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Economía y Empleo

Los últimos planes de empleo permiten contratar a 200 personas y tramitar más de 3.000 ofertas de trabajo

Las corporaciones locales disponen de ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales por contrato

Los planes de empleo han hecho posible la contratación de 202 personas.

Los planes de empleo han hecho posible la contratación de 202 personas.

La última edición de los planes de empleo, desarrollados por los ayuntamientos andaluces en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, ha hecho posible la contratación de 202 personas y la tramitación de más de 3.000 ofertas de trabajo para desempleados.

La actual edición de esta iniciativa, denominada de Cooperación Local, arrancó en septiembre del pasado año y cuenta con un presupuesto próximo a los 300 millones de euros. Contempla el apoyo a las contrataciones de unos 30.000 desempleados en proyectos de obras y servicios que reviertan en beneficios para la ciudadanía, por un periodo mínimo de seis meses. Para ello, las corporaciones locales disponen de ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales por contrato bajo la modalidad de obras y servicios.

Hasta el momento, 454 ayuntamientos andaluces ya han cobrado el adelanto del 75% de la ayuda para poner en marcha estos proyectos y, por tanto, disponen de los incentivos para la contratación de los desempleados. Ya se han resuelto 725 solicitudes de ayuntamientos de las 778 presentadas.

Estos datos han sido puestos de manifiesto en una reunión mantenida entre la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), sobre la última edición de los planes de empleo.

Efectos de la subida del SMI

Durante el encuentro se abordó también el efecto de la subida aprobada en enero por el Gobierno central del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros, que ha afectado especialmente a uno de los cuatro grupos de cotización de los trabajadores que van a ser contratados en estos proyectos por los ayuntamientos.

Según Empleo, no es posible un retraso en el comienzo de la iniciativa, como planteaba la FAMP, ya que muchos de los proyectos ya están en marcha. La normativa establece un plazo de dos meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión a los ayuntamientos para iniciar los proyectos, plazo que ya ha sido ampliado en un mes para la mayoría de los ayuntamientos, con lo que no es posible otra nueva ampliación. Además, según la información trasladada desde las direcciones provinciales del SAE, los ayuntamientos son los principales interesados en continuar con el normal desarrollo de los proyectos.

Por su parte, la FAMP planteó la posibilidad de acortar la duración de los contratos o de celebrarlos a jornada parcial. Empleo ha explicado que la normativa reguladora (por exigencias del Fondo Social Europeo, fuente financiera de esta línea de ayuda) establece una duración mínima de seis meses para todos los contratos y que además se celebren a tiempo completo.

En relación con la posibilidad de reducir al máximo posible el impacto económico de la subida del SMI en las arcas municipales, se ha informado a la FAMP de que estas ayudas están concebidas como un incentivo y que la Junta no asume el pago directo de los salarios, por lo que los ayuntamientos pueden complementar las cuantías de la subvención concedida para los contratos de los grupos de cotización afectados.

Se ha informado que los propios ayuntamientos, como responsables de asumir los costes salariales de las personas contratadas, pueden solicitar una modificación de la resolución de concesión para cambiar tanto el número de contratos como el grupo de cotización de los inicialmente previstos para el desarrollo de sus proyectos, según lo previsto en la normativa reguladora en caso de circunstancias sobrevenidas.

Finamente, Empleo garantizó a la FAMP la continuidad en la tramitación de los actuales planes de empleo, tanto de los procedimientos de concesión de las subvenciones como de la gestión de las ofertas de empleo por parte de las oficinas del SAE, y le informó del inicio de los trámites para modificar la normativa reguladora de cara a la próxima edición, actualizando las cantidades que los ayuntamientos perciben con su adaptación a la nueva realidad del mercado laboral.