La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS), a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), ha incautado 363 kilos de pulpo inmaduro, en el transcurso de tres operativos desarrollados en la provincia de Málaga. Concretamente, el lunes 29 de noviembre, durante las labores de vigilancia del puerto de Estepona, los Servicios de Inspección Pesquera de AGAPA decomisaron 63 kilos de pulpo que no alcanzaba el peso mínimo reglamentario, hallados ocultos bajo una red, dentro de un barco de pesca profesional de la modalidad arrastre. La media de los pulpos decomisados era de 500 gramos, cuando el peso mínimo legal es de 1 kilogramo por especie.  

 

Por lo que respecta a las otras dos actuaciones, llevadas a cabo el martes 30 de noviembre, una, en el puerto de Fuengirola, en una acción conjunta con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y, la otra, en el puerto de Caleta Vélez, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), se interceptaron tres furgonetas que transportaban un total de 300 kilos de pulpo que no cumplía el peso mínimo legal para su captura. 

 

La mercancía incautada carecía de cualquier documentación que acreditara legalmente su origen, al proceder de descargas realizadas por buques de pesca profesional de las modalidades de artes menores y de arrastre sin pasar por la lonja del puerto, infringiendo lo dispuesto en el Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía. La comercialización de productos de la pesca inmaduros, sin cumplir con la talla mínima exigida por la normativa vigente, constituye una actividad ilícita y fraudulenta que pone en grave riesgo la biodiversidad marina y la continuidad y el futuro de la actividad pesquera y, con ello, el modo de vida de cientos de familias. Tras ser valorada su aptitud para el consumo humano, todo lo incautado fue destinado a comedores sociales. 

 

Además de comprometer la sostenibilidad y futuro de los recursos pesqueros, la introducción de mercancía capturada de manera ilegal en los canales de comercialización, sin pasar por ningún tipo de control sanitario y de trazabilidad que acredite su origen, supone un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores. Precisamente, la obligación de realizar la primera venta en una lonja o establecimiento autorizado tiene como objetivo principal llevar a cabo los controles sanitarios y reglamentarios en materia de protección de los recursos pesqueros, tales como épocas de veda, especies prohibidas, así como verificar el cumplimiento de las normas comerciales pesqueras referidas a categorías de calibrado y etiquetado de los productos pesqueros y al control sanitario, garantizando así la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

 

Estas tres actuaciones evidencian el esfuerzo que realiza la Agencia en el ámbito de la inspección y control de la comercialización pesquera para la protección y sostenibilidad de nuestros caladeros y la seguridad alimentaria de los consumidores, en sinergia con los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) como el de garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles medioambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con el fin de generar beneficios económicos y sociales, crear empleo y contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. 

 

Asimismo, el gobierno andaluz, consciente de la necesidad de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el consumo de pescados y mariscos inmaduros, y de fomentar la pesca, el comercio y el consumo responsables, lanza periódicamente campañas de promoción como la que se ha iniciado recientemente bajo el lema “Consume pescado fresco andaluz. Consume Frescología”.

 

Por último, se recuerda que la tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros que no cumplen los requisitos de trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor exigidos por la normativa vigente, constituye una infracción tipificada como grave que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.