Noticias de la Junta de Andalucía

Economía y Empleo

La Junta anuncia la licitación de cursos de Formación Profesional para el Empleo por 41 millones

La Consejería de Empleo pretende así reactivar una actividad clave para la recuperación económica de Andalucía

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha iniciado la contratación, por 41,1 millones de euros, de los cursos de Formación Profesional para el Empleo, con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de los anuncios previos de información de dicha licitación (y que se pueden consultar en el suplemento digital publicado en https://ted.europa.eu/TED/).

El Gobierno andaluz cumple así con el compromiso de comenzar la licitación antes del final del primer trimestre, justo en un momento en el que la formación es una medida fundamental para contribuir a la recuperación de la crisis. Si antes del Covid-19 la Formación Profesional para Empleo era básica para la economía andaluza, ahora es indispensable, y no admite demoras: las empresas andaluzas van a necesitar trabajadores bien formados en los próximos meses para cubrir sus necesidades, y las personas en situación desempleo van a requerir formación específica para tener más oportunidades de reincorporarse al mercado laboral.

Se recupera así la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, tras años de parálisis, lo que ha supuesto la devolución de 1.300 millones de euros en el periodo 2012-2018.

11 contratos que contemplan todos los sectores y provincias

De este modo, la Consejería de Empleo inicia con el anuncio en DOUE la contratación pública de 11 servicios para la impartición de Formación Profesional para el Empleo en diferentes sectores y en todas las provincias, a los que las entidades podrán presentarse a los diferentes lotes de que constan los contratos. Estas once licitaciones son el fruto de un diagnóstico previo realizado a través de diversas mesas de trabajo, en las que se ha analizado y determinado las necesidades de formación atendiendo a las características de los sectores productivos en cada provincia.

Así, de los 41,1 millones, 31 millones están destinados a la obtención de certificados de profesionalidad por parte de personas tanto ocupadas como desempleadas. Por otro lado, algo más de 10 millones están destinados a la puesta en marcha de los denominados "proyectos singulares", ante la demanda que se ha detectado de algunos oficios muy concretos tanto en el sector de la construcción, como en el del sector de las nuevas tecnologías.

Así, los once anuncios corresponden a

- 8 (1 para cada una de las provincias), destinados a trabajadores desempleados de los sectores agrario, industrial, apoyo a las empresas y comercio (26,4 millones de euros)
- 1 para el sector de la hostelería y el turismo en todas las provincias (4,3 millones de euros)
-
1 de servicios de formación para personas desempleadas del sector de la construcción en todas las provincias (7,1 millones de euros)
- 1 destinado a personas ocupadas de todas las provincias en el sector de las tecnologías (3,1 millones de euros).

151 empresas interesadas en la primera licitación 'piloto'

Esta nueva licitación se suma al proyecto piloto iniciado en diciembre de 2019, consistente en la licitación de 20 acciones formativas para el certificado de profesionalidad 'Docencia de la Formación Profesional para el Empleo dirigido a personas trabajadoras desempleadas', y que contó con un presupuesto base de licitación de 714.000 euros, a ejecutar en las ocho provincias andaluzas.

A esta licitación han concurrido 151 licitadores, presentando un total de 205 ofertas a los distintos lotes.

Nuevo modelo de financiación

El modelo de licitación pública es una apuesta de la Consejería de Empleo, que, una vez analizado el modelo de financiación de acciones formativas a través de la concesión de subvenciones, detectó que carecía de la necesaria agilidad para garantizar una oferta formativa permanente y de calidad, adaptada a las cambiantes necesidades del mercado de trabajo y que presenta enormes dificultades que impiden garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público.