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DGTAES-Procedimientos sancionadores derivados de inspecciones a sociedades cooperativas.

Datos básicos

Organismo:

D.G. de Trabajo Autónomo y Economía Social

Responsable del tratamiento:

Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla

Procedimiento asociado:

Finalidad:

Ejercicio de funciones de inspección y control atribuida por las leyes para asegurar el cumplimiento de las mismas.

Interesados:

Personas que presentan una denuncia o que están relacionadas con los poderes de inspección y correctivos de la Administración. Categorías especiales de datos: aquellos aportados o recogidos en la reclamación, en el curso de actuaciones de investigación, o del procedimiento sancionador.

Finalidad:

Ejercicio de funciones de inspección y control atribuida por las leyes para asegurar el cumplimiento de las mismas.

Delegado de tratamiento:

dpd.cciu@juntadeandalucia.es

Datos personales:

DATOS IDENTIFICATIVOS (Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección y firma).

Cesiones de datos:

A los interesados en los procedimientos. A los órganos jurisdiccionales, la Abogacía General del Estado, y Ministerio Fiscal.

Transferencias internacionales:

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Periodo de conservación:

Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Medidas de seguridad:

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Base jurídica:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Legislación correspondiente en las materias de su competencia.