La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía que el gabinete jurídico de la Junta interpondrá este viernes, 24 de febrero, ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el llamado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, un "impuesto contra Andalucía", en palabras de la consejera.

El recurso, anunciado por el Gobierno andaluz desde la entrada en vigor del nuevo tributo estatal creado en respuesta a la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, se presentará con más de un mes de margen con respecto a la conclusión del plazo de tres meses de que disponía el Gobierno andaluz para formularlo, desde su publicación en el BOE.

La consejera Carolina España, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre las razones que han llevado al Gobierno andaluz a plantear el recurso de inconstitucionalidad, ha señalado que "su presentación era obligada, una vez que los servicios jurídicos y técnicos de la Junta y del Consejo Consultivo han considerado que el nuevo impuesto lesiona preceptos constitucionales". En este sentido, ha enfatizado que "no presentarlo sería hacer dejación de funciones del cargo que los miembros del Gobierno andaluz asumimos bajo el juramento de defender la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

Carolina España se ha referido al "mal llamado Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas", que ha definido como "un impuesto contra Andalucía, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado de la nada para boicotear las decisiones adoptadas por este Gobierno, en el legítimo y a la vez responsable ejercicio de nuestras competencias".

Carolina España ha rechazado las acusaciones de la oposición de perseguir con la presentación del recurso un beneficio "para los ricos", y ha recordado que "el recurso defiende la autonomía financiera de Andalucía, el autogobierno que ganamos tras el referéndum el 28-F. El Gobierno andaluz trabaja para mejorar la situación de todos los andaluces, no de unos pocos, y por crear condiciones que favorezcan la generación de riqueza y la creación de empleo".

En este sentido, ha defendido la decisión del Gobierno andaluz de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, un impuesto que frena la inversión, y que ya suprimió el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para toda España, al que citó: "Entonces, Zapatero decía que con la supresión del Impuesto de Patrimonio se garantizaba la igualdad de los españoles. Y que era un tributo que recaía sobre las clases medias, no sobre las más altas, que encuentran fáciles mecanismos de elusión".

También citó al ex ministro socialista Miguel Sebastián, para quien "es horrible que el Partido Socialista defienda el Impuesto sobre el Patrimonio. Habría que quitarlo definitivamente, de una vez por todas. Es penoso que volvamos en España al debate entre ricos y pobres y a mezclar la eventual supresión de este impuesto con la viabilidad del Estado del Bienestar".

"La oposición no puede faltar a la verdad. No puede acusarnos, como ha hecho, de hacer un regalo fiscal de 900 millones euros a los ricos. Simple y llanamente, porque es mentira. Salvo que la oposición considere que deflactar los mínimos personales y familiares exentos de tributación y los primeros tramos del IRPF, o las deducciones por adquisición de vivienda de hasta 150.000 euros, o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, etc. sea algo que beneficie sólo a los ricos", ha señalado Carolina España.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha insistido en que el Gobierno andaluz está defendiendo el "derecho de todos los andaluces a autogestionarse, a desarrollar libremente las competencias legítimamente asumidas, que están consagradas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

"No vamos a permitir que le corten las alas a Andalucía", ha señalado España. "Hoy han sido las competencias tributarias. Pero mañana el Gobierno puede querer intervenir la sanidad o la educación, que también son competencias cedidas por el Estado a las comunidades autónomas. ¿Ustedes entenderían que nos quedáramos de brazos cruzados?", ha concluido la consejera.