El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que sentará las bases del sistema integral de atención a la infancia desde un enfoque de la promoción de derechos y la prevención. Para ello, se tendrá en cuenta especialmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, con discapacidad, con problemas de salud mental, víctimas de acoso escolar o de violencia sexual y del colectivo LGTBI.

El objetivo de este proyecto, que elaborará la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es la garantía efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes para que reciban el apoyo y la protección necesarias en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, así como promover su intervención en la vida pública y en cualquier estructura de participación.

Tras la implementación con anterioridad del I y II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, la Consejería de Igualdad ha culminado este último con un proceso de evaluación de resultados a través de la recogida de información entre los colectivos implicados. De esta forma, de acuerdo con el análisis de la situación de partida y el diagnóstico de los problemas, retos y necesidades en los ámbitos de la evaluación del Plan, se elaborará una propuesta inicial que se trasladará a todas las consejerías del Gobierno andaluz y a todos los agentes implicados para su análisis y aportación de propuestas. Se trata de un proceso de participación y una estrategia de comunicación dirigida a la implicación de la ciudadanía y los sectores afectados.

El III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía contará, además, con la determinación de los objetivos estratégicos y específicos, una programación que establezca las medidas a ejecutar y que incluya un presupuesto, un sistema de gestión que determine las responsabilidades, el seguimiento y la evaluación con indicadores, otra evaluación previa que permita optimizar su eficacia y un informe de evaluabilidad emitido por el Instituto Andaluz de Administración Pública que acredite los atributos básicos de la rendición de cuentas.

El artículo 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por otra parte, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, establece que la Administración de la Junta de Andalucía es competente para la planificación, coordinación y control de los servicios, actuaciones y recursos relativos a la protección de los menores en la comunidad autónoma. Asimismo, dispone que se promoverán planes integrales dirigidos a la promoción de la infancia y la prevención de las situaciones de riesgo.

En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene atribuidas las competencias en materia de desamparo, tutela, acogimiento, adopción y cualquier otra forma de protección de la infancia; el diseño, realización y coordinación de las políticas preventivas para evitar la exclusión y la pobreza infantil; la ordenación, gestión y coordinación de los recursos destinados a la infancia, y el diseño, realización y evaluación de los programas específicos en materia de infancia.

Nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía

La norma, que continúa su trámite parlamentario, mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, e incluye la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos, una medida pionera y demandada por las entidades del sector.

En su redacción, ha colaborado una veintena de entidades y organismos junto a profesionales de los equipos de tratamiento familiar, de los servicios de protección y prevención con más de 400 alegaciones.

La norma recoge las nuevas necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume los nuevos escenarios legislativos y tratados internacionales suscritos por España en materia de atención a la infancia. Asimismo, incorpora medidas transversales, como la atención temprana infantil de calidad a los menores de 0 a 6 años, la promoción de entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos o la gratuidad y extensión de las plazas de 0 a 3 años para menores en riesgo de exclusión social, así como la implementación de programas de orientación e intervención familiar, acciones contra el maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género o la discriminación en el ámbito educativo.

Entre las novedades del texto legal, destaca la creación de un nuevo órgano de participación, el Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes, o la promoción de la alfabetización digital y mediática, dotándolos de herramientas para realizar un uso responsable de las tecnologías y de sus contenidos y protegerlos ante posibles riesgos y adicciones en este sentido.

Asimismo, se fortalece el reconocimiento a las familias como institución fundamental para el desarrollo de la persona. La apuesta pasa por fomentar el acogimiento familiar, mientras que el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar y nunca para menores de trece años. La misma edad mínima que se fija para determinar la entrada en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.