La Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la materia.
Fomento del acceso a la vivienda en alquiler.
Fomento de la rehabilitación residencial y urbana
Fomento del acceso a la vivienda en propiedad.
Planes Municipales de Vivienda y Suelo y documentación técnica para los agentes intervinientes en el proceso edificatorio.