La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera de Huelva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, han realizado diferentes operaciones conjuntas con objeto de erradicar el marisqueo ilegal de coquinas en aguas del litoral de la provincia de Huelva. El resultado de dichas actuaciones desde el inicio del año hasta la fecha ha sido 42 actas de denuncias, 42 rastros manuales a pie para coquina incautados, también conocidos como “taladros” y 2 embarcaciones inmovilizadas.

 

La última actuación conjunta se realizó el pasado martes 20 de julio en la Reserva marisquera de la Desembocadura del Río Piedras, Huelva, donde se incautaron 4 rastros manuales a pie para coquina y se denunciaron a 4 personas por mariscar sin la preceptiva licencia.

 

La coquina es una especie de molusco bivalvo muy apreciada gastronómicamente y su captura está autorizada actualmente para un total de 185 mariscadores a pie y 33 embarcaciones marisqueras de rastro remolcado, con una regulación que limita el horario del ejercicio de la actividad, la tara máxima de captura, las zonas autorizadas, la talla mínima de captura, etc.

 

La extracción y comercialización de esta especie por personas no autorizadas, pone en grave riesgo la sostenibilidad del recurso. Asimismo, la introducción de la especie en los canales de comercialización sin realizarse ningún tipo de control sanitario, supone un grave riesgo para la salud de los consumidores. 

 

En este sentido, la labor coordinada de la Junta de Andalucía y Guardia Civil para evitar la recolección ilegal de coquina, es fundamental para la protección y sostenibilidad de este recurso escaso y para garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía y el futuro de una actividad profesional como el marisqueo de la que dependen varios cientos de familias directa e indirectamente.

 

Con carácter general, el ejercicio o realización de actividades de pesca sin disponer de la correspondiente autorización es una infracción tipificada como grave y puede conllevar multas de entre 301 y 60.000 euros.