La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en funciones, Rocío Ruiz, ha celebrado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 "se sume a la línea de trabajo realizada por el Gobierno andaluz durante los últimos cuatro años para acabar con los asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras existentes en provincias como Huelva o Almería", y a la que se han destinado más de 20 millones de euros para actuaciones junto a entidades locales y del Tercer Sector. A esas acciones se suma ahora un Protocolo General de Actuación, suscrito entre la Junta, el Gobierno central y los ayuntamientos de Lepe y Moguer, para promover soluciones residenciales alternativas al chabolismo y medidas de integración socio laboral en ambos municipios.

"Es fundamental que ambas administraciones trabajemos a la par y de la mano para poner fin a un problema estructural muy complejo de la infravivienda, que requiere compromiso y acciones decididas como este acuerdo, para acabar con la situación indigna que vivimos en algunos lugares de España con la población trabajadora del campo", ha justificado, "porque no se trata solo de poner recursos, sino que hay que mantenerlos, sostenerlos, hacer seguimiento y evaluación para que den resultados".

Para Ruiz, "con este protocolo de actuación volvemos a comprobar que las grandes políticas, las verdaderas políticas que tienen que redundar en el beneficio de las personas más vulnerables se hacen con consensos, pactos, con acuerdos, hablando dialogando y escuchando", ha destacado.

Ruiz ha recordado que su departamento, a través de la Dirección general de Servicios Sociales, "no ha cesado de apoyar el trabajo de las entidades que atienden a las personas migrantes en Andalucía, destinando más de 20 millones de euros durante esta legislatura para financiar políticas de atención a las personas migrantes en nuestra comunidad", principalmente en Almería y Huelva, provincia en la que se ejecutaron cerca de 11,3 millones.

"Desde el primer momento quisimos poner un remedio a esta situación para darle dignidad a estas personas, tal como ha solicitado el relator especial de las Naciones Unidas tras su visita a la zona y se recoge en la Agenda 2030 para lograr una mayor igualdad y paliar las brechas económica, social y ambiental", ha subrayado. La consejera en funciones ha detallado que esos fondos se han desarrollado a través de subvenciones a entidades privadas y locales para diferentes programas dirigidos a personas inmigrantes y acciones específicas de atención a los asentamientos de temporeros. Ruiz ha destacado asimismo el apoyo que se ha brindado al trabajo de entidades como Cruz Roja, Accem, Cepaim, Andalucía Acoge, Fecons, Asnuci, Codenaf, Inserta Andalucía, Cáritas o Mujeres en Zonas de Conflicto, que atienden a las personas migrantes sobre el terreno en la costa occidental de Huelva.

El convenio suscrito se sustenta sobre las propuestas presentadas recientemente tanto por la Consejería de Igualdad como por diversas entidades locales y asociaciones de la provincia. De esta forma, las administraciones central y regional establecen un marco de colaboración para el fomento de la construcción o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares. De manera inicial el objetivo es promover nuevos albergues y soluciones de alojamiento destinados a las personas temporeras y para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial.

Facilitar la integración residencial y sociolaboral

Asimismo, el acuerdo establece el compromiso de la Junta de Andalucía y el Ministerio para facilitar la integración residencial y socio laboral de las personas residentes en asentamientos irregulares, en su mayor parte de origen extranjero. Los esfuerzos se focalizarán en la puesta en marcha de programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitan una transición hacia modelos residenciales sostenibles e integradores en el tiempo.

En este sentido, este protocolo de acción se plantea como reto la consolidación de modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o para otros procesos de regeneración urbana, ya sea en otros municipios o incluso en otras Comunidades Autónomas.

En concreto, el acuerdo suscrito pone el acento en dos proyectos presentados por los Ayuntamientos de Lepe, en este caso canalizado a través de la Consejería, y el de Moguer en las reuniones mantenidas en los últimos meses. En el caso de Lepe, se prevé destinar una parcela de suelo no urbanizable de titularidad municipal para la construcción de diversos alojamientos con capacidad para 144 personas temporeras y servicios complementarios de ocio, deporte, formación y transporte.

Por su parte, en Moguer el Ayuntamiento propone remozar un edificio en zona industrial y ampliarlo con módulos prefabricados para destinarlo a centro de personas migrantes con estancias e instalaciones de servicios generales, con 75 plazas de capacidad en total.