N.I.G :  
CAUSA :   

Órgano judicial de Procedencia:    
Procedimiento Origen:  
Contra:  
Procurador Sr.:   

A U T O 

En  , a 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  fue condenado, por sentencia firme, a las penas que constan en la fallo de la misma. Tras recibirse expediente de libertad condicional, remitido por la Junta de Tratamiento, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes, para que alegaran lo que a su derecho creyeran oportuno, con el resultado que consta en las actuaciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 90.1 del Código Penal dispone: "·1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
c) Que haya observado buena conducta.
Para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
No se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria."

Dichos apartados del artículo 72 de la Ley General Penitenciaria disponen: " 5. La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. 
Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes delitos: 
a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas. 
b) Delitos contra los derechos de los trabajadores. 
c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 
d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del libro II del Código Penal.
6. Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades".

SEGUNDO.- El artículo 90.4 del Código Penal dispone que "El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil." Este requisito se halla en consonancia con el requisito de compromiso de pago o facilitación del decomiso,  previsto para la concesión de la suspensión de la ejecución, en el artículo 80.2,  así como con la causa de revocación de dicha suspensión de la ejecución, prevista en el artículo 86.1.d). Tienen todos ellos en común una actitud renuente del penado a facilitar la ejecución de la sentencia en sus aspectos relativos a las responsabilidades pecuniarias, dificultando la ejecución de la responsabilidad civil o poniendo trabas que impidan la localización de los bienes a decomisar, por lo que se trata de analizar la conducta de la persona condenada, a fin de determinar si en ella concurre esa voluntad rebelde al buen fin de la ejecución de la sentencia en sus responsabilidades pecuniarias. 

En el presente caso, tras valorar la documentación obrante en las actuaciones, los informes recibidos, y las alegaciones del Ministerio Fiscal y las demás partes, se estima que no concurren los requisitos necesarios para conceder la libertad condicional y la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta pendiente de cumplimiento, ya que RAZONAR LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS. 

PARTE DISPOSITIVA

Se deniega la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión impuesta al penado , que se hallaba pendiente de cumplimiento, y se deniega la libertad condicional del mismo. Comuníquese esta resolución a la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Notifíquese personalmente a la persona condenada.

Modo de impugnación:

Mediante interposición de  RECURSO DE REFORMA y subsidiario de APELACIÓN  dentro de los TRES DÍAS siguientes a su notificación o RECURSO DE APELACIÓN directo  dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación.

Mediante interposición de  RECURSO DE SÚPLICA y dentro de los TRES DIAS siguientes a su notificación. 

Así lo manda y firma D./Dña. ,  del  N.  de  . Doy fe.

EL/LA   juez 			EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL