalización de estas instituciones académicas y del alumnado. En ese sentido, únicamente se regula su representación dejando atrás cuestiones clave como movilidad, sistema de becas, deportes o cultura.

Asimismo, la Consejería ha defendido que la LOSU se queda corta para el potente sistema universitario andaluz y perjudica su proyección futura. Al respecto, ha subrayado que Andalucía y sus universidades necesitan una ley que afronte sus retos actuales y de futuro, no una ley que las siga viendo como instituciones del siglo pasado.