El Parlamento de Andalucía ha dado vía libre a la prestación de 5.000 euros anuales destinadas a menores huérfanos por violencia de género al convalidar este miércoles por mayoría el decreto para modificar la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. De esta forma, la comunidad autónoma regula por primera vez una prestación económica a los hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de la violencia de género en Andalucía, una prestación a la que tendrá derecho el menor hasta que cumpla los 18 años. 

Durante su intervención en la Cámara, la consejera ha subrayado que el Gobierno andaluz reconoce con esta medida un nuevo derecho que “beneficia a las víctimas más vulnerables”, como son los niños y niñas huérfanos por violencia de género. Tras incidir en la importancia que tiene una madre en el desarrollo emocional y en el bienestar de las personas, la consejera ha señalado el importante e irreparable impacto que supone la pérdida de una madre y más en circunstancias tan complejas como un asesinato. Por ello, ha defendido la necesidad y relevancia de esta medida porque “tenemos el deber de ayudar a esos menores huérfanos y contribuir a su futuro”.

López ha recordado la conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es una lucha “que se debe hacer los 365 días del año”. Se trata de una lacra social que ha dejado desde 2013 en España 1.237 víctimas y 256 en Andalucía y que, como ha alertado la consejera, cada vez afecta en edades más tempranas, por lo que ha defendido la necesidad de tomar medidas dirigidas a adolescentes y jóvenes.

En este punto, ha resaltado la campaña de prevención ‘¿Y tú… qué harías?’, que busca que los jóvenes identifiquen que algunas situaciones que les pueden parecer normales son realmente situaciones en las que se está produciendo violencia de género, así como ha subrayado la campaña de sensibilización puesta en marcha en Canal Sur que tiene como lema ‘Se empieza con un mensaje y se termina con una vida. “Es un mensaje duro, pero a la crueldad hay que tratarla con realidad”, ha remarcado. Además, López ha indicado que el propio PSOE le propuso que las campañas no estuvieran sujetas a la fecha del 25-N y así se ha hecho dada la importancia del diálogo y de la recogida de propuestas.

Como ha explicado la titular de Igualdad, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) quiere poner el foco en las nuevas formas de ejercer la violencia de género que están surgiendo como consecuencia de la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales e Internet, especialmente, a través del teléfono móvil. “Desde este Gobierno se busca remover conciencias, adaptarse a los nuevos escenarios y propiciar la unidad de toda la sociedad”, ha señalado Loles López, antes de incidir en que “cuando hay una víctima de violencia de género, cuando se asesina a una mujer, fallamos todos como sociedad”.

La consejera ha sostenido en el Parlamento que el decreto convalidado este miércoles “persigue dar una respuesta urgente, rápida y eficaz por parte de las administraciones públicas ante la situación extrema de desamparo en la que se encuentran los hijos de mujeres asesinadas por casos de violencia de género”. Tendrán derecho a esta prestación aquellos menores cuyas madres fuesen asesinadas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto y que, una vez ha entrado en vigor, sigan siendo menores. En estos casos la prestación tendrá como duración desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta que alcancen la mayoría de edad y siempre que los menores o la mujer víctima de violencia de género residieran en Andalucía en el momento del crimen.

Este derecho también se extiende a los menores de edad cuya tutela ejerza la Junta o cualquier otra administración pública y a aquellos menores que, en el momento de los hechos, se encuentren bajo tutela judicial. Además, es compatible y complementaria con cualquier otra prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo, incluida la estatal que extiende la pensión de orfandad hasta los 25 años. La ayuda económica no podrá ser administrada por el autor del crimen machista.

“El objetivo de esta actuación del Gobierno y de este decreto-ley es llegar al mayor número de menores huérfanos por la violencia machista”, ha proseguido la consejera, que ha llamado al consenso de todos los partidos políticos porque lo primordial es que “ahora estos menores van a tener un nuevo derecho”.

Pasos adelante

Tal y como recoge el propio decreto-ley, es de imperiosa necesidad reforzar la protección económica de este colectivo mediante el establecimiento y regulación de esta prestación que permite dar un enfoque global a la atención de los mismos, así como la satisfacción de sus necesidades básicas. El número de huérfanos por esta causa se contabiliza en España desde el año 2013 y suman ya 431 en España y 88 en Andalucía.  

Como ha señalado la consejera, hasta ocho comunidades autónomas cuentan con una prestación de este tipo y en Andalucía se ha impulsado en este ejercicio proporcionando un nuevo derecho a todos los huérfanos menores, que son “las víctimas más vulnerables”. Así, ha apelado a dejar a un lado la crítica política y conseguir la mayor unidad alrededor de un decreto que puede ser “mejorable” pero, ante la violencia de género, “lo que cabe es dar pasos al frente y aprobar derechos”.  

Además de esta nueva prestación, Andalucía dispone de otros recursos para huérfanos víctimas de violencia de género, como plazas en centros educativos reservadas de manera inmediata cuando los menores son trasladados a casa de acogida a otras provincias; exenciones del pago de los precios públicos por servicios académicos y administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de danza, de diseño y de música; gratuidad o bonificación del precio público por los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares o ayudas al alquiler, entre otros como los distintos servicios de apoyo psicológico a hijos de mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus familiares, y también el apoyo de los servicios jurídicos de asesoramiento.