2020 ha sido el año del agua en Andalucía. El ejercicio que acaba de expirar ha sido clave en el giro de 180 grados en las políticas hídricas que ha impulsado el nuevo Gobierno andaluz desde su llegada al Palacio de San Telmo. En estos dos años de legislatura, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que dirige Carmen Crespo, ha puesto en marcha una batería de medidas que reflejan que el agua es un asunto prioritario en la agenda de la Junta y uno de los ejes sobre los que pivota la Revolución Verde de Andalucía.

Uno de los grandes hitos en la política hídrica ha sido la aprobación en el Parlamento del Pacto Andaluz por el Agua el pasado 17 de diciembre, tras un año y medio de modélica participación social para consensuar un centenar de propuestas. La propia consejera calificaba de "histórica" la jornada vivida en la Cámara autonómica y auguraba que la aprobación del Pacto del Agua "marcará un punto de inflexión en la política hídrica de la comunidad".

De forma paralela a los trabajos para sacar adelante este pacto, la consejería ha realizado un extraordinario esfuerzo inversor para impulsar la depuración de aguas residuales y poner en marcha 300 actuaciones que se habían quedado en dique seco con el anterior gobierno, pese a que en 2010 se habían declarado de interés de la comunidad. Ya en este mes de enero estarán todas activas. Con estos proyectos, además, se trata de poner fin a las millonarias sanciones que impone la Unión Europea por no cumplir con las directrices comunitarias sobre depuración y se abre las puertas a nuevas oportunidades para el aprovechamiento de las aguas regeneradas.

Junto al saneamiento de aguas residuales, el departamento que dirige Carmen Crespo ha dado un paso de gigante para garantizar el abastecimiento en alta, con el objetivo primordial de mitigar los efectos de la sequía en una región especialmente sensible al cambio climático. La declaración de interés autonómico de 17 nuevas infraestructuras hidráulicas en zonas de la comunidad que arrastran problemas de abastecimiento supondrá movilizar 430 millones de euros que se financiarán a través del canon del agua.

Estas actuaciones se llevarán a cabo hasta 2027 y permitirán resolver los problemas de suministro que padecen 215 municipios andaluces donde residen 3,6 millones de personas.

La Junta está implantando en todas las presas de competencia autonómica los planes de emergencia.

Reforzar la seguridad

La restauración y limpieza de cauces también ha sido otro de los pilares de la nueva política de aguas de la Junta. Más de 600 actuaciones dirigidas, no solo a reparar los daños ocasionados por temporales y borrascas, sino a reforzar la seguridad de la población ante posibles inundaciones y avenidas, retirar miles de toneladas de residuos o sembrar plantas autóctonas mientras se erradican especies invasoras. Para ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha cuadriplicado la inversión destinada a estos trabajos que, además, generan empleo verde en las zonas de actuación.

Por último, otro de los puntos fundamentales en la política de aguas es el control de las cuencas hidrográficas intracomunitarias y la seguridad de las presas. La inauguración el pasado 14 de diciembre del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH-Hidrosur) de la Junta en el embalse de El Limonero (Málaga) supone la incorporación de tecnologías de última generación que facilitarán la adopción de decisiones ante situaciones meteorológicas adversas, a fin de garantizar la seguridad de la población.

Gracias a este modernizado SAIH-Hidrosur, los técnicos pueden conocer en tiempo real la situación en la que se encuentran todos y cada uno de los embalses que son competencia de la Junta de Andalucía, los caudales que discurren por los ríos andaluces o la cantidad de agua que debe ser desembalsada en cada momento y en función de diversas circunstancias.

Junto al nuevo SAIH, el Gobierno de Andalucía está acometiendo una inversión histórica que supera los 40 millones de euros para implantar en todas las presas de competencia autonómica los planes de emergencia y renovar todos los sistemas de auscultación de estos embalses.

Esta política de aguas tiene, además, un factor socioeconómico muy importante: conlleva la creación de empleo vinculado al medio ambiente y la generación de riqueza y nuevas oportunidades de negocio. Todo ello cobra ahora una especial relevancia ante la crisis generada por el Covid-19, siendo la ejecución de estos proyectos uno de los cimientos que sustentarán la recuperación económica post pandemia, a través del plan 'Andalucía en Marcha' que contempla una inversión de 940 millones de euros en actuaciones hidráulicas.