La Junta crea el Comité Director que velará por la implantación de la Compra Pública de Innovación en Andalucía

El nuevo organismo desarrollará una fórmula de licitación pública más innovadora para satisfacer demandas de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado y contribuir a elevar la inversión en I+D
Andalucía, 19/11/2019

La Estrategia para el Impulso y Consolidación de la CPI se marca, entre otros objetivos, aumentar en un 2,6% la inversión media anual en I+D de las administraciones públicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación y regulación del Comité Director de Compra Pública de Innovación (CPI) de la Administración de la Junta de Andalucía, que se encargará de implantar y consolidar esta estrategia, que pretende desarrollar una fórmula de licitación más innovadora para satisfacer en el sector público demandas de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado, impulsando a su vez respuestas innovadoras de la iniciativa privada. Este órgano de coordinación y decisión está contemplado dentro de la Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación de la Junta dotada con 50 millones de euros procedentes de Fondos FEDER.

 El Comité Director, que quedará adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, será el responsable de impulsar aquellas medidas que resulten necesarias para la implantación y consolidación de este instrumento de mejora de los servicios públicos, y deberá decidir también los criterios de priorización por los que se seleccionarán los diferentes proyectos acogidos a esta nueva vía de contratación de la Administración autonómica, así como su financiación. Asimismo, tendrá que establecer aquellas directrices orientadas a simplificar y agilizar los procesos de contratación de bienes y servicios innovadores de una forma transparente, además de fomentar políticas de coordinación con el fin de favorecer la eficacia de la implantación de esta herramienta entre las distintas administraciones públicas de la comunidad autónoma.

El Comité Director analizará y valorará también las memorias anuales de la estrategia de Compra Pública de Innovación y aprobará anualmente un informe de seguimiento del desarrollo seguido por esta herramienta.

En cuanto a su composición, estará presidido por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, e integrado por los titulares de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología,  de la Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento y de la Dirección General de Fondos Europeos de este mismo departamento. La estructura de dicho comité se completará con un representante de la Dirección General de Patrimonio de la Junta, perteneciente a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y de la Secretaría General para la Administración Pública, integrada en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; así como con un representante de cada una de las consejerías del Ejecutivo andaluz con rango mínimo de director General.

Este órgano, que se constituirá en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de dicho decreto, se reunirá dos veces al año, y de modo extraordinario, tantas como sea necesario; y contará con el apoyo técnico de la Unidad de Compra Pública de Innovación de Andalucía, adscrita a la Agencia Andaluza del Conocimiento –dependiente de la Consejería de Economía-. Esta unidad no tendrá la consideración de órgano colegiado y sus funciones no tendrán carácter preceptivo.

Este decreto contempla también la creación y regulación del Consejo Asesor Andaluz de CPI, con el fin de establecer los cauces de interlocución permanente con empresas, centros y grupos de investigación andaluces con el fin de conocer sus expectativas e inquietudes sobre la evolución de la implantación de esta herramienta y las políticas públicas de apoyo desplegadas.

Objetivos de la Estrategia

La Estrategia para el Impulso y Consolidación de la CPI se marca, entre otros objetivos, aumentar en un 2,6% la inversión media anual en I+D de las administraciones públicas y en un 0,15% la del sector privado y la enseñanza superior. Asimismo, plantea la puesta en marcha, en una primera fase, de cinco proyectos de alto contenido tecnológico impulsados por las consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Salud y Familias; Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Esas líneas de trabajo, que se encuentran en diferentes fases de desarrollo previas a su licitación, han sido seleccionadas a partir de un diagnóstico en el que se ha identificado una veintena de necesidades y demandas prioritarias, la mayoría relacionadas con tecnologías big data, sensores, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites y drones.

La Consejería de Agricultura lleva a cabo dos proyectos, uno relacionado con nuevos métodos analíticos rápidos y con herramientas para la identificación temprana del fraude en el sector agroalimentario; y otro avanzará en las soluciones basadas en ‘cloud computing’ para la monitorización de indicadores ambientales a escala regional. En ambos casos, este departamento de la Junta está trabajando ya en la preparación de la licitación.

En el área sanitaria se ha seleccionado el desarrollo del Servicio Regional de Patología Digital, que atenderá a escala autonómica el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia y mortalidad, además de servir de soporte a la implantación de las nuevas terapias avanzadas y de la medicina personalizada. La Consejería de Salud también prepara la licitación de esta iniciativa.

El cuarto proyecto pertenece a la Consejería de Fomento y persigue la iluminación inteligente en las carreteras de titularidad autonómica con el fin de mejorar la seguridad y la eficiencia energética ante el alto consumo que supone la señalización de los tramos conflictivos. Este sistema innovador deberá someterse a la consulta preliminar al mercado antes de su licitación.

Por su parte, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales contará con una plataforma para la implantación del futuro sistema andaluz de teleasistencia avanzada, basada en el uso de dispositivos móviles, adaptada a personas con discapacidad sensorial y cognitiva y orientada a aumentar la autonomía de los usuarios y mejorar el apoyo a cuidadores. Al igual que la anterior iniciativa, ha de afrontar la fase de consulta preliminar al mercado.

La Estrategia también contará con una Comisión de Seguimiento que velará por la correcta ejecución de los proyectos, para lo cual se apoyará en la Unidad de Compra Pública de Innovación, realizando un control y seguimiento de las distintas actuaciones llevadas a cabo en Andalucía en torno a esta novedosa herramienta de contratación pública.

Apuesta por la I+D

A diferencia de la licitación convencional, con la CPI la Administración acude al mercado para el desarrollo futuro del producto o servicio que necesita, contribuyendo así a dinamizar la I+D en sectores económicos claves, tanto consolidados como emergentes; impulsar mercados innovadores; apoyar el desarrollo empresarial, y facilitar al tejido productivo el potencial de universidades y centros de investigación.

En definitiva, este mecanismo ayuda a la diversificación de la economía andaluza, así como a la racionalización del gasto público y a la simplificación administrativa; favoreciendo, además, la mejora de los servicios públicos al encontrar nuevas y mejores maneras de gestión que permitan respuestas más eficientes a las necesidades de la ciudadanía.

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