El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado este jueves que su Consejería lleva invertidos desde que comenzó el estado alarma por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hasta ahora "más de 2,2 millones de euros para la protección del personal de la Administración de Justicia".

En comisión parlamentaria, Marín ha detallado cada una de las partidas que se han destinado a la lucha contra el Covid-19 para evitar contagios en las sedes judiciales. "Más de 2,2 millones de euros que han salido del presupuesto de la Consejería porque en los fondos no reembolsables del Gobierno central parece que la Justicia no contaba. Una pena porque creo que es un servicio esencial como lo es la Educación o la Sanidad", ha afirmado.

Una cuantía "en la que no se incluyen los test que se han hecho a todo el personal de Justicia" y que implica "un esfuerzo considerable para poder dar respuesta al momento en el que nos encontramos, y a la que hay que sumar las acciones previstas en septiembre para aumentar los recursos y evitar el colapso de jurisdicciones como la Social y la Mercantil como consecuencia del Covid-19".

De esta forma, la partida a la que se han destinado más fondos ha sido para "el refuerzo de los contratos de limpieza y desinfección extraordinarias llevadas a cabo por las delegaciones territoriales" con un montante cercano al millón de euros, en concreto 915.168,48 euros.

Junto a la limpieza, la instalación de mamparas de protección para las salas de vistas y puestos de atención al público es otro de los capítulos que más gastos ha generado con 518.536,62 euros.

El vicepresidente Juan Marín, en la comisión parlamentaria.

Para el suministro de elementos de protección individual, es decir, mascarillas quirúrgicas y del tipo FFP2, guantes y gel hidroalcohólico se han destinado 445.077,55 euros hasta el mes de mayo, ya que, según ha explicado el vicepresidente de la Junta, a partir de entonces "los EPI nos son suministrados por el Servicio Andaluz de Salud". A estos gastos en equipos de protección, hay que sumar además, otros 161.259,92 euros para el material necesario para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Igualmente, para la adquisición de portátiles "para posibilitar el teletrabajo de los letrados de la Administración de Justicia", se han destinado 174.240 euros. Por lo que la suma total asciende a 2.214.282,57 euros.

Por últmo, Marín ha ofrecido por provincias los gastos de EPI, mamparas y los refuerzos de contratos de limpieza y desinfecciones extraordinarias. Así en Almería se han destinado 90.830,23 euros; en Cádiz, 90.153,89 euros; 56.693,22 euros en Córdoba; 217.963,18 euros en el caso de Granada; en Huelva, 140.973,15 euros; Jáen, 146.731,75 euros; en Málaga han sido hasta ahora 359.530,40 euros; y 403.575,64 euros, en el caso de Sevilla.

Certificados Covid-19 de AENOR para dos CIMI

Por otro lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha recibido hoy los dos primeros Certificados Protocolos Covid-19 de AENOR que reconocen la efectividad de las medidas de protección y seguridad adoptadas en los centros de menores infractores Los Molinos de Almería y Sierra Morena de Córdoba, ambos gestionados por la entidad Meridianos, y que los acredita como espacios seguros.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, ha sido en encargado de recoger ambos reconocimientos junto con el director de desarrollo de Meridianos, José Joya, de la mano del director regional en Andalucía de AENOR, Antonio Pérez Carreño. Ontiveros ha destacado que "se trata de los dos primeros centros de menores infractores de Andalucía en recibir este certificado que los acredita como espacios seguros".

Este distintivo supone un aval externo sobre la efectividad de las medidas que aplica la entidad y de forma paralela, respalda que estas iniciativas cumplen con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, y otras administraciones, en materia de prevención e higiene sobre el Covid-19. Para la obtención de esta certificación ambos centros han tenido que superar una exhaustiva auditoría, tanto presencial como documental, cuyo objetivo ha sido contrastar los protocolos que aplica la entidad, con la metodología desarrollada por AENOR, gracias a su profundo conocimiento de las buenas prácticas en el campo de la salud y seguridad laboral.