Una veintena de médicos forenses y tramitadores judiciales se incorporarán este 1 de agosto a las unidades de valoración integral de Violencia de Género (UVIVG), dentro de un plan de refuerzo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que también incluye el mantenimiento de 48 interinos en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. El objetivo es incrementar la calidad de la atención que reciben las víctimas cuando acuden a la Administración de Justicia.

De esta forma, desde el 1 de agosto se incorporará un médico forense más a cada una de las UVIVG de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén mientras que las unidades de Cádiz, Málaga y Sevilla contarán con dos profesionales de refuerzo. Además, las plantillas de estas unidades, que pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), se reforzarán con ocho funcionarios del cuerpo de tramitadores procesales: dos en Cádiz y uno para cada una de las demás provincias excepto Málaga.

Para este plan de refuerzo en los IMLCF, la Consejería de Justicia ha destinado un presupuesto de más de un millón de euros anuales (1.016.180 euros), que será financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las actuales UVIVG, además de atender a las víctimas de violencia de género, tendrán que asistir a las víctimas de violencia sexual contra las mujeres, medida derivada de la reciente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por tanto, esta nueva obligación va a multiplicar el trabajo de estas unidades y, por ello, la Consejería de Justicia, dirigida por José Antonio Nieto, ha decidido reforzarlas con más personal, destinando a este cometido parte de los fondos del Pacto de Estado.

Asimismo, todo el personal interino de refuerzo que actualmente presta servicio en juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer pasará a ser financiado con cargo al Pacto de Estado (en concreto 1,2 millones), ya que hasta ahora, a la espera de que llegaran estos fondos, se mantenían con presupuesto propio de la Consejería.

En concreto, se trata de 48 puestos de tramitadores que ya trabajan en la Audiencia Provincial de Almería, la Fiscalía y los juzgados de Huércal-Overa, Berja y Roquetas del Mar; los de Barbate, Algeciras y Chiclana de la Frontera en la provincia de Cádiz; en órganos especializados de Montoro, Aguilar de la Frontera, Peñarroya-Pueblonuevo, Cabra Posadas y Córdoba capital; en la Audiencia Provincial de Granada y juzgados de Motril, Almuñécar, Guadix, Huéscar, Baza, Santa Fe y Loja; en Hueva capital, Valverde del Camino, Ayamonte y Moguer; en juzgados de Linares y Alcalá la Real (Jaén); en Fuengirola, Marbella y Torremolinos (Málaga); y en Sanlúcar la Mayor, Estepa, Lora del Río y Lebrija (Sevilla).

Ambas medidas, serán evaluadas trimestralmente para analizar y determinar la necesidad y resultados de estos refuerzos, de tal forma que se pueda acordar su posible redistribución en otros juzgados y servicios en aras de la mayor eficacia y eficiencia en el servicio prestado.

La Consejería de Justicia contará con casi 6,6 millones de euros del Pacto de Estado para diversas actuaciones tanto de refuerzo de personal en órganos judiciales, como para la asistencia de abogados y procuradores de las víctimas en el sistema de Justicia Gratuita. Igualmente, se adecuarán espacios seguros en los edificios judiciales. Así, con cargo a estos fondos la Consejería habilitará salas de espera separadas que garanticen que cuando las mujeres acudan a los tribunales no se encuentren con su agresor y salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que les eviten tener que declarar varias veces y revivir unos hechos dolorosos.