El proyecto de Ley de Juventud de Andalucía continuará su tramitación parlamentaria tras superar el debate de totalidad en el pleno del Parlamento de Andalucía. La futura norma elevará al máximo rango legal todas las políticas que desarrolla la Administración autonómica para este colectivo de 1,9 millones de personas de entre 15 y 34 años, lo que supone el 23% de la población andaluza.

Según ha explicado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el texto recoge como objetivos fundamentales fomentar la participación activa en la sociedad de la juventud y contribuir a la mejora de la autonomía personal y laboral en igualdad de oportunidades. En concreto, apuesta por políticas especialmente dirigidas a favorecer la inclusión laboral, el acceso a la vivienda y la preservación de sus derechos frente a las dificultades socioeconómicas. El proyecto de Ley contempla una memoria económica de 485 millones de euros a los que se suman 169 millones más en materia de Empleo y de Vivienda, con un total de 654 millones de euros en los primeros cuatro años de la ley.

En su intervención, Sánchez Rubio ha recordado que el proyecto de Ley es el resultado de un amplio proceso de participación de jóvenes, diseñado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en colaboración con el Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA). En total, han participado más de 600 personas en la redacción del anteproyecto de Ley, "un gran número de jóvenes que han expresado su voz, a través del CJA y también de forma anónima, mediante los canales que el IAJ abrió en su día a través de las Nuevas Tecnologías para escuchar al mayor número de personas de Andalucía.

El proyecto de Ley de Juventud diseña las bases fundamentales de los planes integrales que impulsará el Gobierno andaluz y refuerza la independencia y capacidad de acción del Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA), de forma que este ente podrá aprobar su propio plan anual de actuación y establecer convenios de colaboración con organismos similares de otras comunidades.

En lo relativo al empleo, la juventud será considerada como colectivo prioritario de acción social siempre que la tasa de desempleo de los menores de 30 años supere a la europea. Ello supondrá la aplicación obligatoria de medidas, exigibles por ley, como el Plan de Empleo Juvenil previsto en la norma para disminuir esa brecha, con medidas especialmente orientadas al acceso al primer puesto de trabajo, el emprendimiento, la economía social, el autoempleo, la integración del alumnado que abandona la educación reglada, el retorno de los jóvenes que se han visto obligados a emigrar y la defensa frente a la precarización y los efectos de las desregulaciones laborales.

En materia de vivienda, el proyecto de ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos, mientras que en cultura se promoverá la difusión de las creaciones y propuestas de los jóvenes andaluces.

Respecto a la educación, las prioridades se dirigen a la eliminación de estereotipos de género y comportamientos discriminatorios, la prevención del acoso escolar y el apoyo al desarrollo integral en facetas como las lenguas extranjeras, la creatividad, el deporte o el voluntariado.