El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asistido a hoy la constitución de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social para aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.

En estos primeros trabajos de la comisión, coordinada por la Consejería de Fomento y Vivienda y representada por la secretaria general de Vivienda y Rehabilitación, Catalina Madueño, se ha acordado el establecimiento de un protocolo de actuación para coordinar los compromisos que asumen cada una de las partes firmantes. En este sentido, las Oficinas Provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda jugarán un papel destacado como ventanilla única ante los órganos judiciales.

Uno de las primeras acciones que se impulsarán será la redacción de una guía de recursos sociales autonómicos y municipales que se pondrá a disposición de los órganos jurisdiccionales con el objetivo de informar a las personas incursas en procedimientos de desalojo de su vivienda habitual y puedan así acceder a estos recursos de apoyo. Asimismo, se ha informado de los municipios de la comunidad autónoma que hasta la fecha se han adherido al citado convenio de colaboración, estableciéndose el mecanismo de coordinación con la FAMP a tal efecto.

La Administración autonómica, bajo la supervisión del CGPJ, adaptará dentro del programa judicial Adriano, los formularios procesales para incluir información sobre los servicios sociales autonómicos y municipales. En esta reunión constitutiva de la comisión han participado, junto a la secretaria general de Vivienda, los vocales del CGPJ, Francisco Gernaro Martínez y Pilar Sepúlveda, el director general de Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, Juan Rueda, y los representantes de la FAMP, Juan Manuel Fernández y José Jesús Pérez.

Los trabajos de esta comisión van destinados fundamentalmente a propiciar la anticipación de la intervención de los servicios sociales autonómicos y municipales para que tengan acceso rápido a la información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y se puedan activar, de esta forma, los mecanismos correspondientes para la protección y búsqueda de soluciones al respectos. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

El convenio contempla la adopción de medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.

Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.

Finalmente, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias promoverá la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a fomentar entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.