El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta que aprobó el plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta a partir del 18 de mayo, y que, posteriormente, fue ratificado por unanimidad de la Mesa Sectorial de Negociación del personal funcionario y de la Comisión del VI Convenio Colectivo del personal laboral.

Todas las organizaciones sindicales, SAF, CSIF, ISA, UGT y CCOO, representantes del personal funcionario, y UGT, CCOO, CSIF y USTEA, del personal laboral, han aprobado en su totalidad el acuerdo, que resulta aplicable al personal de todas las consejerías, delegaciones territoriales y delegaciones del Gobierno, y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial.

El proceso de reincorporación ya se inició el pasado 13 de abril, cuando se reincorporó el personal alto cargo y eventual, así como aquel cuya presencia es imprescindible para los servicios esenciales establecidos en la Orden de 15 de marzo de 2020.

A partir de ahora, de acuerdo con el calendario que se ha acordado y que está sujeto, en todo caso, a la situación de evolución de la pandemia de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias competentes, comenzará la reincorporación del resto del personal, pero combinando el trabajo presencial con el teletrabajo.

Se han previsto los criterios a tener cuenta para determinar la modalidad de trabajo en cada supuesto, así como medidas que van a permitir la flexibilización de horarios y jornada laboral. Y se aplicarán todas las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales necesarias para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio.

Con estos criterios, en una segunda fase, prevista desde el 18 de mayo, se incorpora al trabajo presencial prioritariamente el personal de prevención de riesgos laborales y de sectores estratégicos para la recuperación socioeconómica (por ejemplo, licencias urbanísticas o fondos europeos), con el máximo del 10% de la plantilla total, a excepción de determinados sectores críticos, que previa negociación, se iniciarán con un 30%.

A partir del 25 de mayo, si se activa la fase 2 del Plan estatal de transición a la nueva normalidad, comenzará la tercera fase, iniciándose la atención a la ciudadanía presencial, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de todos los requisitos de prevención de riesgos laborales y con la implantación progresiva del sistema de cita previa. Asimismo, se aumentará la presencialidad hasta un máximo del 50%.

La cuarta fase, que se iniciará con la entrada en la fase 3 del Plan estatal, continuará con la incorporación progresiva hasta un máximo del 70% del personal. Y la última fase, cuando se alcance la nueva normalidad, en la que se determinará el porcentaje de personal que deba incorporarse presencialmente.

Medidas específicas

El acuerdo incluye medidas específicas de flexibilidad para atender las necesidades de las personas con menores de 14 años y personas dependientes a su cargo, así como para la protección de quienes estén incluidos en los grupos de riesgo, que sólo se incorporarán a la actividad presencial previa evaluación individualizada por los servicios de prevención de riesgos laborales de su situación personal y laboral.

También incluye la realización de test a los empleados públicos con sintomatología relacionada con el Covid-19 o que hayan estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad. Asimismo, se realizarán los test al personal que, atendiendo a la actividad realizada y al puesto desempeñado, mantenga un contacto estrecho y directo con los ciudadanos. En este sentido, se ha concluido con el compromiso de avanzar en la generalización de los test a los empleados públicos, en el contexto de los protocolos de prevención de riesgos laborales aplicables.

Desde el inicio del estado de alarma, la Administración andaluza ha continuado prestando servicios, tanto de forma presencial, en los casos necesarios para el mantenimiento de los servicios declarados esenciales (es la situación, por ejemplo, de determinadas oficinas de registro), como a través de modalidades de trabajo no presencial.