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Andalucía suma 415 nuevas plazas en residencias y centros de día para personas dependientes

Esta ampliación eleva hasta 2.583 el total de plazas para la atención a personas mayores y con discapacidad creadas por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales desde 2019

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ampliado la red de atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía con la creación de 415 nuevas plazas concertadas en residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad. Este incremento se une a las 256 plazas incorporadas a principios de año, lo que supone un incremento de 671 plazas más solo en el año 2022. Así, en los últimos tres años y medio, la Junta de Andalucía ha incorporado 2.583 nuevas plazas, el mayor incremento en una legislatura, para atender a las personas en situación de dependencia, de tal manera que la red financiada por la Junta de Andalucía en centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad se eleva hasta las casi 43.000 plazas.

"Mejorar la atención a las personas más vulnerables en Andalucía, como las personas mayores o las personas con discapacidad, era una cuestión de voluntad, compromiso, gestión y de presupuesto. Que estos eran los ingredientes que faltaban al gran trabajo que siempre han desempeñado los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia", ha resaltado la consejera de Igualdad en funciones, Rocío Ruiz. "En esta legislatura hemos destinado la mayor dotación económica para dependencia en la historia de la comunidad; hemos simplificado trámites, digitalizando muchos de ellos, y agilizado la gestión para que las personas dependientes no tuvieran que esperar para disfrutar de un derecho que les pertenecía", ha resumido, "hemos puesto, en suma, a las personas en el centro de la gestión de la dependencia para escucharlas, entender y atender sus necesidades y demandas".

Según ha explicado, 240 de estas nuevas plazas que se incorporan a la red se destinarán a la atención residencial de personas mayores, de las cuales 215 son plazas concertadas en centros de titularidad privada y otras 25 plazas en centros de titularidad pública. Por otra parte, 175 plazas se destinarán al sector de la discapacidad, de las cuales 125 son para atención residencial y 50 plazas en centros de día para la atención de personas con discapacidad.

Cubrir necesidades de diferentes colectivos

Las nuevas plazas de atención residencial y en centros de día, que se incorporan este año 2022, están destinadas a cubrir las necesidades de los diferentes colectivos de personas en situación de dependencia, con un reparto basado en la demanda de cada una de las tipologías que engloban estos servicios y sujeto a la disponibilidad de plazas acreditadas para cada tipología en las distintas áreas de servicios sociales de las ocho provincias andaluzas.

A través de la figura del concierto social se amplían las plazas concertadas en centros de titularidad privada, en concreto, 390 nuevas plazas. Por otro lado, 25 nuevas plazas de atención residencial se incorporarán a través de la firma de convenios con centros de titularidad pública.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, ha publicado una nueva licitación para la concertación de plazas para el servicio de atención residencial, servicio de centro de día y centro de día ocupacional, para personas con discapacidad y personas mayores. El anuncio de esta licitación fue enviado el 29 de junio al Diario Oficial de la Unión Europea y en estos momentos, se encuentra publicada en el Perfil del Contratante de la Agencia integrado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

El concierto social es un sistema de contratación de servicios para la atención a las personas en situación de dependencia que simplifica los trámites administrativos para facilitar la participación de las empresas y entidades. Se trata de un procedimiento abierto y dinámico en el que se comprueba la capacidad y solvencia de las entidades y la acreditación de los centros de servicios sociales donde se encuentren las plazas.