La Ley del Derecho a la Vivienda, regula de forma pionera el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada para todos los andaluces. El texto fija tanto las obligaciones de las administraciones públicas en la materia como las circunstancias en que los ciudadanos pueden reclamar su cumplimiento ante los tribunales de Justicia.

La Ley hace especial referencia al concepto de vivienda de calidad no sólo como el recinto físico sino atendiendo también al conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano. Además, establece que las edificaciones residenciales que se construyan en Andalucía deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.

Por otro lado, las administraciones públicas estarán obligadas a favorecer este derecho de acceso, bien en propiedad o bien en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la comunidad autónoma; no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en algún Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.