Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 132 de 12/11/2002

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), mediante Decreto del Alcalde-Presidente de fecha 25 de octubre de 2002, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento a favor de doña Blanca del Monte Vega Lerdo de Tejada, con carácter provisional, para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de 22 de abril de

2002 de la Dirección General de la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por la Dirección General de la Función Pública a favor de doña Blanca del Monte Vega Lerdo de Tejada, con DNI 27.323.542, como Secretaria-Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento del El Cerro de Andévalo (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

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