El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre el Proyecto de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, presentado por el Gobierno central el pasado 13 de abril.

Andalucía ha cumplido con los plazos y exigencias. El pasado mes de octubre se creó la Oficina Next Generation, dirigida por el vicepresidente, que validó, apenas dos meses después, 151 proyectos por importe de 35.000 millones de euros para que fueran incluidos en el Plan Nacional de Recuperación. Sin embargo, a día de hoy aún no se tiene ninguna noticia al respecto.

La metodología de trabajo se inició con la recepción de proyectos de dentro y fuera de la Junta de Andalucía por la Dirección General de Fondos Europeos. A continuación, se asignaron al grupo de trabajo correspondiente y, finalmente, se remitieron a la Oficina Next Generation.

La Junta de Andalucía considera imprescindible que el Gobierno de España propicie un compromiso global con las comunidades autónomas para el reparto de estos fondos europeos. Considera que no ha existido ni comunicación ni información a la hora de la redacción del Plan de Recuperación.

El Gobierno andaluz ha hecho reiterados llamamientos para la convocatoria del órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades, pero no ha habido respuesta alguna desde el pasado 21 de enero.

El informe del vicepresidente ha detallado que cualquier retraso en la llegada de los fondos europeos de recuperación a las comunidades autónomas podría suponer un impacto negativo de 1,3 puntos en el Producto Interior Bruto (PIB).

El Plan Nacional de Recuperación prevé la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026 en España, con una fuerte concentración de las inversiones y reformas en la primera fase del plan, que cubre el periodo 2021-2023.

Por ello, se centra en detallar las inversiones que se desplegarán en el periodo 2021-2023, por un total cercano a los 70.000 millones de euros, destinados a la transformación verde (39,1%) y digital (29%), la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio (14,4%).