El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido en el Pleno del Parlamento que el Decreto Ley 12/2022 que regulará los procesos selectivos extraordinarios para la estabilización de plazas en la Junta es "una oportunidad" para dar "el salto de calidad" en el empleo público en Andalucía, ya que "viene a resolver un problema histórico generado por años de malas prácticas en el uso de la temporalidad" en la Administración. Por ello, ha apostado por aprender de lo ocurrido y "poner dique" a esas prácticas para que "no vuelvan a producirse en el futuro".

Nieto ha pedido a los grupos parlamentarios la convalidación del decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, que dará "seguridad jurídica" a los procesos selectivos que hay que convocar antes del 31 de diciembre, y resolver antes del 31 de diciembre de 2024, para estabilizar plazas estructurales que llevan más de tres años ocupadas de manera temporal, como exige la ley estatal 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Una ley que, a su juicio, "llega tarde y es manifiestamente mejorable", si bien "por fin nos permite trabajar con el soporte de una norma básica a nivel nacional" que da cobertura a todas las comunidades.

No obstante, ha recordado que el Gobierno andaluz lleva trabajando desde 2019 para reducir la temporalidad en la Administración Pública ya que "era consciente del problema existente". Prueba de ello es que, en los últimos cuatro años, a través de las Ofertas de Empleo Público (OEP) ordinarias y extraordinarias, se han estabilizado más de 61.000 plazas. "Andalucía es probablemente la comunidad que con más sensibilidad viene trabajando en esta materia", ha defendido.

El nuevo decreto ley ofrece "una interpretación jurídica uniforme y coherente" a los procesos selectivos pendientes para estabilizar 23.950 plazas con los que, "en diciembre de 2024, lograremos que Andalucía cumpla el objetivo de estar por debajo del 8% de tasa de temporalidad en la Administración Pública". "Tenemos una gran oportunidad de generar una motivación entre los funcionarios, ofreciéndoles seguridad y que eso aporte calidad al servicio público", ha añadido.

Al alterar el régimen ordinario de los procedimientos de acceso al empleo público -siempre en el marco del respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, Nieto ha dejado claro que es una norma con una validez limitada en el tiempo que quedará extinguida una vez resueltos los procesos selectivos a los que afecta, es decir, el 31 de diciembre de 2024.

Así, establece en los casos que el concurso-oposición sea el sistema de acceso, el peso del examen y los méritos en cada caso en la nota final, al tiempo que adopta medidas para agilizar la resolución de los procesos selectivos "ya que los plazos que marca la ley son particularmente cortos". Para ello, se acortan los tiempos de algunos trámites y se establece la vía telemática para la presentación de toda la documentación exigida.

Procesos más cortos

"El reto es total", ha subrayado, ya que en apenas dos años se tienen que convocar, celebrar y resolver procesos selectivos que normalmente tienen plazos medios de resolución más largos. De ahí la necesidad de recurrir a la vía de urgencia del decreto ley para contar con una norma que dé "garantías absolutas a quienes participen", al determinar "cuáles son los sistemas selectivos, los procedimientos singulares previstos y los plazos extraordinarios que tenemos que aplicar".

De hecho, el texto fija medidas para agilizar la resolución de los procesos selectivos de estabilización, tal y como exige la norma estatal.

Igualmente, el decreto ley establece con carácter excepcional y por una sola vez la convocatoria de concurso de méritos para estabilizar aquellas plazas ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016.

Asimismo, estos criterios inspirarán las propuestas que las entidades instrumentales sometan a la negociación colectiva a la hora de convocar los procesos selectivos de estabilización en cada una de ellas.

Colectivo prioritario

Tal y como prevé la Ley estatal, el decreto regula la creación de bolsas de trabajo específicas derivadas de los procesos selectivos de estabilización con aquellas personas que se hayan presentado a los mismos y no lo hayan superado pero sí hayan obtenido la puntuación que se considere suficiente en cada convocatoria. Estas bolsas tendrán preferencia respecto a las ordinarias vigentes para ocupar interinidades, si bien estarán operativas solo hasta que se convoque una nueva oferta de empleo público ordinaria del cuerpo, especialidad, opción o subopción correspondiente y se constituya la bolsa derivada de la misma.

La Junta de Andalucía es consciente de que la resolución de estos procesos selectivos y la consiguiente incorporación de nuevos funcionarios de carrera implicará el cese de interinos con amplia experiencia profesional que es necesario aprovechar en aras de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Por ello, el decreto ley establece, con carácter temporal, un colectivo prioritario para el nombramiento de interinos en la Administración General mientras se resuelven definitivamente los procesos de estabilización y se crean las bolsas específicas correspondientes.

Así, hasta el 31 de diciembre de 2024, tendrán preferencia aquellas personas con más de 15 años de experiencia que hayan cesado con posterioridad al 1 de enero de 2022 siempre que hayan participado en los procesos selectivos de estabilización convocados para el cuerpo y especialidad en el que desempeñaron su última labor en la Junta.