Un amplio operativo contra la pesca ilegal realizado conjuntamente por efectivos de la Inspección Pesquera de Huelva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía de la Junta de Andalucía, y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, han resultado en la inmovilización de dos embarcaciones de draga hidráulica que estaban faenando de manera ilegal. Esta actuación coordinada se inició en la madrugada del pasado 4 de diciembre en una zona marisquera del litoral de Huelva prohibida para esta modalidad pesquera. Las embarcaciones aprovecharon la noche para salir de puerto con anterioridad a la hora permitida y se dirigieron directamente a una zona no autorizada frente a Matalascañas en la que fueron posteriormente sorprendidos por la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Ambas embarcaciones fueron trasladadas a puerto, donde se les levantó las correspondientes actas de denuncia por la comisión de varias presuntas infracciones tipificadas en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por la gravedad de los hechos constatados. Los barcos quedaron inmovilizados, sin posibilidad de seguir realizando actividad pesquera, a la espera del inicio del correspondiente expediente sancionador.

La chirla (Chamelea gallina) en el caladero del Golfo de Cádiz, se captura de forma casi exclusiva por embarcaciones pertenecientes al censo marisquero autorizadas al uso de la draga hidráulica, y por un pequeño número de embarcaciones marisqueras autorizadas al uso del rastro remolcado. La captura de ejemplares en las zonas de Reserva y demás zonas prohibidas para esta pesquería pone en grave riesgo la sostenibilidad y continuidad de esta actividad pesquera que tienen una gran importancia socioeconómica para los municipios costeros de Punta Umbría e Isla Cristina en Huelva, y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.

El gobierno andaluz consciente de la importancia de velar por el cumplimiento de la normativa vigente para proteger los recursos marinos en el marco de una pesca y un comercio responsables, apuesta por el despliegue de estas actuaciones coordinadas con la Guardia Civil de lucha contra la pesca ilegal para evitar la disminución de las especies en nuestros caladeros y seguir garantizando la continuidad de la actividad pesquera.

De acuerdo con la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, el ejercicio de la actividad pesquera en zona prohibida constituye una infracción grave, pudiéndose sancionar con multas de entre 301 y 60.000 euros, la retención temporal de la embarcación, baja del censo de embarcaciones marisqueras y suspensión o retirada de la licencia.