Los ingresos que recibe Andalucía a través del modelo de financiación, como resultado de su participación en la recaudación de los tributos del Estado, crecerán un 1,6% para el ejercicio 2018. Esta es la cifra que resulta de las entregas a cuenta para el próximo año que fueron comunicadas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el 27 de julio en Madrid, y que representan 621 millones más respecto a este año. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha hecho una valoración de los datos y ha apuntado que a este crecimiento se le debe aplicar la reducción del objetivo de déficit al 0,4% prevista para 2018, lo que supondrá que el incremento real de ingresos para Andalucía será de 311 millones de euros, es decir, un 1,6% más.

Montero ha calificado de "decepcionante" la reunión del CPFF en la que no se abordó la reforma del modelo de financiación autonómica, lo que a su juicio demuestra que "el Gobierno central no tiene determinación suficiente para construir un nuevo modelo que asegure una financiación adecuada del Estado de bienestar en España".

En rueda de prensa, Montero ha lamentado que el Gobierno haya dejado pasar una vez más la oportunidad de fijar un "calendario cierto" para presentar una propuesta concreta sobre la que empezar a debatir, una vez que el grupo de expertos ya ha presentado un documento inicial con sus conclusiones. En este sentido, ha criticado los cuatro años de "promesas incumplidas" y ha reclamado un debate "que no tiene ver solo con territorios, sino con qué tipo de Estado de bienestar queremos en nuestro país, y si los españoles vivan donde vivan tienen que tener las mismas oportunidades ante la educación, la salud o situaciones de vulnerabilidad social".

La consejera ha recordado que el gasto en educación y sanidad siguen perdiendo peso en el PIB y que los servicios públicos "se vuelven cada vez menos sostenibles desde el punto de vista de la universalidad, la calidad y la excelencia a la que aspiramos". Asimismo, ha subrayado que esta dificultad se incrementa en las comunidades infrafinanciadas como Andalucía que ha dejado de recibir 5.522 millones de euros en los 7 años de aplicación del actual modelo; 850 millones menos correspondientes al último ejercicio liquidado.

Montero ha mostrado su satisfacción por las conclusiones del grupo de expertos de financiación, algunas de las cuales recogen ideas y líneas de trabajo que defiende el Gobierno andaluz, si bien ha considerado que las propuestas deben concretarse en cifras y proyecciones concretas que dibujen el nuevo modelo de la financiación autonómica, que ha recordado, debe entrar en vigor el 1 de enero de 2018, tal y como estableció la Conferencia de Presidentes.

Población ajustada

Según ha explicado, el documento evidencia que faltan recursos para financiar el Estado de Bienestar y las competencias transferidas a las comunidades, y aunque no la cuantifica, la consejera ha apuntado a que la insuficiencia puede situarse en una horquilla de entre 20.000 y 40.000 millones de euros. Asimismo, tampoco define qué variables deben determinar la población ajustada, es decir, "en base a qué elementos de la población y a qué ajustes se van a distribuir los recursos". En este punto, Montero ha denunciado que la aplicación del actual modelo deja fuera a 220.000 andaluces.

La consejera también ha valorado la propuesta de armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones, "tal y como viene demandando Andalucía", y que aboga por una revisión en profundidad de la normativa estatal del impuesto y unos niveles mínimos de tributación que impidan el dumping fiscal, aunque ha puesto en duda la voluntad del Gobierno central de avanzar en esta línea.