El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado la publicación en el BOJA de la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, aprobada por el Parlamento el pasado 9 de junio sin ningún voto en contra. Con esto se abre el plazo de tres meses para nombrar a la persona que dirigirá la Oficina contra el fraude adscrita al Parlamento, que deberá ser elegida antes del 1 de octubre. Marín ha instado a los grupos parlamentarios a "impulsar" la puesta en marcha de este instrumento que supone "un gran paso ante los ciudadanos a la hora de legitimar a las instituciones".

La Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante contempla la creación de esta Oficina, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Ejecutivo y dirigida por una persona, de reconocido prestigio y experiencia en la materia, que elegirá la Cámara por mayoría cualificada. Su mandato será de cinco años improrrogable y deberá rendir cuentas al Parlamento anualmente.

Para el vicepresidente, la adscripción de la Oficina al Parlamento, así como el hecho de que sean los grupos quienes elijan a la persona encargada de dirigirla, es clave para garantizar su independencia del Ejecutivo "porque precisamente se trata de que el Parlamento fiscalice al Gobierno, ya que no tendría sentido que el Gobierno se fiscalizara a sí mismo".

Por ello, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local está tramitando el traspaso a la Cámara de los más de 200.000 euros incluidos en su presupuesto para la puesta en marcha de la Oficina contra el fraude, previsto en las cuentas de 2021 con cargo a esta Consejería "para que el Parlamento pueda hacer su trabajo y en el momento en el que se incorpore el equipo que dirija la Oficina cuente con recursos".

Marín ha pedido a los grupos parlamentarios que "apuesten por esta Oficina" y ha destacado que "los ciudadanos tienen que conocerla, porque cualquiera puede denunciar una posible utilización de fondos públicos para situaciones que no sean procedentes", ha subrayado durante su comparecencia en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

La Oficina contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante es un instrumento de prevención, investigación y control, no sólo de la Junta y sus entes instrumentales sino también de los ayuntamientos, las universidades públicas y órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo andaluz, además de poder inspeccionar a empresas adjudicatarias de contratos públicos o perceptoras de subvenciones.

Ofrecerá un canal de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico, y dará la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto de trabajo a otro del mismo nivel y condiciones laborales.

Las coacciones a los denunciantes y al personal de la Oficina, que estará integrada por funcionarios de carrera, así como la obstrucción a su labor investigadora, será sancionada con multas de entre 300 y 100.000 euros. Ante indicios de delito, la Oficina contra el fraude lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía o los órganos judiciales correspondientes.