| El comentario de las principales normas de carácter económico, así como el Anexo legislativo adjunto, está referido a las publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 1 de Marzo hasta el 30 de Junio de 1999. | |
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En el actual proceso de
globalización económica, tanto la agricultura como la pesca se enfrentan
al reto de conseguir una posición competitiva en los mercados nacionales
e internacionales. En esta línea, junto a la puesta en marcha del Plan de
Modernización de la Agricultura y del Sector Pesquero y la ejecución del
conjunto de programas e iniciativas de Desarrollo Rural, el Decreto 68/1999
de 16 de marzo, crea los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, como
distinción a otorgar a aquellas personas que hayan destacado por su trabajo,
actividad o méritos, en el sector primario andaluz, redundando en una mejora
e innovación de los procesos de producción, industrialización y comercialización
de los productos agroalimentarios andaluces.
En el marco del Programa Nacional Anual de Medidas de Ayuda a la Apicultura, aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión C(98)2477 de septiembre de 1998, destaca la regulación y convocatoria mediante Orden de 9 de abril de 1999, de las ayudas destinadas a mejorar la producción y comercialización de miel en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto al sector pesquero, mediante Orden de 4 de marzo de 1999 se establecen ayudas para la aplicación de planes de pesca dirigidos a la protección y recuperación de los recursos que se encuentran en situación de sobrepesca. También hay que destacar que en virtud de las competencias exclusivas en materia de pesca que tiene asumidas la Junta de Andalucía, se establece la Orden de 17 de marzo de 1999, que tiene por objeto desarrollar el Real Decreto 1838/1997, de 5 de diciembre, por el que se regula el inicio de la actividad pesquera y los establecimientos y cambios de puerto base, y determinar las normas para su aplicación en la Comunidad Autónoma. En este ámbito, señalar igualmente la concesión, con carácter excepcional, de la subvención a la Asociación de Armadores Productores de Algeciras, mediante la Orden de 5 de mayo de 1999. |
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En esta materia hay que señalar
el Decreto 62/1999, de 9 de marzo, de modificación del Decreto 284/1998,
de 29 de diciembre, por el que se establecen ayudas económicas complementarias,
de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e invalidez
en sus modalidades no contributivas.
La atención a las personas con discapacidad es uno de los principios que indirectamente queda recogido en nuestra Constitución y sobre el que se ha actuado mediante la promulgación de diversas leyes, tales como la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos, o la Ley 2/1988, de servicios sociales de Andalucía. Con objeto de regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad, hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, se promulga la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. En esta línea de servicios sociales y en orden a la consecución de una sociedad andaluza plenamente solidaria en la que se garantice el derecho de los ciudadanos a una más efectiva justicia social dentro del Estado de Bienestar, el Decreto 61/1999, de 9 de marzo, por el que se crean los Premios Andalucía de Bienestar Social, pretende impulsar, estimular y reconocer la labor de aquellos que trabajan a diario en las distintas áreas del bienestar social. Por último, cabe resaltar el Acuerdo de 22 de diciembre de 1998, sobre la partida presupuestaria 0.7% "Organizaciones no Gubernamentales y proyectos viables de ayuda al Tercer Mundo" a través del cual se acuerda distribuir ayudas económicas a determinados proyectos. |
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El régimen comunitario de la pesca y la acuicultura fija como objetivo general de la política común de pesca, la protección y conservación de los recursos marinos. En virtud de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dicta el Decreto 84/1999, de 6 de abril, por el que se establece el régimen sancionador y de inspección de la comercialización y transporte de productos de pesca. |
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El fomento de las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios constituye uno de los elementos básicos a través
del cual se articula la protección del consumidor. En este sentido, la Orden
de 3 de febrero de 1999, convoca y regula la concesión de subvenciones en
materia de consumo que la Consejería de Trabajo e Industria pueda otorgar
a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para el ejercicio
1999.
En esta línea cabe citar también la convocatoria, mediante la Orden de 18 de mayo de 1999, de subvenciones a Entidades Locales en materia de consumo para el período 1999-2000. |
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Siguiendo en la línea de ejercicios anteriores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha consignado la correspondiente partida presupuestaria en la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, con el objeto de contribuir a la prestación equilibrada de los servicios municipales por parte de los municipios andaluces que conlleve un tratamiento igualitario de los ciudadanos en nuestra Comunidad. A tales fines, la Orden de 5 de marzo de 1999, regula la distribución de las transferencias a los Ayuntamientos Andaluces para la nivelación de servicios municipales, al objeto de que puedan atender los gastos corrientes en dichos municipios. En esta misma línea, por Orden también de 5 de marzo de 1999, se distribuye entre las Diputaciones Provinciales de Andalucía, la aportación de la Comunidad Autónoma a los Planes Provinciales de Obras y Servicios para 1999. |
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En desarrollo de lo dispuesto
en el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones
de Padres de Alumnos de Centros docentes no universitarios, la Orden de
2 de marzo de 1999, convoca ayudas económicas para financiar actividades
de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos y Alumnas durante el año 1999.
Con objeto favorecer la participación de la sociedad en la tarea educativa y realizar proyectos de voluntariado, especialmente en aquellos ámbitos en los que las disponibilidades sociales y económicas son menos favorables, se convocan, mediante la Orden de 30 de abril de 1999, ayudas para la realización de proyectos de voluntariado y de participación de asociaciones y entidades colaboradoras en las actividades educativas complementarias de los centros docentes para el curso 1999-2000. |
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Cabe destacar el Acuerdo
de 9 de marzo de 1999 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Acuerdo entre la Administración General de la Junta de Andalucía y las Organizaciones
Sindicales firmantes, sobre reducción de la jornada laboral a 35 horas,
concretando, de esta forma, los compromisos relativos a la reducción de
la jornada para la creación de empleo que se reflejaban en el Pacto por
el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.
Tanto en el anterior acuerdo, como en el suscrito en la Comisión del V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, se señala que la jornada laboral de 35 horas, además de servir como referencia a otras Administraciones y al sector privado, debe permitir que dicha Administración no vea mermada la eficacia de su organización, que deberá reforzarse con otras medidas compensatorias. De esta forma, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 1999, mediante el Decreto 147/1999, de 22 de junio. Finalmente, citar la Orden de 8 de marzo de 1999, por la que se modifican determinados artículos de las Órdenes de fechas 30/09/97, 5/03/98 y 6/03/98 de desarrollo del Decreto 199/97, de 29 de julio, por el que se establecen los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía. |
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La Ley 2/1985, de 2 de mayo,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, vino a responder a las necesidades
presentes en su momento en el ámbito cooperativo y que requerían una solución
urgente. Desde entonces hasta la fecha, han acontecido hechos, como la renovación
de la legislación cooperativa y la reforma del derecho mercantil y societario,
que reclaman una reconsideración a fondo de su contenido. Ante las circunstancias,
se aprueba la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
El Decreto 83/1999, de 6 de abril, sobre iniciativas de futuro para jóvenes andaluces establece un conjunto de iniciativas para el desarrollo de las políticas promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía en favor de este segmento de población. El presente Decreto viene a responder a la necesidad de mejorar la coordinación de las numerosas actuaciones y programas que se llevan a cabo, impulsar la participación de los jóvenes, y favorecer su desarrollo personal y social, con un conjunto de medidas innovadoras. Por otro lado, el IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el pasado 24 de mayo, incluye, dentro de las medidas de agilización de trámites administrativos, la creación de las Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empresas. Según dicho Acuerdo, y teniendo en cuenta el Decreto 146/1998, de 7 de julio, por el que se regulan las bases de creación, organización y funcionamiento de dichas oficinas, se crean, por el Decreto 137/1999, de 1 de junio, los puestos de Coordinadores de las Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empresas de Jaén, Cádiz y el Campo de Gibraltar. |
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En este ámbito, destaca la
publicación del Decreto 72/1999, de 23 de marzo, de modificación parcial
del Decreto 1/1999, de 12 de enero, por el que se establecen determinadas
condiciones para realizar las emisiones de Deuda Pública Anotada de la Junta
de Andalucía en euros.
Con el propósito de adaptarse a los nuevos cambios, como son la sustitución de la peseta por el euro como unidad de cuenta del Mercado de Deuda Pública Anotada, y la eliminación del concepto del valor nominal unitario, así como de introducir nuevos instrumentos en el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, se dicta la Orden de 14 de mayo de 1999, que regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, manteniendo las líneas fundamentales de la Orden de 27 de enero de 1997. A este respecto han de señalarse dos normas importantes: el Decreto 82/1999, de 30 de marzo, por el que se dispone la emisión de Deuda Pública Anotada de la Junta de Andalucía por importe de 180 millones de euros; y el Decreto 140/1999, de 1 de junio, por el que se autoriza la puesta en circulación de Deuda Pública Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones, por un importe de hasta 480.809.683’50 euros, con destino a la financiación de inversiones. Asimismo, en esta materia destaca la Resolución de 12 de mayo de 1999, que respondiendo a la relevancia que la "balanza fiscal", entendida como la diferencia entre los ingresos públicos y el gasto público, está adquiriendo en el análisis territorial que se lleva a cabo en los ámbitos académicos y sociales, recoge la creación de una Comisión de Trabajo para la elaboración y el análisis de la balanza fiscal de la Comunidad Autónoma de Andalucía. |
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El Reglamento
(CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, establece un sistema comunitario
que tiene como objetivo promover la mejora continua de los resultados de
las actividades industriales en relación con el medio ambiente. En este
sentido, se recoge el Decreto 53/1999, de 2 de marzo, que establece las
normas para la aplicación de dicho Reglamento.
Por parte de la Consejería de Medio Ambiente, el 4 de enero de 1999 se aprobó el proyecto de regeneración y adecuación para el uso público del denominado Corredor Verde del Guadiamar. El Acuerdo de 4 de mayo de 1999, del Consejo de Gobierno, aprueba las actuaciones necesarias para la ejecución de dicho proyecto y declara de urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, las fincas afectadas por el corredor. |
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La experiencia derivada
de la aplicación del Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de
ordenación de territorio y urbanismo, aconseja su modificación puntual para
agilizar determinados trámites intermedios en los expedientes cuya resolución
compete al Consejo de Gobierno, al Consejero de Obras Públicas y Transportes
o a la correspondiente Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo. De esta forma, se recoge el Decreto 102/1999, de 27 de abril,
que viene a modificar el citado anteriormente.
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En materia de precios públicos,
hay que citar la Orden de 3 de mayo, por la que se fijan los precios públicos
de publicaciones editadas por la Consejería de Economía y Hacienda.
Señalar, asimismo, que la Consejería de Economía y Hacienda, en uso de las facultades que le atribuye el Decreto 266/1988, de 2 de agosto, ha dictado diversas Órdenes por las que revisan las tarifas de transporte colectivo, agua potable y taxis en diversos municipios andaluces. |
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La Orden de 31 de mayo
de 1999, recoge las normas para la elaboración del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2000. El presupuesto debe orientarse hacia
la consolidación del Estado del Bienestar, la mejora de la competitividad
de la economía andaluza y la creación de más y mejor empleo, objetivos que
deberán ser compatibles con el de reducción del déficit de las Administraciones
Públicas. En este sentido, la normativa recoge la prioridad que debe concederse
a las políticas de gasto que atiendan a las prestaciones sociales y los
programas dirigidos al fomento del empleo, de la actividad productiva y
de la investigación, a la vez que se debe ampliar el volumen dedicado a
inversiones. Igualmente se citan con carácter prioritario, los programas
cofinanciados con recursos procedentes de la Unión Europea.
En cuanto al régimen presupuestario de las empresas de la Junta de Andalucía y conforme a esta nueva normativa, las empresas deberán elaborar, además del programa de actuación, inversión y financiación, los presupuestos de explotación y de capital correspondientes al ejercicio siguiente. |
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La actividad publicitaria desarrollada por las Administraciones Públicas requiere de una regulación específica que favorezca su realización con la máxima eficacia y el mínimo coste. La Ley 4/1999, de 11 de mayo, que regula la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas Andaluzas, se centra en establecer los principios generales por los que debe regirse la actividad publicitaria que se lleve a cabo a través de contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación publicitaria y patrocinio previstos en el Título III de la Ley 34/1988, General de Publicidad. |
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La inspección de los centros,
prestaciones y servicios sanitarios se desarrolla siguiendo las líneas establecidas
en el Plan Anual de Inspección, según el Decreto 156/1996, de 7 de mayo,
sobre ordenación de la Inspección de Prestaciones y Servicios. Son tres
las líneas que se han considerado prioritarias para la actuación de la Inspección
de Prestaciones y Servicios Sanitarios y que vienen a conformar los Programas
de Inspección de la Incapacidad Laboral, de Prestación Farmacéutica y de
los Centros, Servicios y Prestaciones Sanitarias propias del Sistema.
En este sentido, la Orden de 28 de abril de 1999, aprueba el Plan de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios para 1999, y faculta a la Secretaría General Técnica para adoptar las medidas necesarias en orden al desarrollo y ejecución de los programas de inspección y para el cumplimiento de los objetivos propuestos. |
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La ediante Orden de 19 de
febrero de 1999, se regula el regimen de concesión de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza. Es de destacar, la voluntad de priorización
dentro de las actividades artesanales de creación, las artísticas y tradicionales.
Por otro lado, la Consejería de Trabajo e Industria crea los Registros Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos Específicos que los sustituyan, dando así cumplimiento al compromiso contraído por los agentes firmantes del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía. De igual forma, aprueba mediante Decreto 122/1999, de 18 de mayo, el Reglamento que regula el Registro de establecimientos industriales de Andalucía por el que se crea un nuevo Registro de establecimiento industrial de Andalucía, que sustituye al Registro industrial de ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza. Igualmente se adoptan los criterios de eficacia en la gestión y de colaboración entre las Administraciones para conseguir un Registro moderno y actualizado que sirva para el ejercicio de las competencias que en materia económica e industrial tiene atribuida la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y constituya el instrumento de publicidad de la información sobre la actividad industrial, al servicio de los ciudadanos y del sector empresarial. Asímismo, se regula mediante la Orden de 14 de junio de 1999, el procedimiento de concesión de subvenciones a actuaciones de uso racional de la energía o de utilización de energías renovables que, por parte de la Administración Autonómica, se otorguen con cargo a los fondos transferidos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. |
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Hay que destacar, en este
apartado, la aprobación de la orden 23 de febrero de 1999, que regula el
procedimiento general para la concesión de ayudas en equipamiento de playas
a las Entidades Locales Andaluzas. Esta orden se inscribe en el marco del
Plan de acción elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte para la
planificación integral de las playas andaluzas, con el objeto de fortalecer
la posición de liderazgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el subsector
turístico.
La orden de 5 de marzo de 1999, por su parte, establece un programa de apoyo entre la Consejería de Turismo y Deportes y las Entidades Locales, regulando la concesión, por parte de la primera, de subvenciones destinadas a proyectos de infraestructuras turísticas. Dentro de un ámbito geográfico más concreto, se encuadra la orden de 30 de abril de 1999, que, con la finalidad de impulsar el turismo en el área de Doñana, siempre según criterios de sostenibilidad a medio y largo plazo, convoca subvenciones para la mejora de la competitividad de las empresas que actúen en esta zona. |
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La Orden 23 de Marzo de
1999 desarrolla determinados aspectos procedimentales y de tramitación de las ayudas publicadas en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, con el fin de realizar, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia, una eficaz gestión de las medidas establecidas en las normas citadas. |