El Proyecto de ley de Función Pública ha superado el debate a la totalidad en el Pleno del Parlamento de Andalucía sin que ningún grupo haya presentado enmiendas. Continúa así el trámite parlamentario con su remisión a la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, en la que los diputados debatirán sus propuestas y escucharán las aportaciones de los agentes socioeconómicos. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha instado a ser "valientes, ambiciosos y responsables" para sacar adelante una norma que situará a la Administración andaluza a la "vanguardia" y que "debe proteger a los funcionarios, agilizar los procesos administrativos, modernizar la gestión pública pero, sobre todo, garantizar la mejor atención a la ciudadanía".

El consejero ha destacado que el texto sustituirá a la actual norma que tiene 37 años y cumple con el mandato del Estatuto Básico del Empleado Público que desde 2015 instaba a las comunidades autónomas a aprobar leyes reguladoras de la Función Pública. Un reto que asumió el Gobierno de Juanma Moreno en 2019 y en concreto la Consejería de Presidencia en la anterior legislatura, a cuyo equipo ha agradecido Nieto el trabajo realizado y el consenso alcanzado con la mayoría de los sindicatos más representativos entre los empleados públicos.

"El diálogo es uno de los rasgos que caracterizan a esta ley", ha defendido, un diálogo que el consejero ha subrayado que sigue abierto "hasta el último momento de su tramitación".

Nieto ha puesto en valor que la Ley de Función Pública es una norma muy trabajada y ambiciosa destinada a ser "un instrumento para transformar y modernizar" la Administración Pública para que sirva a los intereses generales, ponga el foco en las necesidades de la ciudadanía y garantice sus derechos, vertebrando la sociedad desde "el pleno respeto a los derechos de los trabajadores públicos".

A su juicio, es preciso "evolucionar hacia una Administración más flexible y moderna, que actúe por proyectos y en red, en colaboración con otros órganos públicos y con la sociedad civil y los operadores económicos", ya que los problemas y políticas actuales no se pueden abordar con una estructura "rígida, de carácter departamental y altamente jerarquizada", propia del siglo pasado. Cuando esté aprobada, "Andalucía tendrá una ley del siglo XXI para una Función Pública del siglo XXI".

Sus objetivos fundamentales son: garantizar la seguridad jurídica -actualizando la regulación e integrando en una sola ley todas las normas de su régimen jurídico-; crear un ecosistema laboral para atraer, desarrollar y retener el talento humano; eliminar rigideces burocráticas que retrasan los procedimientos de provisión y movilidad del personal; fomentar la formación continua de los empleados públicos; la transparencia como garantía al ciudadano para que pueda controlar el trabajo que paga con sus impuestos; y flexibilizar y agilizar la prestación del servicio público haciendo posible la conciliación y aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización.

El Proyecto de Ley se estructura en 177 artículos, distribuidos en 13 títulos, 17 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.

Entre las principales novedades, Nieto ha destacado, durante su intervención en el Pleno del Parlamento, la simplificación de la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) -que pasarán a ser competencia del titular de Función Pública en vez del Consejo de Gobierno-; el detalle de las funciones que corresponden a los distintos empleados públicos así como las potestades exclusivas de los funcionarios; la regulación de los nombramientos del personal directivo -con un régimen jurídico y retributivo vinculado a la evaluación por objetivos y una Comisión Independiente para la selección por convocatoria pública-; así como la regulación de la formación y el desarrollo profesional y un código ético y de conducta.

Regulación del teletrabajo

El consejero también se ha referido a la regulación en esta norma del teletrabajo y el trabajo en remoto garantizando el cumplimiento de objetivos, la protección de los datos que se manejen y la necesaria desconexión digital para "evitar abusos por ambas partes".

"Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y aprovechar las oportunidades que van surgiendo, facilitando la conciliación de la vida personal y laboral desde la corresponsabilidad pero siempre desde la voluntariedad del trabajador, de la acreditación de las capacidades necesarias y garantizando la calidad del servicio", ha defendido.

El consejero de Justicia, Administración y Función Pública, detalló desde la tribuna del Salón de Plenos del Parlamento, detalló a los diputados andaluces la nueva norma.

Para atraer y retener el talento, la ley incluye una de las demandas históricas del sector público: la carrera profesional. Se trata de que los funcionarios, tanto de carrera como interinos, tengan oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, gracias a la percepción de un complemento por este nuevo concepto con un sistema de tramos según los resultados.

Para conocer esos resultados "se hará por un método objetivo que es la evaluación del desempeño" que persigue incentivar y premiar el buen trabajo. Una evaluación basada en la transparencia, objetividad, fiabilidad e imparcialidad, y que premiará conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación.

Nieto ha subrayado que la Junta quiere "la mejor Administración Pública al servicio de los andaluces y por ello vamos a incentivar a nuestro personal, reconociendo el esfuerzo de su trabajo a favor de nuestra tierra" mediante nuevos complementos de carrera profesional, nivel competencial, puesto y desempeño.

En cuanto a las pruebas de acceso al empleo público, la nueva norma pretende adecuarlas a las funciones a desarrollar en cada puesto y agilizar los procedimientos con una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución. "Ni tiene sentido convocatorias genéricas para puestos específicos ni tiene sentido pruebas basadas en la memoria", ha señalado.

La norma prevé también crear una Comisión de Coordinación del Empleo Público en Andalucía, que actuará como órgano técnico de consulta y asesoramiento para coordinar las políticas de empleo de todas las administraciones públicas de la comunidad, y un Órgano Administrativo de Resolución de Conflictos en materia de personal, para unificar criterios en las resoluciones y reducir la judicialización.

Por último, se recoge "por primera vez" en una norma autonómica el Régimen Disciplinario de la Función Pública, "dando un salto en seguridad jurídica puesto que le da un rango de ley".

Administraciones locales y universidades públicas

La ley será de aplicación no solo a los empleados públicos de la Junta sino también de otras administraciones públicas andaluzas como las entidades locales o las universidades, siempre con respeto a sus normativas propias y específicas.

Para el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, con este texto "una vez más Andalucía se pone en la vanguardia" para contar "con una Administración moderna que aprovecha las oportunidades de las nuevas tecnologías para ofrecer los mejores servicios públicos". Ha recordado que "en la Administración Pública se sustenta los derechos de los ciudadanos y tenemos que ser garantes de éstos".

Nieto ha concluido su intervención agradeciendo "la valentía de un equipo ejemplar" que redactó el borrador en la anterior legislatura y "el esfuerzo y el consenso alcanzado con los sindicatos" que confía en ampliar. Para ello, ha instado a los parlamentarios andaluces a aprovechar la oportunidad de su tramitación para "enriquecerla" y "ensanchar" el consenso con el que llegue.