Los servicios de Inspección Urbanística de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio han evitado la construcción de una urbanización ilegal en suelo no urbanizable en el municipio sevillano de Alcolea del Río. Así, se ha llevado a cabo la demolición de una edificación sin terminar con tipología de vivienda para evitar que en este paraje surja un nuevo núcleo de población. Esta demolición se enmarca en el refuerzo de la labor inspectora por parte del Gobierno andaluz, que ha triplicado las actuaciones en materia de disciplina urbanística en esta legislatura: de las 557 efectuadas en 2018 se ha pasado a 1.654 actuaciones en lo que va de año.

La demolición se llevó a cabo el pasado lunes 29 de noviembre a las 10.00 horas, bajo la supervisión de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía y con la presencia de la Policía Autonómica. Esta intervención se desarrolló sin incidentes, después de que los propietarios de la edificación ilegal prestaran su consentimiento para la entrada en la parcela.

No es la primera vez que se actúa en esta zona de Alcolea del Río. En diciembre de 2020, hace un año, ya se ejecutó la demolición de otra edificación. Además, se procedió, por parte de varios propietarios, a la autodemolición de otras construcciones de la zona, una vez recibieron las órdenes de demolición. Para evitar nuevos casos en esta zona, la Administración autonómica está imponiendo multas coercitivas para conminar al cumplimiento de las resoluciones de demolición.

Esta demolición tenía como objetivo evitar que en este paraje surja un nuevo núcleo de población, por el riesgo que provoca en la salud y seguridad de las personas, así como por el impacto medioambiental que suponen estas actuaciones ilegales.

La demolición en Alcolea del Río supone un ejemplo más del esfuerzo realizado a lo largo de esta legislatura para reforzar e incrementar la labor inspectora y garantizar la ejecución de la disciplina urbanística. En tres años, la Junta de Andalucía ha triplicado el número de actuaciones contra la aparición de irregularidades urbanísticas. Frente a los 557 actuaciones de 2018 y tras dos ejercicios de continuo incremento, en lo que va de año se han contabilizado 1.654 actuaciones.

Además, se han multiplicado por casi cinco las actas de inspección: de 164 de 2018 a 750 actas en el presente ejercicio. En línea con estos números, se han contabilizado 554 expedientes de investigación o denuncias este año, un dato que duplica las 263 que se acometieron en 2018.

Este cambio de tendencia también se ha visto reflejado en el precinto de edificaciones que han impedido la formación de nuevos núcleos residenciales en suelo no urbanizable. Sólo en 2021 se han precintado 45 edificaciones en construcción, destacando actuaciones llevadas a cabo en la Línea de La Concepción y Arcos de la Frontera. Igualmente, se han abierto 60 expedientes de protección de legalidad urbanística, casi el triple que en 2018, que tienen por objeto parcelaciones urbanísticas y edificaciones sin licencia en ámbitos donde hay riesgo que se puedan producir nuevos asentamientos.

Por último, se han producido 179 expedientes sancionadores frente a los 25 de 2018. La cuantía de las multas impuestas ronda los cuatro millones de euros, entre las que figuran los casi 900.000 euros a un proceso de parcelación con 133 subparcelas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) o los más de 600.000 euros impuestos a parcelaciones irregulares en El Palmar, en el término de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Ese aumento de inspecciones ha sido posible gracias a la labor coordinada y conjunta del equipo de inspección de esta Consejería con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como con el uso de nuevas herramientas tecnológicas como la ortofotografía digital o a la coordinación con el poder judicial.