El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado este jueves en el Parlamento que su Consejería va a invertir 2,8 millones de euros para dotar de personal las 12 nuevas unidades judiciales en Andalucía, cuya puesta en marcha estaría prevista para el 31 de diciembre, aunque depende de la publicación de un decreto del Ministerio con su aprobación.

Según ha explicado Juan Marín en comisión parlamentaria, para decidir los nuevos órganos judiciales se ha tenido en cuenta los datos de carga de trabajo y las necesidades evidenciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En concreto estas unidades son: cuatro plazas de magistrado para la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz (Civil), la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba (Penal), la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga (Civil) y para la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla (Penal); además de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Arcos de la Frontera y número 4 de San Fernando, ambos en Cádiz; el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Málaga; los juzgados de lo Social número 8 de Granada, 13 de Sevilla y 14 de Málaga; así como los de lo Mercantil número 2 de Almería y número 3 de Málaga.

"Estimamos que a lo largo de este mes de octubre pueda ser suscrito por la ministra de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, para su puesta en funcionamiento antes del 31 de diciembre", ha explicado el vicepresidente.

En cuanto a la dotación de personal prevista para su puesta en funcionamiento, serán 79 nuevos puestos (22 gestores, 41 tramitadores y 16 de auxilio), con un coste estimado de 2,8 millones de euros. A esto hay que sumar más de 382.000 euros que se han invertido entre mobiliario y adecuación de los espacios necesarios.

Marín ha incidido en que "aunque se proceda a la creación de nuevas unidades judiciales ante la carga de trabajo existente sigue siendo necesario, un mayor incremento, así como el nombramiento de más jueces de refuerzo", y ha recordado que por parte de la Consejería de Justicia "se solicitaron 20 juzgados, pero el Ministerio ha autorizado 12".

Las nuevas oficinas fiscales

Por otro lado, ha anunciado que el despliegue y puesta en funcionamiento de todas las oficinas fiscales de Andalucía "está previsto ejecutarlo durante el año 2022", salvo la de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya puesta en marcha será en 2023. "Es decir, pasaríamos de tener en funcionamiento dos oficinas fiscales al inicio de la legislatura, a terminar la misma con la práctica totalidad desplegadas", ha asegurado. Marín ha explicado que este despliegue lleva aparejado un incremento de plantilla, con 12 funcionarios más (8 puestos de Auxilio, 3 tramitadores y un Gestor), así como la consolidación de otros 12 puestos que en la actualidad están ocupados por interinos de refuerzo (9 tramitadores, 2 puestos de Gestión y un de Auxilio).

La puesta en marcha de la nueva Oficina Fiscal en Andalucía se inició en diciembre de 2017 con la implantación de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas y posteriormente, en enero de 2018, la Fiscalía Provincial de Sevilla. Estas eran las únicas que funcionaban, hasta que el pasado 13 de octubre, comenzó la andadura de la nueva Oficina Fiscal de Córdoba.

Según ha explicado el vicepresidente, con la llegada del nuevo Gobierno se activó la tramitación de la normativa de las oficinas fiscales de las fiscalías provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga; también las de Área de Algeciras, Marbella y Jerez de la Frontera; y la de Oficina Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

Igualmente, se ha procedido a revisar la dotación de personal a las necesidades reales de la plantilla, por lo que en la Oficina Fiscal de Dos Hermanas se creará el puesto de Secretaría Personal, que inicialmente no estaba previsto. "Avanzamos en la implantación de las Oficinas Fiscales de Andalucía, que mejorará los servicios que se presta a los ciudadanos en el acceso a la Justicia", ha concluido el vicepresidente.