Page 422 - Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2021

7. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA, PROTECCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA
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Y todo ello a pesar de que la política sanitaria es ya la que mayor volumen de recursos absorbe del presupuesto de la Junta de Andalucía. En 2021 el presupuesto inicial total (considerando Consejería y SAS) fue de 11.759,9 millones de euros, lo que supuso un aumento del 6,3% respecto al año anterior. La principal partida presupuestaria fue para gastos de personal, con un peso del 44,4%.
De entre los diversos programas presupuestarios que contempla la política sanitaria en Andalucía, “Atención Sanitaria” y “Prestaciones complementarias y farmacéuticas” concentraban el 96,5% del gasto total presupuestado, con 8.369,0 millones de euros y 2.072,9 millones de euros (un 4,4% y un 3,3% más que el año anterior, respectivamente).
7.4. VIVIENDA
Junto a la educación, la sanidad o los servicios sociales, la vivienda constituye, sobre el papel, otro de los pilares del estado del bienestar si bien no ha disfrutado de la prioridad concedida a los primeros. En las dos últimas décadas, y por motivos muy diferentes, el acceso a una vivienda digna, así como el poder mantener su tenencia se ha visto claramente dificultado, bien por la generación de una burbuja inmobiliaria y ulterior estallido, bien por la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, en ambos casos con importantes implicaciones económicas y, sobre todo, sociales.
En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó el 21 de enero de 2021 una Resolución sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, en la que insta a la Comisión Europea y a los países miembros a incorporar en su legislación el reconocimiento del derecho fundamental a una vivienda digna, considerar los problemas de acceso a la misma y el sobreesfuerzo que debe realizar la ciudadanía a tal fin. En concreto, son cinco los principales aspectos en los que incide la citada recomendación: Lograr una vivienda adecuada, eficiente desde el punto de vista energético y salubre; Luchar contra el problema de las personas sin hogar y contra la discriminación; Crear un enfoque integrado en materia de vivienda social, pública y asequible a escala de la Unión; Garantizar la seguridad de la tenencia y unos mercados de vivienda inclusivos y, por último; Invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético. 25
Tanto en el ámbito nacional como autonómico la situación de pandemia propició la adopción de medidas tendentes a atenuar los efectos negativos sobre los colectivos más vulnerables en aras a preservar el derecho al acceso y mantenimiento de una vivienda digna26 que, en 2021 y en un contexto de recuperación de la actividad se vieron prorrogadas, añadiéndose otras adicionales tanto de contenido económico como social27.
En el ámbito estrictamente económico, y al igual que otros mercados, el de la vivienda presenta también fallos e ineficiencias que se hacen más patentes ante situaciones como las citadas anteriormente, determinados por factores tanto de demanda como de oferta.
25 Dicha Recomendación puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ TA-9-2021-0020_ES.html.
26 En la pasada edición de este mismo Informe se hace referencia a buena parte de las medidas adoptadas en este ámbito, tanto por el ejecutivo nacional, como por el de Andalucía.
27 Un ejemplo de ello, lo constituye el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, relativo a la compensación económica que el arrendador o propietario de una vivienda tiene derecho a solicitar por la suspensión judicial del proceso de desahucio de una vivienda alquilada, derivado de la aplicación del Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.