En esta materia destaca, en primer lugar, el Decreto 205/1996 por el que se asignan a la Consejería de Agricultura y Pesca los medios adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura (Fondo Español de Garantía Agraria). Posteriormente, mediante el Decreto 332/1996 se crea el Fondo Andaluz de Garantía Agraria y se le designa como Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la política agrícola común en Andalucía.

También hay que señalar la Orden de 5 de junio de 1996, por la que se aprueba el Reglamento sobre producción agrícola ecológica, y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

La Orden de 26 de junio de 1996 establece los requisitos generales que deben cumplir las Asociaciones que quieran acogerse a la producción integrada y hacer uso de la Marca de Garantía y las Reglas Generales válidas para todas las explotaciones integradas en las Asociaciones.

En materia de Desarrollo Rural, el 12 de julio de 1996 se dictan, por una parte, normas para la aplicación del Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER), aprobado por la UE, que tiene como objetivo esencial impulsar el desarrollo endógeno en aquellas comarcas de marcado carácter rural, con condiciones socioeconómicas desfavorables o con tendencia al despoblamiento. Por otra parte, se dictan normas de desarrollo y ejecución del Decreto 226/1995, por el que se aprueban medidas de ejecución del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía y se crea la figura de los Grupos de Desarrollo Rural, como entidades colaboradoras de la Administración para la ejecución de este Plan y diseñadoras de los Programas de actuación en sus respectivos territorios. Junto a ello, se hacen públicas las subvenciones concedidas a los Grupos de Acción Local con programas de desarrollo rural acogidos a la iniciativa comunitaria Leader II.

Por último, se publica la normativa que regula la concesión de ayudas complementarias al sector de la caña de azúcar, así como las subvenciones concedidas por la ejecución de determinadas obras de interés común a diversas Comunidades de Regantes.

En este ámbito, destaca la publicación en el BOJA del Informe Anual de Fiscalización de las Corporaciones Locales referido al ejercicio 1993.

También se ha publicado la Orden de subvención de la operación de crédito contraída por la Diputación Provincial de Córdoba, para la ejecución de proyectos de obras municipales incluidas en conciertos con el INEM y afectas al Plan de Empleo Rural, y se han aprobado diversas Ordenes de subvenciones a los Ayuntamientos para la mejora de su infraestructura y de equipamientos locales. Asimismo, se ha publicado la Orden que regula la concesión de subvenciones para tipos de interés a préstamos concertados por las Corporaciones Locales, en línea con la política seguida en años anteriores en materia de cooperación y ayuda financiera a Entidades Locales andaluzas.

Se publican las subvenciones concedidas por las Delegaciones Provinciales de Jaén y Granada en base a los programas "Instrumentos de Apoyo a la Creación y Mantenimiento del Empleo" y "Programas de Fomento de Empleo para Minusválidos", de acuerdo con la Orden de 22 de enero de 1996 de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía.

En esta materia se han publicado diversas subvenciones concedidas en virtud de la Orden de 5 de mayo de 1995, sobre desarrollo de medidas de Promoción de Cooperativas.

Por su parte, la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, de conformidad con lo acordado entre la Junta de Andalucía y las Entidades Financieras firmantes del Convenio de 1996, con destino a la financiación de la propia Comunidad, Entes Locales y Pymes, ha resuelto hacer públicos los nuevos tipos de interés de las líneas de financiación.

Por último, la Dirección General de Industria, Energía y Minas publica las subvenciones concedidas a las empresas en virtud del Programa de ayudas para la promoción y desarrollo del sector industrial.

En virtud de la Ley 6/1993 del Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996, se aprueba el Programa Estadístico Anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, que contempla determinadas actividades que ya aparecían en años anteriores por ser de carácter periódico o plurianual y, asimismo, incluye otras nuevas que amplían el número de objetivos a cubrir, previstos en la mencionada Ley.

Destaca por su interés el Decreto 310/1996, de 25 de junio, por el que se dispone la emisión de Deuda Pública Exterior por un importe máximo del equivalente en francos franceses a dieciséis mil seiscientos catorce millones de pesetas para la financiación de inversiones. Mediante la Orden de 4 de julio de 1996 se concretan determinadas condiciones de la emisión. La emisión de Deuda Pública autorizada se realiza en la modalidad de emisión de Eurobonos en francos franceses, con cupón anual pagadero en cada uno de los aniversarios de la fecha de emisión. El vencimiento será en el año 2003.

También hay que destacar la Resolución de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera por la que se lleva a cabo una emisión de obligaciones por importe de diez mil millones de pesetas, a realizar con cargo al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones. Las características de la emisión son: el nominal de las Obligaciones es de 10.000 pesetas, el plazo ocho años, con cupón fijo anual pagadero en cada uno de los aniversarios de la fecha de emisión.

Por último, dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, se realizan varias convocatorias de subasta y se hace público el resultado de la subasta de bonos y obligaciones de 7 de junio de 1996.

En esta materia destaca por su importancia la aprobación del II Plan andaluz de Investigación (PAI). Este nuevo Plan pretende promocionar actuaciones de investigación inducidas por necesidades sectoriales que aborde, de manera interdisciplinar, problemas específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, está estructurado en torno a cuatro grandes ejes:

• Continuar potenciando la Coordinación entre los diferentes departamentos de la Junta de Andalucía y de esta con la administración del Estado y de la Unión Europea.
• Proseguir el apoyo a la investigación de calidad.
• Potenciar la relación entre los centros públicos de I+D y las empresas.
• Fomentar la aplicación práctica de los resultados de investigación.

Destaca el Decreto 153/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, que tiene por objeto desarrollar la Ley 7/94 de Protección Ambiental. El Informe Ambiental valorará las repercusiones ambientales de cada propuesta de actuación y determinará la conveniencia o no de ejecutar la misma, especificando si la actuación propuesta se ajusta o no a la normativa ambiental en vigor y, en caso negativo, se indicarán los preceptos legales o reglamentarios que se incumplen. Este Reglamento será de aplicación a las actuaciones tanto públicas como privadas.

En este ámbito hay que señalar por su importancia la formulación del Plan Económico-Andalucía Horizonte 2000. Una vez concluido el PADE 91-94, el Consejo de Gobierno andaluz ha decidido seguir utilizando la planificación de la actividad económica, con la finalidad de marcar una dirección sólida y duradera al proceso de desarrollo andaluz, que oriente e impulse tanto su acción de gobierno como las actuaciones de los agentes económicos y sociales y de la sociedad en general. El Plan establecerá como principal objetivo el aumento de la capacidad de generación de empleo de la economía andaluza.

Se acuerda la formulación del Plan para el período 1996-2000, y en él se definirán los objetivos, estrategias y líneas de actuación prioritarios de la política económica del Gobierno Andaluz. Se basará en los siguientes principios:

a) participación institucional, mediante la incorporación a la realización del Plan de los agentes sociales y económicos;

b) articulación del desarrollo regional, constituyendo un instrumento básico de referencia para la elaboración de otros planes y programas;

c) operatividad: establecerá unas directrices de acción para los diferentes ámbitos de actuación económica y social de la Comunidad;

d) adaptación: dispondrá de los mecanismos y procedimientos necesarios que permitan rectificar el diseño de los programas;

e) evaluación: incorporará los mecanismos necesarios que permitan su evaluación en relación con los objetivos establecidos.

Hay que señalar la Ley 7/1996 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996. Este presupuesto se define como un presupuesto de transición, puesto que cuando se apruebe por el Parlamento habrá transcurrido ya más de la mitad del ejercicio. Por tanto, debe asumir los resultados derivados de la actividad financiera que se realice hasta su aprobación y de los mecanismos legales de gestión vigentes hasta ese momento.

El Presupuesto mantiene como objetivo prioritario, desde su vertiente económica y social, la generación de empleo, poniendo el énfasis en el impulso a la actividad productiva y a la movilización del capital físico y humano de la Comunidad. Como segundo objetivo, el Presupuesto asegura el mantenimiento de una protección social efectiva, activa y solidaria, a través de la mejora de la calidad de la prestación de los servicios sanitarios, educativos y de atención social. En tercer lugar, se plantea como objetivo prestar singular atención a las necesidades y voluntades concretas que se plantean actualmente en la sociedad andaluza, haciendo especiales esfuerzos por dar respuesta a preocupaciones sociales como la conservación del medio ambiente, los problemas derivados de la drogadicción, la igualdad entre los sexos o la cooperación con los países en vías de desarrollo.

También hay que señalar la publicación de los Resúmenes del movimiento y situación de Tesorería y de las operaciones de ejecución del Presupuesto, correspondientes al primer trimestre de 1996.

Al amparo de la Orden de 22 de enero de 1996, por la que se regulan las ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales para el año 1996, se han publicado numerosas resoluciones concediendo ayudas para:

a) Menores.

b) Drogodependientes.

c) Comunidad Gitana.

d) Grupos con graves problemas sociales.

e) Emigrantes.

f) Inmigrantes.

g) Zonas con especial problemática social.

También se publican las subvenciones concedidas en base al Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía, así como los proyectos de intervención a favor de la Comunidad Gitana dentro del Plan nacional de Desarrollo Gitano.

Destaca la Orden de 2 de agosto de 1996, por el que se desarrollan los aspectos procedimentales y de tramitación de los distintos programas de vivienda del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1996-1999. Asimismo, se ha continuado la publicación de subvenciones concedidas en esta materia.