Page 413 - INFORME sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2023

7. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA, PROTECCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 411
Entre la limitada información que puede ofrecerse en relación con lo anterior, cabe seña- lar el conocimiento del parque público de vivienda social de la Junta de Andalucía ges- tionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que ascendió a 74.957 viviendas, de las que el 65% fueron en régimen de alquiler y un 34,3% en régimen de compraventa con pago aplazado que, a tenor de la necesidad de vivienda asequible en Andalucía parecieron insuficientes.
En este mismo sentido, garantizar el correcto uso de la vivienda protegida48 requiere de los necesarios medios de control e inspección. En este sentido, según el informe de evaluación del Plan de Inspección de Vivienda Protegida (2022-2023), se iniciaron un total de 80 expedientes de investigación, de los que 26 concluyeron con la imposición de una sanción (por una cuantía total de 95.860€), siendo el motivo más frecuente de incumplimiento el alquiler de la vivienda sin autorización (21), y el resto a la falta de comunicación de la adquisición/transmisión de la vivienda protegida o la desocupación por su titular legal y consecuente alquiler sin autorización.
Otra de las actuaciones que en materia de vivienda merecen destacarse, en tanto incide en ya mencionado retardo en la emancipación de la población joven, es el referido al Bono Al- quiler Joven49. Si bien las dificultades de su gestión hicieron que en 2022 su tasa de resolu- ción fuera nula, a diciembre de 2023 se presentaron 16.822 solicitudes con un presupuesto de 68,4 millones de euros, de las que se resolvieron favorablemente 5.832 (43,6% del total) por un importe de 28,0 millones de euros (49,9% del total presupuestado).
En definitiva, analizar si las actuaciones en materia de política de vivienda han permitido o permiten atenuar el problema de la vivienda en Andalucía, esto es, la efectividad de las me- didas implementadas, el impacto en la población, o los desafíos específicos del mercado de la vivienda en la comunidad autónoma (especulación, escasez de viviendas asequibles, reto demográfico), requiere de la necesaria disponibilidad de información estadística veraz y concreta, con la que no siempre se cuenta.
Considerando lo anterior, los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegi- da, permiten de forma indirecta, obtener información actualizada respecto al nivel de de- manda de viviendas asequibles y la atención de dicha demanda por parte de las adminis- traciones públicas, toda vez que, con algunas excepciones, la inscripción en los mismos es condición indispensable para lograr acceder a la misma.
En diciembre de 2023, el número de solicitudes registradas desde que aquellos iniciasen su actividad se incrementó un 8,6% con respecto a las existentes un año antes (alcanzando las 335.246 solicitudes), haciéndolo igualmente en un 8,5% el de las inscritas a dicha fecha, mostrando la necesidad de acceso a una vivienda por parte de la población andaluza. Sin embargo, a diciembre de 2023, el 64,7% de las inscripciones fueron anuladas por caduci-
48 Esto es, que esté habitada de forma habitual por personas o unidades de convivencia con ingresos limitados, evitar prácticas irregulares, sobreocupación, ventas ilegales, destino de usos turísticos o mantenerlas deshabitadas, entre otros.
49 Esta medida, dotada con 68 millones de euros financiada por la administración central, concede, en determinados supues- tos, ayudas de 250€/mes para el alquiler de personas entre 18 y 35 años durante un periodo de 2 años.