Junta de Andalucía

Contenido del contrato privado si se compra a una empresa

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Los artículos 3.2. y 10 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, continúan siendo de aplicación en Andalucía, a pesar de que casi todo el resto de esa norma no lo es al haber sido sustituida por el Decreto 218/2005, de 11 de octubre. Estas normas no son aplicables si vas a comprar la vivienda directamente a otro particular.
 
 
El artículo 10 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, establece que los documentos contractuales de compraventa de viviendas deberán ir redactados con la debida claridad y sencillez, sin referencia o remisión a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la celebración del contrato. Igualmente deberán responder a los principios de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, lo que entre otras, implica la prohibición de inclusión de cláusulas que:
  1. No reflejen con claridad u omitan, en los casos de pago diferido, la cantidad aplazada, el tipo de interés anual sobre los saldos pendientes de amortización y las condiciones de amortización de los créditos concedidos y las cláusulas que de cualquier forma faculten al vendedor a incrementar el precio aplazado durante la vigencia del contrato.
  2. Impongan un incremento del precio por servicios, accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnizaciones o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o arrendatario con independencia del contrato principal. A tales efectos:
    1. Las reformas de obra motivadas en causas diligentemente no previsibles en el momento de la aprobación de los proyectos de urbanización o construcción que hayan de originar modificación del precio estipulado, serán previamente comunicadas a los compradores, quienes deberán dar su conformidad a la cuantía exacta que la reforma produzca.
    2. Las reformas que propongan los compradores tendrán que formalizarse documentalmente, y contendrá la descripción de su contenido y las concretas repercusiones que deriven en el precio y plazo de entrega que se pactasen.
  3. Supongan la repercusión al comprador de fallos, defectos o errores administrativos o bancarios que no les sean directamente imputables.
  4. Impongan, en la primera venta de viviendas la obligación de abonar los gastos derivados de la preparación de la titulación que por Ley o por naturaleza corresponden al vendedor (obra nueva propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división o cancelación).

 

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