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El Consejo de Gobierno conoce la nueva orden que regula el pago de las guardias a los abogados

La norma incluye mejoras en las retribuciones y reconoce turnos especializados como Violencia de Género, Menores y Extranjería

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la nueva orden del 31 de mayo de 2022, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de guardia por los profesionales de la abogacía, elaborada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Una nueva norma que supone la racionalización y mejora de las cuantías percibidas, así como el reconocimiento de diversos turnos especializados.

El objeto de esta orden es actualizar, racionalizar y determinar los módulos y bases de compensación económica por los servicios de guardia, con un incremento mínimo de las cuantías de un 20%, que puede alcanzar hasta un 60% en determinados casos y en función del número de guardias.

Asimismo, el nuevo texto distingue los turnos especializados en materia de Violencia de Género, Menores y Extranjería del módulo de guardia general, establece nuevas modalidades para el turno de Violencia de Género con objeto de facilitar su ordenación en función del volumen de asistencias diarias y número de Juzgados especializados exclusivos en el ámbito territorial de cada colegio profesional, potencia y favorece las guardias asistenciales en los turnos especializados, mantiene la posibilidad de compensar la situación de disponibilidad en aquellos casos en que resulta necesario, y, por último, actualiza y determina la cuantía de los módulos y sus modalidades.

En definitiva, esta norma viene a establecer una nueva regulación con vocación de permanencia de los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita, prestados en el turno de guardia por los profesionales de la abogacía, que implica la superación del anterior sistema de determinación anual.

La aprobación de esta orden ha sido el resultado del consenso alcanzado con los colegios profesionales de la abogacía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, los cuales han participado en el procedimiento de elaboración de forma activa y a través de la comisión mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.